Uruguay aprueba una reforma jubilatoria que eleva la edad de retiro de los 60 a los 65 años

El sistema previsional uruguayo cambia sus reglas para hacer frente a los desafíos demográficos y financieros que lo acechan. Bajo esta premisa, el Parlamento aprobó este jueves una reforma jubilatoria que aumenta la edad mínima de retiro de los 60 a los 65 años, con la mira puesta en la contención del gasto público en pensiones. El bloque oficialista de centroderecha, impulsor de esta iniciativa, asegura que la reforma contribuirá a la sostenibilidad económica del sistema jubilatorio y preservará su nivel de cobertura, que alcanza al 95% de los mayores de 65 años. Desde la oposición, el Frent...

El sistema previsional uruguayo cambia sus reglas para hacer frente a los desafíos demográficos y financieros que lo acechan. Bajo esta premisa, el Parlamento aprobó este jueves una reforma jubilatoria que aumenta la edad mínima de retiro de los 60 a los 65 años, con la mira puesta en la contención del gasto público en pensiones. El bloque oficialista de centroderecha, impulsor de esta iniciativa, asegura que la reforma contribuirá a la sostenibilidad económica del sistema jubilatorio y preservará su nivel de cobertura, que alcanza al 95% de los mayores de 65 años. Desde la oposición, el Frente Amplio (centroizquierda) no acompañó el proyecto de ley porque sostiene que los cambios introducidos perjudicarán a la mayoría de los trabajadores. Los sindicatos coinciden con esta crítica a la reforma, que también es rechazada por el 54% de los uruguayos, según la consultora Cifra.

“Nadie puede negar que esta reforma es totalmente necesaria”, señala el diputado Pedro Jisdonian del oficialista Partido Nacional. El legislador explica a EL PAÍS que la tendencia demográfica registrada en Uruguay (3,4 millones de habitantes) presiona crecientemente al régimen de “reparto intergeneracional”, pilar básico de su sistema previsional.

Con una población envejecida, bajas tasas de natalidad y una esperanza de vida que ronda los 80 años, el país tendrá cada vez menos trabajadores activos en relación con la cantidad de jubilados. Las estimaciones del Gobierno indican que actualmente hay tres uruguayos en edad de trabajar por cada jubilado, cuando en 1970 esa relación era de 6 a 1. “El gasto (previsional) está por encima del 10% del PBI y hay un déficit creciente, que por la tendencia demográfica se va a intensificar”, agrega el legislador.

Entre las modificaciones más relevantes, la reforma sube de manera progresiva la edad mínima de retiro de los 60 años actuales a los 65 años, siempre con 30 años de aportes jubilatorios. No obstante, contempla la posibilidad de retirarse a los 63 años, en el caso de haber aportado 38. Asimismo, el cálculo del sueldo básico jubilatorio tomará en cuenta los mejores 20 años trabajados, frente al promedio de los últimos diez años o los mejores 20 que se consideran en el régimen actual.

Esta ley, subraya Jisdonian, permitirá a los jubilados seguir trabajando además de cobrar su pensión, algo que no es posible en el actual ordenamiento jurídico. Y destaca también la introducción de un suplemento solidario de hasta 14.000 pesos uruguayos (360 dólares), destinado a las jubilaciones más bajas. “Es muy importante para avanzar en términos de equidad”, enfatiza.

Desde la oposición, el Frente Amplio ha insistido en que una reforma es necesaria, pero no la que ha sido aprobada en el Parlamento. “Se aumenta indiscriminadamente la edad de jubilación para todas las actividades”, dice a EL PAÍS el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir. La ley contempla la situación particular de los trabajadores rurales y de la construcción, señala, pero deja fuera a muchos otros sectores especialmente exigentes: servicio doméstico, industria frigorífica o metalúrgica, transporte de pasajeros o de carga. “Esa gente llega a los 60 años muy afectada físicamente y va a tener muchas más dificultades para jubilarse a los 65″, dice.

Otro de los cuestionamientos, apunta Valdomir, es la financiación del sistema previsional. Según el diputado, la reforma busca sostenerse solo por la vía del aumento de la vida laboral y productiva de la población. “No se incorpora ninguna otra fuente de financiamiento”, indica. En tal sentido, para el legislador y su fuerza política se podría haber revisado las exoneraciones impositivas que benefician a ciertos sectores de la economía o considerado que las empresas transnacionales destinaran una parte de sus ganancias a la seguridad social de los uruguayos. Los frenteamplistas critican además la obligación establecida por esta ley de afiliarse y aportar a las AFAP –administradoras privadas de ahorro individual– que hasta ahora afectaba solamente a una franja de la población con determinados ingresos. Con esta ley, los nuevos trabajadores aportarán un 10% de su salario al estatal Banco de Previsión Social y un 5% a las AFAP, creadas en la anterior reforma jubilatoria de 1995, cuando se configuró el actual régimen mixto de pensiones. Esta inclusión, afirman, no ha contado con el diálogo y los acuerdos necesarios.

Juicios de este tenor se escucharon también en las inmediaciones del Parlamento, donde el martes pasado tuvo lugar un multitudinario acto contra la reforma previsional, al cierre de un paro general de 24 horas. Desde la central de trabajadores PIT CNT manifestaron que la nueva ley plantea un “ajuste fiscal encubierto” porque busca la sostenibilidad financiera del sistema “recortando derechos”. “Con esta reforma pierden los trabajadores, pierde el Estado, pierde la seguridad social. Las únicas que ganan son las AFAP”, ha dicho Marcelo Abdala, presidente de la central sindical.

Pero las críticas de la oposición y del movimiento sindical no parecen haber hecho mella en la coalición gobernante, ocupada como ha estado en resolver sus propias desavenencias en torno a ciertos aspectos del proyecto. Con marchas y contramarchas, en el tramo final de su tratamiento fueron incorporadas modificaciones concernientes, por ejemplo, a la edad mínima de retiro o al cálculo del salario básico jubilatorio. Estos cambios, hechos a instancias de los socios Partido Colorado y Cabildo Abierto, trastocaron el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento en octubre de 2022. Sin embargo, aseguran sus autores, la reforma mantendrá su objetivo de que el gasto en las pensiones se mantenga en torno al 10% del PBI.

El propio presidente Luis Lacalle Pou, perteneciente al Partido Nacional, reconocía ante los medios de comunicación que el contenido original de su propuesta se había diluido tras las concesiones hechas a sus socios. “Teníamos un litro de leche, se le fue echando agua, agua, agua, pero sigue siendo leche. Si fuera agua, ya no impulsaríamos la reforma”, sentenció. La metáfora presidencial no deja espacio a las dudas. Más temprano que tarde, la sociedad uruguaya tendrá que volver a discutir sobre su sistema previsional.

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