El fiscal especial pide al Tribunal Supremo que decida con urgencia si Trump tiene inmunidad

Donald Trump ha estado presente en el Tribunal Supremo este curso de refilón. Se ha hablado de él en un caso en que se discute si se puede usar su nombre sin permiso en unas camisetas que le denigran y también en otro caso sobre si los cargos públicos pueden bloquear a los ciudadanos en sus redes sociales. Asuntos menores. Llega, sin embargo, el momento de la verdad. Jack Smith, el fiscal especial que investiga al expresidente, ha pedido este lunes al Supremo en un escrito de 81 páginas que decida si Trump puede ser procesado por las acusaciones de que conspiró para anular los resultados de las elecciones de 2020 o tiene inmunidad, como alegan sus abogados.

El Tribunal Supremo tiene una supermayoría conservadora de seis a tres. Además, tres de sus magistrados fueron nombrados por el propio Trump cuando era presidente. En un curso judicial marcado por las cuatro imputaciones contra el expresidente (en Nueva York, Florida, Washington y Georgia), estaba claro que alguna de sus derivadas llegaría hasta lo más alto de la pirámide judicial, pero no se esperaba que lo hiciera tan pronto.

Jack Smith ha decidido no esperar a que se pronuncie el tribunal federal de apelaciones de Washington y plantear el caso directamente al Supremo, un movimiento poco habitual que se usa en casos de crisis nacional. En realidad, nada es habitual en relación con los casos que pesan contra Trump, el primer presidente o expresidente imputado en la historia de Estados Unidos.

En principio, la fecha más próxima para que los jueces del Supremo puedan decidir si admiten el caso era el 5 de enero, día en que está agendada la próxima conferencia a puerta cerrada de los magistrados, que es donde deciden sobre la admisión de casos, según el calendario del tribunal. Este mismo lunes, los jueces han dictado una orden en la que acceden a acelerar el examen del caso. El tribunal ha pedido a los abogados de Trump que presenten su respuesta antes de las 16.00 horas del próximo 20 de diciembre.

La jueza federal Tanya Chutkan fijó para el 4 de marzo el comienzo del juicio de Washington por el intento de alterar los resultados de las elecciones de 2020, que perdió frente a Joe Biden. Trump alegó inmunidad presidencial con el argumento de que estaba ejerciendo las funciones propias de su cargo, pero la jueza rechazó tajantemente su petición de archivar el caso. “El texto, la estructura y la historia de la Constitución no apoyan ese argumento. Ningún tribunal, ni ningún otro poder del Estado, lo ha aceptado nunca. Y este tribunal no lo hará. Cualesquiera que sean las inmunidades de que pueda disfrutar un presidente en ejercicio, Estados Unidos solo tiene un jefe del Ejecutivo a la vez, y ese cargo no confiere un salvoconducto de por vida para salir de la cárcel”, indicó Chutkan en su resolución.

Los abogados del expresidente recurrieron al tribunal de apelaciones, alegando que el caso debía paralizarse mientras esa cuestión previa se resuelve. “La presentación de la notificación de apelación del presidente Trump ha privado a este Tribunal de jurisdicción sobre este caso en su totalidad a la espera de la resolución de la apelación”, escribieron los abogados de Trump en un documento registrado en el juzgado. “Por lo tanto, una suspensión de todos los procedimientos posteriores es obligatoria y automática”, alegaron. A ese recurso podría seguir otro al Supremo, con lo que el juicio podría retrasarse para después de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024.

El fiscal especial Jack Smith, sin embargo, rechazaba esa interpretación. En un escrito presentado este domingo señalaba que la instrucción del caso debe continuar en paralelo mientras se resuelve la apelación y que se debe mantener la fecha del juicio. Pero ahora, Smith da un paso más al llevar el caso al Supremo para que se ocupe directamente de decidir sobre la inmunidad. Con ello intenta mantener el juicio para el 4 de marzo o, al menos, minimizar el retraso sobre esa fecha.

“Este caso presenta una cuestión fundamental en el corazón de nuestra democracia: si un expresidente es absolutamente inmune a la acusación federal por delitos cometidos durante su mandato o está constitucionalmente protegido de la acusación federal cuando ha sido procesado políticamente con un impeachment, pero no condenado antes de que comience el proceso penal”, sostienen los fiscales. “Es de imperativa importancia pública que las reclamaciones de inmunidad del demandado sean resueltas por este Tribunal y que el juicio del demandado proceda lo antes posible si su reclamación de inmunidad es rechazada”, añaden.

“La importancia pública de las cuestiones, la inminencia de la fecha prevista para el juicio, y la necesidad de una resolución rápida y definitiva de las reclamaciones de inmunidad del demandado abogan a favor de la revisión acelerada de este tribunal en este momento”, argumenta el fiscal. Smith reclama que se use un “un procedimiento acelerado” que se empleó ante la negativa del presidente Richard Nixon a entregar las grabaciones al fiscal especial que investigaba el caso Watergate.

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