Hamás SA, el músculo financiero de la milicia islamista palestina

El viernes, apenas unas horas antes de que el secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, aterrizase en Estambul para mantener unas difíciles conversaciones con las autoridades turcas sobre las posiciones encontradas que ambos países mantienen en la guerra de Gaza, su oficina anunciaba una recompensa de hasta 10 millones de dólares (9 millones de euros) por información sobre cinco miembros de la estructura financiera de la organización “terrorista” Hamás, tres de ellos ―se cree― radicados en Turquía.

Los dirigentes de Israel y sus aliados en Washington están convencidos de que, para acabar con la milicia islamista palestina, deben atacar sus fuentes de financiación y una estructura que incluye empresas e inversiones millonarias en diversos países, incluido un antaño aliado fiable como Turquía, que en la última década ha acogido a dirigentes del grupo, al que considera un “movimiento de liberación”.

Grupo terrorista o movimiento de resistencia, la lucha armada de Hamás cuesta dinero: para comprar armas, mantener infraestructuras militares (fábricas de drones y cohetes, túneles, búnkeres y cuarteles), pagar el salario de los combatientes y las compensaciones a las familias de aquellos que mueren. Y Gaza ―base operativa del grupo― no es precisamente un vergel económico: el bloqueo israelí ha dejado a la mitad de los gazatíes en paro y a la población con una renta per cápita de apenas 1.150 dólares, unos 1.000 euros. Entonces, ¿de dónde sale la infraestructura económica para mantener a Hamás?

“Hasta que Hamás tomó el control del Gobierno de la Franja, se financiaba principalmente gracias a Irán y al abuso de las organizaciones benéficas”, explica a EL PAÍS Matthew Levitt, director del Programa Contra el Terrorismo del Instituto Washington y antiguo empleado del Tesoro estadounidense y del FBI: “Pero en los últimos 10 o 15 años, su principal fuente de ingresos ha sido el control del territorio en Gaza”. El presupuesto operacional y militar de Hamás se estima en unos 550 millones de euros anuales, es decir, al nivel del gasto militar de Estados con parecida población a la de Gaza como Eslovenia, Letonia o Armenia. O lo que es lo mismo, algo más de 230 euros per cápita (el gasto militar per cápita de Israel es 10 veces superior).

El Gobierno de Hamás impone tasas a la importación de productos a través de los pasos fronterizos y, cuando estos no están abiertos, de los túneles con los que se abastece la Franja desde Egipto. Sumado a los impuestos a actividades comerciales, supone una recaudación de unos 450 millones de euros anuales. Al mismo tiempo, Gaza recibe en torno a 2.000 millones de dólares (1.850 millones de euros) anuales de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania y de la cooperación internacional, incluidas la ONU, la Unión Europea y Qatar. Este último entrega 360 millones de dólares anuales ―hasta hace unos años en maletines con dinero en efectivo― para el pago de los salarios de funcionarios y como ayuda a las familias más necesitadas, según un acuerdo cerrado con el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Expertos como Levitt creen que no todo este dinero presupuestado para Gaza va a la población, sino que una parte se mezcla con gastos operacionales de Hamás, por ejemplo, el pago a combatientes que formalmente son empleados como funcionarios: tras el atentado del 7 de octubre, las autoridades israelíes desvelaron la identidad de algunos atacantes que supuestamente trabajaban como policías y funcionarios de la Administración gazatí. Esta fuente de ingresos se da por acabada con la práctica destrucción y nueva ocupación israelí de Gaza.

Irán sigue siendo un contribuyente claro y notorio, particularmente del brazo armado de Hamás, las brigadas Ezedin al Qasam. El propio líder político de la organización, Ismail Haniya, reconocía en una entrevista a la cadena Al Jazeera en 2022 que Irán había aportado 70 millones de dólares (63 millones de euros) para reforzar su defensa. Y las estimaciones de los expertos varían entre esa cifra y los 120 millones anuales. Además, el grupo palestino continúa recibiendo donaciones de la diáspora palestina y de individuos en diversas partes del mundo en campañas de micromecenazgo que anuncia a través de redes sociales. Los fondos son enviados a Gaza a través del método de hawala o mediante criptomonedas, si bien este último se ha revelado menos seguro, ya que se pueden rastrear gracias a la tecnología blockchain. La inteligencia estadounidense e israelí ha denunciado que importantes nodos de estas transferencias ―casas de cambio de divisa y de criptomonedas― usadas por Hamás se hallan en Turquía.

