Las reglas de la guerra: el conflicto entre Israel y Hamás pone a prueba el derecho internacional

Tanto Hamás como Israel han sido acusados de infringir el derecho internacional durante la guerra desencadenada el 7 de octubre tras el ataque por sorpresa del primero contra el Estado judío. La ONU afirma estar recopilando pruebas de crímenes de guerra por ambas partes. Ataques como el de este martes al hospital Al Ahli al Arabi, en Gaza, ponen a prueba el derecho internacional. Hacer cumplir la ley en el fragor de las hostilidades es difícil, pero hay unas reglas conocidas, las denominadas reglas de la guerra, que en teoría regulan el comportamiento de las partes beligerantes y, sobre todo, protegen a la población civil, que nunca, según el derecho internacional humanitario, debe ser objetivo bélico ni utilizada como salvaguarda (escudo humano) por una de las partes para impedir un ataque del enemigo.

El ataque al hospital Al Ahli al Arabi en Gaza viola el derecho internacional, según las autoridades locales, porque estaba repleto de pacientes y de personas que se refugiaban allí de los bombardeos israelíes. Ambos bandos se acusan mutuamente de la autoría, Hamás culpa a Israel, e Israel asegura que la explosión es consecuencia del lanzamiento de un cohete fallido por parte de la Yihad Islámica.

La rendición de cuentas de quienes han perpetrado crímenes de guerra resulta a menudo difícil de alcanzar, lo que ha llevado al establecimiento de tribunales especiales como los de la antigua Yugoslavia, Ruanda o Sierra Leona. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU anunció apenas tres días después del ataque contra Israel por parte de Hamás, el pasado 7 de octubre, que una de sus comisiones de investigación independientes ya había reunido “pruebas claras” de crímenes de guerra perpetrados por ambas partes. El desplazamiento forzoso de civiles (a consecuencia de la orden de evacuación dada por Israel a los habitantes del norte de Gaza), su reubicación en el sur de la Franja y la privación de suministros básicos (luz, agua, víveres) a los civiles gazatíes son también objeto de escrutinio.

El Tribunal Penal Internacional (TPI), establecido en 2002 y con sede en La Haya, es la única instancia autorizada para procesar crímenes de guerra, crímenes internacionales de genocidio y crímenes contra la humanidad. El TPI reconoció a Palestina como Estado miembro en 2015. Israel, igual que Estados Unidos, China, Rusia y Egipto, no forma parte del mismo, por lo que no reconocen su jurisdicción ni acatan sus sentencias. El exfiscal del TPI Luis Moreno Ocampo ha afirmado esta semana que el bloqueo total de Gaza es un crimen contra la humanidad y genocidio, y como tal podría ser investigado por ese tribunal.

¿Cuáles son las reglas de la guerra?

Las reglas de los conflictos armados obedecen a un conjunto de leyes y resoluciones reconocidas internacionalmente, incluida la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe las guerras de agresión, pero concede a los países el derecho a defenderse. El comportamiento en el campo de batalla se rige por leyes humanitarias internacionales, entre ellas los Convenios de Ginebra, elaborados tras la II Guerra Mundial y acordados por casi todas las naciones.

Los cuatro convenios pactados en 1949 en la ciudad suiza establecen que los civiles, los heridos y los prisioneros deben recibir un trato humano en tiempo de guerra. Prohíben el asesinato, la tortura, la toma de rehenes y los “tratos humillantes y degradantes”, y obligan a los combatientes a tratar a los enfermos y heridos del bando contrario.

Las normas se aplican tanto a las guerras entre naciones como a los conflictos asimétricos, como el que enfrenta a Israel y Hamás, en los que una de las partes no es un Estado.

¿Qué es un crimen de guerra?

Un documento clave en el derecho de guerra es el artículo ocho del Estatuto de Roma, fundacional del Tribunal Penal Internacional, que se basa en los convenios de Ginebra de 1949 y que define como crímenes de guerra los ataques intencionados contra civiles, asentamientos civiles o trabajadores humanitarios, la destrucción de bienes cuando no sea militarmente necesaria, la violencia sexual y la deportación ilegal.

“Atacar intencionadamente a civiles y objetivos civiles sin un motivo militar necesario para hacerlo es un crimen de guerra”, sostiene David Crane, fiscal jefe del Tribunal Especial de las Naciones Unidas para Sierra Leona, citado por la agencia AP. “Y ese es un estándar que ambas partes deben cumplir según el derecho internacional”.

El concepto jurídico de “crimen de guerra” está separado de los conceptos “crímenes contra la humanidad” o “genocidio”. Si bien los crímenes de guerra se limitan a conflictos que ocurren internamente o entre dos Estados, los dos últimos también pueden cometerse en tiempos de paz.

¿Es crimen de guerra todo ataque a civiles?

