La posguerra de Gaza y la fallida reforma judicial tensionan la coalición de gobierno de Netanyahu

El diagnóstico sobre la capacidad de maniobra del Gobierno israelí frente a la guerra en Gaza y sus derivadas lo dio Joe Biden el pasado 12 de diciembre. El presidente de Estados Unidos manifestó ese día que Benjamín Netanyahu debía cambiar de coalición de gobierno —”la más conserva...

El diagnóstico sobre la capacidad de maniobra del Gobierno israelí frente a la guerra en Gaza y sus derivadas lo dio Joe Biden el pasado 12 de diciembre. El presidente de Estados Unidos manifestó ese día que Benjamín Netanyahu debía cambiar de coalición de gobierno —”la más conservadora de la historia”, dijo— porque “le está haciendo muy difícil moverse”. Casi un mes después de esas declaraciones, los ultraortodoxos y los ultranacionalistas del Ejecutivo de concentración forjado por el primer ministro israelí siguen chocando con él por el escenario posterior al conflicto. Reclaman abiertamente la ocupación total de Gaza, la construcción de nuevos asentamientos e incluso la expulsión de los palestinos de ese territorio, lo que limita drásticamente los movimientos de su jefe de Gobierno. A este escenario se suma ahora el fiasco de la controvertida reforma judicial defendida por Netanyahu, que el Tribunal Supremo anuló este lunes.

La posición más extremista la representa el ministro del Interior, Itamar Ben Gvir, del ultraderechista Otsmá Yehudit (Poder Judío). Este lunes volvió a defender como escenario de posguerra la expulsión de todos los gazatíes de la Franja. “La solución de animar a todos los residentes en Gaza a emigrar es algo en lo que debemos avanzar”, dijo en un acto de partido. “Es la solución correcta, moral y humana”. Después pidió al primer ministro que coordinara un proyecto legal de emigración, “un proyecto que empuje a los gazatíes a emigrar a otros países del mundo”. “Seamos claros: tenemos socios en el mundo de cuya ayuda podemos servirnos”, afirmó. Ben Gvir considera que alentando la emigración de los palestinos, los residentes de las poblaciones cercanas a la Franja que fueron atacadas el 7 de octubre por la milicia palestina Hamás podrían volver a sus casas, pero también los de los asentamientos de Gush Katif, en la propia Gaza, que fueron cerrados y evacuados en 2005.

Una posición similar mantiene el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. El domingo, en una entrevista de la radio del ejército, aseguró que su aspiración era que Gaza dejara de ser “un semillero en el que dos millones de personas crecen en el odio y aspiran a destruir el Estado de Israel”. A diferencia de Ben Gvir, este dirigente no esbozó el método de echar a los palestinos residentes en la Franja, pero se mostró partidario de expulsar a cerca del 90% de la población. “Si hubiera 100.000 o 200.000 árabes en Gaza y no dos millones, el discurso sobre el día después [de la guerra] sería diferente”, afirmó. Para ello, defiende que Israel tome el control de la Franja no solo mediante la presencia militar, sino también la de civiles. Algunas voces dentro del conservador Likud, el partido del primer ministro, también han pedido “facilitar” la salida de gazatíes de su territorio “de manera voluntaria” hacia países de África o América Latina.

Un portavoz del Departamento de Estado de EE UU ha asegurado este martes que Washington rechaza las manifestaciones de ambos ministros pidiendo nuevos asentamientos israelíes en Gaza. “Esta retórica es incendiaria e irresponsable”. “Tanto el Gobierno de Israel como el primer ministro nos han asegurado que no reflejan la política del Ejecutivo israelí. Tienen que parar inmediatamente”, ha afirmado en un comunicado. Y ha añadido: “Hemos sido claros, coherentes e inequívocos en que Gaza es territorio palestino y seguirá siéndolo sin que Hamás lo controle y sin grupos terroristas que amenacen a Israel. Ese es el futuro que buscamos en el interés de los israelíes, los palestinos, toda la región y el mundo”.

