Guayaquil, la ciudad ecuatoriana donde cunde el terror del crimen organizado

La promesa de mano dura del Gobierno ecuatoriano y de ganar la guerra que declaró contra el crimen organizado hace dos años, después de tres masacres carcelarias que cobraron la vida de 200 presos, cambió con el reciente anuncio del presidente Guillermo Lasso de autorizar la tenencia y porte de armas a civiles para defensa personal, llamando al combate a todos. “Tenemos un enemigo común, la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”, dijo el mandatario en un mensaje a la nación el 1 de abril y que ha desatado toda clase de críticas.

“Esto es parte de la mirada militarista de la seguridad que ha venido implementando el presidente”, señala el analista Luis Carlos Córdova y que, en su opinión, “ahora traslada la responsabilidad a la sociedad civil”. La decisión del presidente llega cuando el país enfrenta la peor crisis de inseguridad de su historia. En el 2022 los homicidios intencionales alcanzaron una cifra récord de 4.603, eso significó un 83% más que en el 2021 y ubicó al país como uno de los más violentos de América con una tasa de 25 crímenes cada 100.000 habitantes.

El foco de esa violencia se concentra en Guayaquil, la ciudad costera más importante, que además, mueve gran parte de la economía por tener cinco de los ocho puertos del país y que históricamente han atraído una importante migración interna que busca oportunidades de una mejor vida. Pero las políticas públicas de la ciudad no han sabido responder al crecimiento de la población, y lo que ha hecho es excluir a los barrios de las obras públicas, y “se han convertido en un búnker para los grupos delincuenciales”, dice Aquiles Álvarez, alcalde electo de Guayaquil.

Por lo menos unas diez bandas criminales disputan a sangre y fuego el poder de territorios, a través de extorsiones, secuestros, robos, asesinatos perpetrados por sicarios y atentados terroristas. Pintan su insignia en las paredes para sembrar terror en la población que ha cambiado su dinámica de vida. “Ahora pasamos [el tiempo] encerrados en las casas”, dice Virginia Cedeño, una madre de cuatro hijos que vive en el barrio Isla Trinitaria, un sector deprimido del sur de la ciudad, donde la mayoría de sus habitantes viven del trabajo informal, ante la falta de oportunidades.

El sector se formó por invasiones, a los que con los años el Municipio llevó los servicios básicos como agua, electricidad y alcantarillado. En el mejor de los casos, las calles tienen asfalto. La falta de planificación hace de estos lugares una masa de concreto, sin vegetación, ni parques, que crecieron desde las orillas de los esteros, los brazos de mar que llevan a los puertos. Jamás imaginaron que su ubicación se convertiría en un factor estratégico para los delincuentes que se dedican a traficar con droga utilizando los contenedores de carga.

El miércoles por la noche, 25 jóvenes armados en motocicletas fueron con pintura a marcar las paredes de las casas de la Isla Trinitaria. “LK, CZ”, escribieron en los muros de varias cuadras. “Significa Latin Kings, y las otras letras deben ser del nombre del sujeto que ganó la guerra. Ahora el barrio le pertenece”, dice Virginia, quien describe que la pugna ha desangrado al barrio, también arrebató la vida de su esposo, quien fue asesinado hace ocho meses a pocos metros de la casa.

Casi se han normalizado las balaceras que se producen constantemente en el sector, por lo que las armas han dejado de ser algo extraño. “Yo usaría un arma si es que la vida de mis hijos estuviera en peligro”, añade la madre, que ha visto cadáveres en el portal de su casa, y ha sufrido las consecuencias de explosiones de bombas que lanzan los criminales sin distinguir. Aunque reflexiona sobre las consecuencias legales: “El problema es que los delincuentes son protegidos por la justicia en este país”.

Hay razones suficientes para los temores de Virginia, cuando tanto el Gobierno como el sistema judicial permitieron la libertad del principal cabecilla de una de las bandas más peligrosas de Ecuador. A través de un informe favorable de la dirección de la prisión y de una medida cautelar concedida por un juez, alias JR, sentenciado por siete asesinatos, se fue a su casa con un grillete electrónico. Publicaba en redes sociales las fiestas en burdeles y las armas que usaba su equipo de seguridad. Después, intentaron asesinarlo, se quitó el dispositivo y se esfumó. Ahora es de nuevo prófugo de la justicia.

