La justicia belga concede la libertad vigilada a la exvicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili, implicada en el ‘Qatargate’

Tras cuatro meses en prisión preventiva, la eurodiputada griega Eva Kaili podrá esperar bajo libertad vigilada el comienzo del juicio por del Qatargate, el escándalo de presuntos sobornos a altos miembros del Parlamento Europeo por parte de países como Qatar o Marruecos que ha sacudido profundamente las instituciones europeas. La exvicepresidenta socialista de la Eurocámara era la última de los detenidos en Bruselas que permanecía todavía tras las rejas, y la de mayor perfil, después de que el juez de instrucción a cargo del caso aceptara, en los pasados días, la liberación del presunto cabecilla de la trama, el exdiputado italiano Pier Antonio Panzeri, y del eurodiputado belga Marc Tarabella.

Otro sospechoso, el también socialista italiano Andrea Cozzolino, permanece bajo arresto domiciliario en Nápoles, después de que la justicia italiana retrasara esta semana una vez más la decisión de deportarlo a Bélgica. El Parlamento Europeo había aprobado el levantamiento de la inmunidad de Tarabella y Cozzolino a comienzos de febrero, lo que desencadenó días después las acciones judiciales contra los dos eurodiputados, que hasta hoy niegan su implicación en la trama.

“El juez ha decidido poner a la señora Kaili bajo vigilancia electrónica”, ha confirmado por correo electrónico el abogado belga de la griega, Sven Mary, a EL PAÍS. La decisión ha sido tomada horas antes de la vista prevista para este jueves en la que su defensa iba a reclamar, una vez más, su puesta en libertad.

No está claro no obstante cuándo se hará efectiva la orden. Aun así, su defensa ha celebrado una decisión que llevaba meses exigiendo en parte por motivos humanitarios, dado que Kaili es madre de una niña de dos años a la que apenas ha podido ver en todo este tiempo. “Eva Kaili sale de prisión con la cabeza alta y con dignidad, no ha confesado los crímenes que no ha cometido, luchará por su inocencia hasta el final”, ha declarado su abogado griego, Michalis Dimitrakopoulos.

La justicia belga había rechazado reiteradamente permitirle algún tipo de arresto domiciliario o libertad vigilada desde su detención el 9 de diciembre, en el marco de un espectacular operativo policial en Bruselas que acabó con media docena de arrestados y la incautación de más de 1,5 millones de euros en maletas y cajas en domicilios de algunos altos responsables europeos, entre ellos Kaili.

La griega, quien tras su detención fue rápidamente destituida como una de las 14 vicepresidentes del Parlamento Europeo, y también expulsada del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) —donde militaban los principales inculpados— y del partido griego Pasok, siempre ha clamado su inocencia, pese a que en la operación inicial su padre fue detenido con una maleta llena de dinero. Su pareja y exasistente parlamentario Francesco Giorgi también fue arrestado en el operativo, aunque la justicia belga aceptó su liberación vigilada en febrero, después de que confesara su implicación en la trama de pagos a cambio de intentar influir en decisiones europeas relativas a intereses de los países señalados como fuentes de los sobornos, aunque tanto Qatar como Marruecos han negado cualquier responsabilidad.

La decisión de conceder la libertad vigilada ahora a Kaili era algo esperado, en vista de que la justicia ya había dado este paso en los pasados días tanto para Panzeri como para Tarabella. El exeurodiputado italiano, fundador de la ONG Fight Impunity que presuntamente usaba como tapadera para sus sobornos, aceptó en enero un acuerdo “de arrepentimiento” por el que reconocía su culpabilidad y se comprometía a revelar toda la trama a cambio de una pena menor y, presuntamente, un trato preferencial para su familia. Poco después, su esposa e hija, que estaban detenidas en Italia acusadas de estar involucradas en la trama de sobornos, fueron puestas en libertad. Por el contrario, Tarabella, que no fue detenido hasta febrero, siempre ha negado cualquier cargo y su defensa acusa a Panzeri de haberlo inculpado para descargarse él de responsabilidades y satisfacer a los investigadores belgas. Después de que se conociera que también él será puesto en libertad vigilada en las próximas horas o días, un portavoz del socialista belga manifestó la “disposición” de Tarabella a seguir colaborando en las investigaciones, aunque recordó que “siempre ha negado haber recibido dinero o regalo alguno a cambio de sus opiniones”.

Todos los ahora liberados deberán, no obstante, presentarse ante el tribunal cuando se abra el juicio, en una fecha aún no anunciada. También deberá comparecer el sindicalista italiano Luca Visentini, cuya presunta implicación en la trama, que también niega, le costó en marzo su puesto al frente de la Confederación Sindical Internacional (CSI).

Hacia una mayor “integridad” de la Eurocámara

El propio Parlamento Europeo tiene también tareas pendientes. Tras el shock que provocó la oleada de arrestos en diciembre, tanto los eurodiputados como la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, se comprometieron a implementar rápidamente medidas de transparencia e “integridad” que impidieran un nuevo Qatargate. La maltesa presentó en enero 14 objetivos iniciales que recibieron el visto bueno de los diversos grupos políticos un mes más tarde, aunque la implementación de la mayoría de las iniciativas todavía no ha comenzado. Algo que, aseveran fuentes parlamentarias a este diario, está a punto de cambiar.

De hecho, el próximo lunes, cuando comienza un nuevo plenario en Estrasburgo, deberían aprobarse formalmente dos de las medidas más esperadas, un nuevo “periodo de incompatibilidad” obligatorio para antiguos eurodiputados que quieran ejercer labores de cabildeo en el Parlamento Europeo una vez acabado su mandato y la revisión de las normas para los antiguos eurodiputados, que ya no podrán tener un acceso permanente, sino que deberán solicitar pases diarios para ingresar en la Eurocámara. Aunque ambas medidas habían sido reclamadas tanto por los eurodiputados como por organizaciones que velan por la transparencia de las instituciones, ha habido críticas sobre todo a la medida de las “puertas giratorias”, puesto que aunque la propuesta inicial de Metsola era que ese periodo fuera de dos años, igual que el que impone la Comisión Europea, finalmente se rebajó a seis meses. Un plazo que se considera casi inútil puesto que, señalan observadores, ese tiempo es el que de todos modos necesita el nuevo hemiciclo para arrancar a trabajar de verdad, por lo que la eficacia de esa medida quedaría, dicen, anulada.

De acuerdo con las fuentes, el lunes también se discutirán, aunque no necesariamente aprobarán, otras dos medidas de Metsola: la imposición de controles más fuertes a los “representantes de intereses”, que deberán inscribirse obligatoriamente en el registro de transparencia, y el registro también de todas las personas que visiten el Parlamento Europeo especificando la “fecha, hora y motivo de la visita”, salvo periodistas acreditados y representantes de otras instituciones con un pase permanente.

Otras dos medidas más —la lucha contra la injerencia extranjera reforzando el trabajo en derechos humanos y el incremento de la lucha contra la corrupción— ya están también en marcha puesto que solo requerían una aplicación más estricta de las reglas existentes, señalan las fuentes. Respecto a las ocho reformas restantes, requieren un cambio en las reglas de procedimiento que deben ser primero acordadas por la Comisión de Asuntos Constitucionales y luego votadas en el pleno, lo que, señalan, llevará algo más de tiempo. No obstante, las fuentes se dicen confiadas en que se logrará cumplir el límite de “antes del verano” impuesto por Metsola, que además espera encarrilar otras reformas de mayor calado antes de que acabe el año, aunque reconoce que deberá implementarlas la Eurocámara que surja de las elecciones europeas de 2024.

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