Reducida capacidad de maniobra

En esas condiciones, la capacidad de maniobra de Netanyahu queda muy restringida. Washington, la UE, Naciones Unidas y sus aliados árabes le presionan cada vez más para diseñar una posguerra en la que esté presente en Gaza la Autoridad Nacional Palestina, ahora solo al cargo en Cisjordania. El escenario que le plantean es retomar el camino de las conversaciones que llevaron a los acuerdos de Oslo —los que dieron lugar a la creación de esa autoridad y repartieron las responsabilidades de administración civiles y de seguridad entre el nuevo organismo e Israel— con la vista puesta en la creación de un Estado palestino.

Netanyahu se ha negado durante años a retomar esas negociaciones para evitar nuevas concesiones territoriales a los palestinos, aunque tras el inicio de la guerra y el aumento de la presión internacional y la interna para traer de vuelta a los 129 rehenes todavía en manos de Hamás, ha flexibilizado su posición, aunque siempre haciendo equilibrios.

Los pasos han sido tímidos debido a la restricción de movimientos que le impone la cohesión de su coalición. En público, Netanyahu ha mantenido que no quiere “cambiar Hamastán por Fatahstán”, es decir, que no quiere que Fatah, el partido del presidente palestino, Mahmud Abbas, sea quien mande en Gaza cuando logre hipotéticamente su objetivo de “erradicar a Hamás”. Sin embargo, el 21 de diciembre, el jefe de su Consejo de Seguridad publicó un artículo en un periódico saudí en el que se abría a una “autoridad palestina desradicalizada” en la Franja. En cada rueda de prensa, el primer ministro enfatiza la idea de luchar hasta el final para acabar con la organización islamista. Después, tras las cámaras, cede ante EE UU, que le pide que reduzca la escala de su asedio y abra la posibilidad de retirar parte de las tropas. Este lunes, cinco brigadas han salido de territorio gazatí, aunque el Gobierno y el ejército aseguran que la maniobra no supone una reducción de la intensidad de los combates.

Las tensiones que provocan el agarrotamiento de Netanyahu en esta crisis sin precedentes no solo le vienen por los partidos más a su derecha, también por los que se sitúan más a su izquierda, aunque con menor intensidad. El más moderado Partido de Unidad Nacional del ministro Benny Gantz —que, según las encuestas, ahora ganaría las elecciones— rechazó el pasado julio la principal apuesta del primer ministro, la reforma judicial para privar al Supremo de la facultad de juzgar la razonabilidad de las decisiones del Gobierno, una iniciativa que este lunes tumbaron los propios magistrados del alto tribunal.

Gantz apostó el lunes por dejar la batalla del Tribunal Supremo para después de la guerra. “Estos no son días para discusiones políticas, hoy no hay ganadores ni perdedores”, mantuvo en X, el antiguo Twitter. “Hoy solo tenemos un objetivo común: ganar la guerra juntos”, añadía, al tiempo que recordó la polarización e incluso el odio que generó la aprobación de esa reforma solo con el apoyo de los ortodoxos y los ultras que sostienen al primer ministro. Sin embargo, el pasado sábado, cuando ya se había filtrado a los medios un borrador de la sentencia que anuló finalmente el proyecto, rechazó comparecer en rueda de prensa junto a Netanyahu tras una reunión del gabinete de guerra, del que también forma parte junto al ministro de Defensa, Yoav Gallant, al considerar que no había novedades sobre las que informar.

La derogación de la reforma judicial tiene, además, una derivada que afecta al modo en que se conduce la guerra. Varios juristas advirtieron este lunes que la sentencia refuerza la separación de poderes y permite que los tribunales israelíes inicien hipotéticas investigaciones independientes contra los cargos políticos y miembros del ejército en caso de que la justicia internacional formule acusaciones contra ellos de delitos como genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. La posibilidad de abrir un caso con todas las garantías en Israel impediría al Tribunal Penal Internacional (TPI) encargarse de instruirlos y dificultaría la posibilidad de que se ordene la detención de los investigados en cualquier otro país. Si la reforma no hubiera sido anulada, la justicia israelí podría haber dejado de cumplir los estándares internacionales, lo que habría permitido al TPI actuar sin restricciones.

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