Por ahora, Virginia no tiene las posibilidades económicas para acceder a un arma, ni a las municiones, ni al curso de entrenamiento que demanda el permiso para tenerla legalmente. El Ministerio de Defensa es el que debe entregar los certificados de destreza en armas, el Ministerio de Salud tiene a cargo las pruebas psicológicas y se deberá implementar un sistema de registro que estará bajo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Pero existen dudas de que los certificados que se emitan para tener armas se obtengan de forma regular, dada la corrupción reconocida en las instituciones. Incluso el Gobierno de Estados Unidos retiró la visa a varios generales por presuntos vínculos con el narcotráfico. En noviembre pasado, en la bodega policial del cuartel Modelo, en Guayaquil, descubrieron que faltaban 150 armas, que algunas se han encontrado en escenas de crímenes. Otro hecho trascendental ocurrió en 2018, cuando se allanaron las oficinas de la Comandancia del Ejército en Quito para desarticular una red que traficaba armas del Ejército y las vendía a alias Guacho, cabecilla de las disidencias colombianas conocidas como Frente Oliver Sinisterra. “Si es que esas condiciones existen en el país, pretender que con más armas importadas no va a crecer el tráfico de armas interno es una ingenuidad”, explica Córdova.

El Ministerio de Salud también ha estado envuelto en escándalos por emitir de forma irregular 2.300 carnés de discapacidad en el año 2020, entre ellos, a políticos, académicos e incluso asambleístas, que aprovecharon los beneficios de reducción de impuestos que se les otorga a los portadores de este documento.

El anuncio de Lasso estuvo acompañado de la declaratoria de un estado de excepción -el décimo en materia de seguridad desde que asumió el cargo-, con toque de queda, para restringir la circulación de personas y militarizar las zonas donde los crímenes violentos aumentan sin lograr contenerlos con la fuerza pública, que no cuenta con implementos básicos como chalecos antibalas, cascos, armas. En algunas ciudades los gobiernos locales proveen del combustible para los patrulleros.

El Gobierno ha prometido en varias ocasiones la compra de herramientas para reforzar a la Policía, modernizar e implementar tecnología, pero “los procesos de compra son burocráticos, y debo respetar la ley”, ha manifestado Lasso. El presidente cumplirá dos años en el poder el próximo 24 de mayo y los insumos llegan a cuentagotas.

La hipótesis del Gobierno es que la crisis de inseguridad tiene su origen en el crecimiento del narcotráfico en el país y el debilitamiento de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas durante los gobiernos anteriores. Para Daniel Pontón, investigador de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN, este problema se remonta hace 20 años con el Plan Colombia. “La estrategia del país era barrer el conflicto hacia la frontera, ese desplazamiento interno generó migraciones forzadas hacia Ecuador que tenían relación con actividades criminales”, añade.

Así fue como la primera provincia en ser cooptada por el narcotráfico fue Esmeraldas, que limita con los departamentos de Nariño y Putumayo, Colombia, donde se produce el 42% de la cocaína que se exporta a los mercados europeos y norteamericanos, según el informe de la Oficina contra las Drogas de Naciones Unidas (Unodc). En Esmeraldas las actividades comerciales y sociales se cierran antes de caer la noche, es considerada una “zona silenciada”, donde los periodistas deben estar con chaleco antibalas, casco y custodia policial o militar para documentar lo que ocurre ahí.

Los escenarios se reconfiguraron con la desintegración de los grandes cárteles colombianos y la entrada de los mexicanos al proceso de distribución de drogas. Así Ecuador pasó de ser un país de tránsito a uno de acopio y distribución. Existen evidencias que detrás de las 11 masacres carcelarias, donde han asesinado cruelmente a 420 presos, y los asesinatos en las calles están los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y la mafia albanesa que se encarga sobre todo del envío de droga a Europa.

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