La imputación de Trump en Georgia abre grietas entre él y sus compañeros de banquillo

¿Juicio rápido o lento para Donald Trump y sus 18 compañeros de banquillo? ¿Proceso a todos juntos o por separado? ¿En un tribunal local o en uno federal? La imputación en Georgia contra el expresidente y 18 de sus asesores y simpatizantes por organizarse para alterar los resultados electorales en el Estado es una de las causas más complicadas jurídicamente de las cuatro a las que se enfrenta el magnate inmobiliario. Además de complejo, este proceso iniciado inmediatamente después de que el antiguo mandatario y sus asociados quedasen fichados esta semana, ha empezado ya a abrir grietas entre el grupo de los supuestos conspiradores.

Los 19 imputados están acusados de crear una asociación de tipo mafioso para falsificar los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia, donde Trump perdió por menos de 12.000 votos, y conseguir que el entonces presidente continuara en la Casa Blanca. El magnate está imputado por 13 cargos.

Son un grupo heterogéneo que solo tiene en común la lealtad hacia el expresidente. Entre ellos hay antiguos funcionarios, asesores políticos, activistas republicanos de Georgia, abogados de diverso pelaje e, incluso, un antiguo relaciones públicas del rapero Kanye West y un reverendo protestante. Cada uno con distintas prioridades, distintas capacidades financieras y distintas estrategias legales aconsejadas por sus respectivas cohortes de abogados.

Esta variedad de situaciones y tácticas abre la puerta a que en lugar de un gran juicio contra los 19, como deseaba la fiscal del condado de Fulton responsable del caso, Fani Willis, se celebren varios juicios por separado.

Uno de los acusados, el abogado Kenneth Chesebro, ya ha solicitado un juicio rápido. Willis y el juez encargado del caso, Scott McAffee, le han concedido su deseo: empezará el 23 de octubre. Willis había propuesto procesar a los 19 conjuntamente, pero el magistrado ha precisado que la fecha solo afecta a este sospechoso. Otras dos encausadas más, la letrada Sidney Powell y la exlegisladora estatal Jenna Ellis, también han pedido una vista rápida.

No está claro cuál es el beneficio jurídico que pueden obtener con este paso: si la idea es impedir que Willis se prepare adecuadamente para el proceso, la fiscal ha subrayado que, después de una investigación de dos años y medio, está lista desde ahora mismo para presentar sus argumentos. Un motivo puede ser el económico: a más tardanza, más minutas de abogados. Y no todos ellos cuentan con los medios ni las facilidades de recaudación del candidato presidencial republicano.

Harvey Silverglate, abogado del acusado John Eastman —quien también ha apuntado su interés en un juicio lo antes posible— declaraba al New York Times que su cliente “no tiene las contribuciones” con las que sí puede contar el magnate.

Pero las iniciativas para acelerar el caso chocan con la estrategia de Trump, que desea retrasar lo más posible su juicio en Georgia y los otros tres que le aguardan en Nueva York, Miami y Washington, a la espera de que se celebren las elecciones del año próximo y ver si regresa a la Casa Blanca. Los abogados del expresidente ya han dejado claro que pedirán que su proceso se vea separadamente del resto.

El equipo legal de Trump sopesa también pedir el cambio de jurisdicción del caso, para que lo aborde un tribunal federal y no uno estatal, como está previsto ahora. Otros cinco coimputados, entre ellos el antiguo jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, han dado ya ese paso, posible para los funcionarios que alegan que sus supuestos delitos se cometieron en el cumplimiento de sus funciones de gobierno y consiguen convencer a un juez de ello.

En busca de jurados favorables para Trump

Este cambio ofrece ventajas evidentes para los acusados. De continuar las cosas como están, la audiencia se celebraría en Fulton, un distrito de mayoría demócrata. Un jurado allí probablemente sería duro contra el expresidente y sus asociados. De celebrarse el juicio en un tribunal federal, el jurado se seleccionaría en una zona mucho más amplia dentro de Georgia, que incluiría distritos favorables a Trump. Al expresidente esta estrategia le reportaría un beneficio añadido: de regresar a la Casa Blanca, podría autoindultarse en sus causas federales, algo vetado en las estatales.

La petición de Meadows se verá el lunes, el mismo día en que la jueza Tanya Chutkan escuchará en Washington argumentos de la defensa y la fiscalía en el caso federal por los intentos de falsear los resultados electorales de 2020 y se espera que fije una fecha para ese juicio.

Al presentar su moción para el cambio de tribunal, los abogados de Meadows alegaban el viernes que intervino en los esfuerzos para cambiar el resultado electoral en Georgia como parte de sus funciones en la Casa Blanca. “Como jefe de Gabinete, el señor Meadows no dejó de asistir al presidente solo porque el presidente estuviera haciendo algo personal o político”, apunta la petición. “Uno no diría que el piloto del avión presidencial Air Force One deja de ser militar cuando lleva al presidente a un acto no oficial. Lo mismo ocurre con el jefe de Gabinete. No suspenden su condición de funcionario solo porque el presidente suspenda la suya” participando en un acto no oficial, argumentan.

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