La Administración de Biden demanda a Texas por el ‘muro flotante’ para frenar la migración

El Departamento de Justicia demandó este lunes al Estado de Texas por la instalación de un muro flotante en el Río Grande, destinado a impedir a los migrantes cruzar la frontera que separa México de Estados Unidos. La Administración de Joe Biden pasa así al ataque contra el gobernador Greg Abbott, que ordenó la instalación de la barrera, compuesta por enormes boyas de color naranja, el pasado mes de junio.

Se trata de un obstáculo de unos 350 metros, que el Gobierno federal critica por sus “implicaciones humanitarias”. Abbott no contaba con permiso de ninguno de los dos países para instalarlo en el tramo que separa Eagle Pass, en Texas, y, del otro lado, Piedras Negras, en Coahuila.

Es la última provocación del gobernador, que está enfrentado a Washington por la gestión de la frontera. Como parte de un plan puesto en marcha hace dos años con el título de Operación Estrella Solitaria (como el sobrenombre del Estado de Texas), ha colocado alambre de espino en algunos puntos de la divisoria, ha arrestado a migrantes acusándolos de allanamiento, y los ha enviado a bordo de autobuses pagados con dinero público a ciudades de mayoría demócrata, como Chicago, Nueva York o Washington. Algunos de los llegados a la capital tienen como destino la casa de la vicepresidenta, Kamala Harris, a cuyas puertas quiso llevar la crisis que se vive en el sur de su Estado, que comparte 2.000 kilómetros con México, atravesados por 28 puentes internacionales y cruces fronterizos.

La denuncia no ha sido una sorpresa para el gobernador, que envió una carta el lunes al presidente Biden en la que lo acusa de no parar el flujo migratorio y defiende su derecho a tomar las medidas que el Gobierno federal no adopta para atacar la crisis. “Texas lo espera en los tribunales, señor presidente”, escribe en la misiva Abbott.

El Departamento de Justicia le había dado hasta ese mismo día de plazo para que rectificara, porque, le comunicó por escrito la fiscal general adjunta, Vanita Gupta, las boyas representan “un riesgo de seguridad para la navegación en el Río Grande, además de sus implicaciones humanitarias”. Gupta también adujo que el gesto había provocado “protestas diplomáticas de México” y podría llegar a “dañar la política exterior de Estados Unidos”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, acusó a Abbott de actuar de mala fe en este asunto. “La única persona que está sembrando el caos es el gobernador”, añadió en su conferencia diaria a las preguntas de los reporteros. “Eso es lo que sigue haciendo: pantomimas políticas inhumanas”.

Jean-Pierre presumió de que la frontera está registrando los números más bajos de cruces ilegales de los últimos dos años, después de que en mayo se levantara el Título 42, una norma impuesta por la Administración de Donald Trump con el pretexto de detener el avance de la pandemia. Permitía la expulsión rápida de migrantes, que eran devueltos en cuestión de minutos a México. Ahora rige en solitario el Título 8, que en la práctica supone un endurecimiento de las condiciones para pedir asilo. Permitió a la Administración de Barack Obama deportar a más de tres millones de migrantes en ocho años.

No es la primera vez que Abbott, que cumple su tercer mandato como gobernador, y la Administración de Biden se ven las caras en los tribunales. El fiscal general, Merrick Garland, acusó en 2021 al Estado de traspasar los límites de sus atribuciones al autorizar a los policías de Texas a detener vehículos que transportaban migrantes con la excusa de que podrían estar contribuyendo a la propagación del coronavirus.

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