Sin un lugar seguro para los refugiados de Gaza

Israel finalizó en 2005 la ocupación militar de Gaza, que había iniciado en 1967, aunque mantuvo el control de las fronteras externas de la Franja. Este control se endureció a partir de 2007, cuando impuso un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo tras el triunfo de Hamás en las elecciones parlamentarias. Desde entonces, nadie puede entrar o salir, ni importar alimentos, medicinas u otros bienes sin la autorización israelí.

Asimismo, las diferentes operaciones militares israelíes contra la Franja para contraatacar a Hamás han destruido viviendas e infraestructuras dentro y fuera de los campamentos de refugiados. Como consecuencia, Naciones Unidas calculaba que, hasta antes de la última operación militar, el 63% de la población gazatí sufría de inseguridad alimentaria, el desempleo rondaba el 46,6% y se elevaba hasta un 48,1% entre los refugiados de los campamentos. También estimaba que la pobreza en general alcanzaba al 81,5% de la población. A ello se suma que el 95% del agua no es apta para el consumo humano y que la electricidad está disponible apenas unas 11 horas al día. Estas cifras son el antecedente directo del desastre humanitario que tanto las Naciones Unidas como múltiples organizaciones advierten estos días como consecuencia de la ofensiva contra Gaza.

Aproximadamente, el 70% de los poco más de dos millones de habitantes de la Franja son refugiados, descendientes de aquellos que huyeron de sus hogares tras la creación del Estado de Israel en 1948. Junto a las poblaciones y ciudades gazatíes, los campamentos de refugiados fueron creciendo hasta formar parte integral del paisaje urbano. Cuatro o incluso cinco generaciones conviven en viviendas construidas sobre los terrenos que en 1948 estaban destinados a casas de campaña que se desmantelarían con el fin del conflicto.

Sin poder volver a sus hogares y sin un Estado propio, desde el inicio del conflicto los refugiados palestinos en Gaza han dependido de la ayuda humanitaria y de los servicios educativos y de salud que proporciona la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas creada para auxiliarlos hasta alcanzar una solución a la cuestión palestina.

Conforme la situación social, política y económica en la Franja se ha deteriorado, la dependencia de la población en general y de los refugiados en particular de la ayuda humanitaria se ha incrementado a marchas forzadas. El llamamiento al abandono del norte de la Franja por parte de Israel en esta nueva fase de enfrentamientos ha desbordado cualquier capacidad de gestión de las organizaciones humanitarias. Los refugiados están siendo expulsados nuevamente hacia el sur, sin un destino seguro. Sin agua, sin luz, sin alimentos y con el resto de los palestinos y árabes en Oriente Próximo atestiguando cómo, nuevamente, deben huir para salvar la vida.

Las consecuencias sociales y políticas de esta nueva catástrofe están por verse. La cuestión del futuro de los refugiados sigue estando en el corazón del conflicto árabe-israelí. Junto con los refugiados de Gaza, aquellos de Cisjordania, Siria, Líbano y Jordania, casi seis millones en total, conforman el 70% del pueblo palestino. Este nuevo desplazamiento de refugiados que parece alejarlos de su derecho al retorno no será visto con buenos ojos por la mayoría de las sociedades árabes, todavía comprometidas con la causa palestina, pese a los movimientos de algunos de sus regímenes para acercarse a Israel. El dinero que comienzan a ofrecer algunos regímenes para ayudar a los palestinos puede que no sea suficiente de cara a sus propias opiniones públicas.

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