Cautivos y obligados a extorsionar: rescatados casi cincuenta asiáticos hacinados en un barrio residencial en Perú

En una casa de tres pisos, con puertas y ventanas tapiadas, protegida por un cerco eléctrico y custodiada por seis taiwaneses y dos peruanos, estuvieron recluidos durante 40 días medio centenar de asiáticos en Lima. Ningún vecino ni los patrulleros de la urbanización La Planicie, en el acomodado distrito de La Molina, lo advirtió. La operación de rescate no se debió a un silencioso seguimiento policial ni a ningún trabajo de inteligencia. Dos víctimas se convirtieron en las grandes heroínas de esta historia.

La tarde del sábado, dos mujeres de Malasia —un país asiático que está a más de 19.000 kilómetros de Perú— aprovecharon un descuido de sus carceleros y lograron escapar hacia una casa aledaña. Aún no se conocen detalles de cómo se hicieron entender, pero con la ayuda de un vecino llamaron a la Policía del sector e hicieron la denuncia. Poco después, un contingente de efectivos se dirigió a la residencia y se topó con una barrera: Luis Alfredo Arango Núñez, de 25 años, y Maycol Jair Chumpitaz Zapata, de 42, dos peruanos que vigilaban la puerta y que inicialmente frenaron el ingreso de los agentes.

Tras reducirlos e irrumpir en el inmueble con una autorización judicial, la verdad se abrió paso: hallaron a decenas de mujeres y hombres de origen asiático en estado de hacinamiento. Dormían en colchones apilados y a su alrededor se distinguían varios bidones de agua. En uno de los rincones del lugar se había instalado un call center, donde los cautivos eran obligados a realizar llamadas telefónicas para una trama de extorsiones. De lo contrario, eran torturados. Los agentes detuvieron a los cabecillas, quienes no opusieron mayor resistencia. Todos eran ciudadanos chinos procedentes de Taiwán, de entre 30 y 44 años.

Tras quitarles las camisetas y analizar sus tatuajes en el torso, los brazos y la espalda, la Policía presume que se trata de integrantes de la mafia el Dragón Rojo, que opera desde hace muchos años en el Perú. Tras la intermediación de un miembro de la Embajada de Malasia en Perú, que conversó con algunos de los prisioneros, los investigadores han podido trazar de manera preliminar la razón de la llegada de este medio centenar de asiáticos al país andino. Fueron captados en Malasia y les ofrecieron un trabajo legal. Primero viajaron a Países Bajos y luego arribaron a Lima en agosto. En total son 44 los liberados: 26 mujeres y 17 hombres de Malasia —uno de ellos reportado como desaparecido en su país natal—, además de una mujer de Taiwán. Ninguno es menor de edad.

No se descarta que la explotación no solo haya sido laboral, sino también sexual. Al respecto, el coronel Walter Ramos, quien encabezó la operación, dijo que se trataba de una intervención contra el orden migratorio, contra el tráfico de migrantes con fines de explotación laboral. “Hemos hallado un call center internacional. Pero seguiremos investigando. Las mujeres y varones eran retenidos contra su voluntad y vivían en condiciones paupérrimas”, añadió.

En la residencia de La Planicie, la Policía incautó un vehículo, pasaportes de Taiwán, tarjetas de débito, cincuenta celulares y 10.000 dólares y 15.000 soles (4.000 dólares). No se hallaron drogas, armas de fuego ni explosivos. El propietario del inmueble, Alonso Carvajal Friedrich, se ha limitado a decir que le alquiló la casa a una empresa china y que desconocía lo que sucedía adentro. Los ocho sospechosos —los seis taiwaneses y los dos peruanos—, a quienes se les ha dictado una semana de detención preliminar bajo la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional.

Según el estudio más reciente de la Defensoría del Pueblo y la ONG CHS Alternativo, en Perú la trata de personas genera la suma de 1.300 millones de dólares al año en ganancias ilícitas. Los especialistas sostienen que es la segunda economía criminal que más dinero mueve en el país andino detrás de la minería ilegal. Se calcula que por cada víctima, los delincuentes perciben 28.875 soles anuales (7.804 dólares). El Estado invierte en prevención y seguimiento del delito 0,12 céntimos por persona (0,03 centavos de dólar).

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