Se trata de una cuestión controvertida. Clasificar un acto militar, durante un conflicto, de crimen de guerra depende de si el acto estaba o no justificado. Por lo tanto, el bombardeo de una escuela o un edificio residencial no puede catalogarse como crimen de guerra si se considera militarmente necesario. Pero, ¿y el de un hospital, como el atacado este martes intencionada o fortuitamente, según las distintas informaciones y versiones, con el resultado de cientos de muertos? En Gaza, una de las zonas con más densidad de población del mundo, es imposible bombardear sin matar a algunos de los 2,2 millones de civiles que viven allí, según la mayoría de los expertos. En tales circunstancias, determinar el objetivo previsto de un ataque es clave para establecer si se ha cometido un crimen de guerra.

¿Qué principios deben regir el uso de la fuerza?

El principio rector fundamental es la proporcionalidad, es decir, prohíbe a las partes responder a un ataque con violencia excesiva. La distinción requiere que los miembros del ejército traten constantemente de diferenciar entre civiles y combatientes. Además, el denominado principio de la precaución insta a hacer todo lo posible para evitar daños a civiles, y el de la distinción, a discriminar claramente los objetivos (descartar a los civiles, en suma).

¿La orden de evacuar Gaza viola el derecho internacional?

Para algunos expertos, la orden que Israel dio el viernes pasado para que los habitantes del norte de Gaza se desplazaran hacia el sur de la Franja es simplemente “precaución” —un aviso para evitar daños—, aunque la mayoría de grupos de derechos humanos, igual que la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC, en sus siglas inglesas), consideran que sí viola el derecho internacional humanitario.

“Una advertencia para que huyan cuando no hay un lugar seguro al que huir ni una forma segura de desplazarse no es una advertencia eficaz”, criticó el viernes la ONG Human Rights Watch. “El ejército israelí debería emitir advertencias a los civiles en Gaza antes de un ataque si al hacerlo realmente les permitiera salir hacia una zona más segura”.

Para los más críticos, se trata de un intento de desplazamiento forzoso rayano en la limpieza étnica, como la perpetrada en los años noventa en los Balcanes.

¿Ha cometido Hamás crímenes de guerra?

Según Israel, los ataques coordinados de Hamás contra pueblos y ciudades han costado la vida a 1.400 personas, además de que 199 rehenes fueron llevados a Gaza y se desconoce su paradero. Según los convenios de Ginebra, “nunca se debe tomar a civiles como rehenes. Si se hace, la acción puede calificarse de crimen de guerra”, según Jeanne Sulzer, abogada de Amnistía Internacional Francia. Otros expertos añaden la masacre intencionada de civiles, como la perpetrada en el festival de música o en algunos kibutz.

¿E Israel?

Los bombardeos de Gaza, la orden de evacuación del norte de la Franja y la privación de suministros básicos son considerados por la mayoría un “castigo colectivo” a los dos millones de habitantes del enclave. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha declarado que la orden de evacuación, “unida al completo asedio que les niega explícitamente [a los civiles] alimentos, agua y electricidad, no son compatibles con el derecho internacional humanitario”.

El ejército israelí afirma que se atiene al derecho internacional y que solo ataca objetivos militares legítimos en su intento de erradicar a los milicianos de Hamás, que a su juicio se esconden entre la población civil. La ONG Human Rights Watch ha acusado a Israel de utilizar municiones que contienen fósforo blanco. Esta sustancia incendiaria no está prohibida, pero su uso en zonas densamente pobladas es ampliamente condenado. Las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF, en sus siglas inglesas; nombre que recibe el ejército israelí) lo niegan.

¿Cómo se investigan los crímenes de guerra?

Una Comisión de Investigación de las Naciones Unidas está ya “recopilando pruebas de crímenes de guerra cometidos por todas las partes”. Esas pruebas podrían añadirse a una investigación en curso del TPI sobre la situación en los territorios palestinos. Este tribunal puede procesar a funcionarios de un país por violaciones de derechos humanos y ordenar indemnizaciones para las víctimas, pero no dispone de una fuerza policial para ejecutar órdenes de detención, sino que depende de las policías de los países que sí que reconocen la jurisdicción del organismo (no es el caso de Israel).

¿Pueden reclamar compensaciones las víctimas?

Aunque el TPI es el único tribunal internacional permanente creado para enjuiciar crímenes de guerra, otros órganos judiciales, como la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pueden procesar casos de presuntas violaciones en esta materia. También pueden hacerlo los tribunales nacionales de Israel o de otros países. Según la legislación estadounidense, las víctimas de esa nacionalidad podrían intentar presentar demandas de indemnización contra Hamás ante los tribunales de EE UU. Las víctimas de los ataques de Hamás de nacionalidad francesa y con doble nacionalidad franco-israelí ya han presentado algunas denuncias ante los tribunales en Francia.

Las infracciones del derecho internacional también pueden dar lugar a sanciones —como las impuestas a Rusia por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países por la invasión de Ucrania— y, en casos excepcionales, previo aval del Consejo de Seguridad —bloqueado por el eventual derecho de veto que puede ejercer cualquiera de sus cinco miembros permanentes, entre ellos EE UU, aliado histórico de Israel—, a una intervención militar autorizada por la ONU.

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