El ministro de Justicia belga dimite tras reconocer “un error monumental” en el atentado yihadista de Bruselas

El ministro de Justicia belga, Vincent Van Quickenborne, ha anunciado este viernes su dimisión, tras reconocer un “error monumental” del sistema judicial nacional que podría haber evitado el atentado yihadista de este lunes en Bruselas, donde un hombre tunecino en situación migratoria irregular mató a disparos a dos ciudadanos suecos e hirió a un tercero en plena calle para “vengar a musulmanes”. Según ha admitido el hasta ahora responsable ministerial, Túnez había solicitado la extradición del agresor, Abdesalem Lassoued, en agosto de 2022, pero dicha demanda nunca llegó a ser tramitada.

“Es un error individual, monumental e inaceptable de consecuencias dramáticas”, ha reconocido Van Quickenborne en rueda de prensa en Bruselas, donde ha pedido disculpas a los familiares de las víctimas, al pueblo sueco y al belga.

Según ha explicado, este mismo viernes tuvo conocimiento de que Túnez pidió el 15 de agosto de 2022 la extradición de Lassoued y que la demanda fue transmitida el 1 de septiembre de ese mismo año a la fiscalía de Bruselas. No obstante, ha indicado, el juez competente “no dio seguimiento a esa demanda y el expediente no fue tramitado”, lo que permitió que Lassoued continuara en territorio belga. Aunque ha subrayado que un ministro no puede “inmiscuirse” en las decisiones de un magistrado “independiente e individual”, ha decidido “asumir la responsabilidad de este error inaceptable” y dejar su cargo “sin buscar excusas”.

En los últimos días, Van Quickenborne había defendido la actuación del Gobierno y de las fuerzas de seguridad y judiciales, pese a que el agresor, que fue abatido en la mañana del martes, era un individuo del que un “servicio extranjero” advirtió ya en 2016 de su posible radicalización. Además, según se ha sabido estos días, también tenía un pasado delictivo en Europa —llegó a cumplir una pena de cárcel en Suecia— y había sido denunciado por amenazas de muerte a otro inmigrante, entre otros. Pese a ello, nunca llegó a estar fichado en la base de datos de Ocam, la agencia belga encargada de analizar las amenazas terroristas.

No está claro aún cómo puede afectar la marcha de Van Quickenborne a la frágil coalición de Gobierno que lidera el liberal Alexander de Croo. La partida de un ministro clave de su gabinete se produce a menos de un año de las elecciones belgas para elegir nuevo Ejecutivo, que se celebrarán al mismo tiempo que las europeas, en junio de 2024.

El anuncio del error judicial pone en cualquier caso en aprietos a un De Croo que esta misma semana aprovechó el atentado para reclamar más dureza a la Unión Europea en materia migratoria. Específicamente, en cuanto a devoluciones a sus países de origen de aquellos a quienes se haya denegado su demanda de asilo y que puedan suponer un peligro a la seguridad del país.

“En el caso del ataque terrorista, no podemos olvidar que la inmigración clandestina ha tenido un papel importante en este evento trágico”, dijo De Croo esta semana en una comparecencia pública con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Lassoued, de 45 años, llegó a Europa de forma irregular a través de la isla de Lampedusa en 2011. Según se ha conocido estos días, llegó a pedir asilo en Suecia, Noruega e Italia, además de en Bélgica, donde lo hizo en 2019. Un año más tarde, esta última demanda fue rechazada, pero su pista se perdió y nunca se pudo hacer efectiva una orden de expulsión en su contra, pese a que vivía en pleno Bruselas con su pareja y su hija.

“Debemos concentrarnos en dos dimensiones europeas”, reclamó De Croo: “Una mejor protección de nuestras fronteras exteriores y, más importante aún, una política de retorno más resuelta y mejor coordinada para los inmigrantes clandestinos”, agregó. Bélgica hace tiempo que se declara desbordada por la llegada de inmigrantes irregulares y demandantes de asilo. El Gobierno de De Croo fue duramente criticado el mes pasado, cuando anunció que suspendía temporalmente la acogida en refugios de demandantes de asilo varones y solteros para hacer sitio a familias con niños de cara al invierno, ante la falta de refugios para acoger a todos. Las organizaciones defensoras de los migrantes achacan esta decisión a una falta de voluntad política y no a falta real de medios.

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