El emporio empresarial de Hamás

Pero para evitar esta dependencia de los donantes ―por ejemplo, las contribuciones de Teherán se redujeron notablemente cuando Hamás se alineó con la oposición siria en contra del régimen aliado de Irán a inicios de la pasada década―, el grupo palestino estableció un comité financiero, cuyos líderes residen desde hace más de tres décadas en el extranjero (primero en Jordania, luego en Arabia Saudí y posteriormente en Turquía), y una oficina de inversiones dependiente del Consejo de la Shura de Hamás. Según la inteligencia de EE UU, Zaher Jabarin es el jefe de las Finanzas de Hamás desde 2017 y se cree que reside en Turquía; la oficina de inversión ha sido dirigida por Ahmed Odeh, Usama Ali y Hisham Qafisheh, y todos ellos han residido o han pasado por Turquía. Qafisheh, que ha tenido cargos directivos en varias empresas manejadas por Hamás, obtuvo la nacionalidad turca en 2021 y cambió su nombre por el de Hasmet Aslan, según datos del registro mercantil consultados por EL PAÍS.

El Tesoro de EE UU estima que los activos de Hamás en el extranjero ascienden a 500 millones de dólares e incluyen empresas como el grupo Al Zawaya, que mantiene filiales en Chipre, Turquía, España (una empresa inmobiliaria en Valencia) y Sudán, y que recibió jugosos contratos en carreteras, minería y en el sector agrícola en este país africano hasta la caída del dictador islamista Omar al Bashir. Estados Unidos también ha sancionado en los últimos meses a otras empresas constructoras y de desarrollo inmobiliario que considera parte del entramado financiero de la milicia, como la argelina Sidar, la saudí Anda y la emiratí Itqan Real Estate JSC, que Hamás intentó vender en 2019 por 150 millones de dólares.

“Estados Unidos tiene una larga tradición de sancionar a personas inocentes sin pruebas concretas”, se queja Ali Bakir, experto en Turquía y profesor de la Universidad de Qatar, para quien estas acusaciones son parte de una campaña destinada a contrarrestar las denuncias de “genocidio” a Israel: “Algunos círculos de Washington están tratando de extorsionar a los países que defienden a los palestinos, como Turquía”.

La empresa que más polvareda ha levantado tras ser señalada por Washington es la turca Trend GYO, una compañía que cotiza en Bolsa y que recientemente concluyó la construcción del nuevo edificio de la Universidad Comercial, una institución vinculada a la Cámara de Comercio de Estambul. La empresa turca fue fundada en 2006 por Qafisheh y el ciudadano saudí Saleh Mangoush bajo el nombre de Anda Gayrimenkul, que cambió por Trend GYO en 2017. Ya en mayo de 2022, el Tesoro estadounidense la incluyó en su lista de sanciones al identificarla como uno de los “componentes clave del grupo de activos globales de Hamás” y, desde entonces, varios directivos y accionistas han sido sujetos a otras tres rondas de sanciones.

“En realidad no es difícil para Hamás hacer estas cosas”, explica Levitt: “Lo único que necesitan es gente que no vaya por ahí con el uniforme de Hamás y que esté dispuesta a manejar una compañía y, cuando esta reparta dividendos, desviar parte de ellos o todos a Hamás”. Sobre el papel, todo funciona como es debido, de hecho es sometida a auditorías independientes y al escrutinio de la Comisión del Mercado de Valores de Turquía. Tanto es así que, según una investigación de The New York Times, clientes internacionales han adquirido acciones de Trend GYO a través de bancos estadounidenses y europeos, incluida la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ironías del capitalismo global.

El Ministerio de Finanzas turco afirmó el mes pasado que ha revisado las cuentas de Trend GYO y las personas relacionadas con ella y concluyó que “no han abusado del sistema financiero turco” y que en ningún modo está relacionada con los ataques a Israel del 7 de octubre. En declaraciones a EL PAÍS, una fuente de la compañía tachó de “mentiras” las alegaciones del Tesoro de Estados Unidos: “No tenemos ni idea de por qué nos atacan; quizás porque nuestros inversores iniciales eran palestinos, pero hace tiempo que lo dejaron y abandonaron Turquía. La actual dirección ni siquiera los conoce personalmente”.

En los últimos tres años se ha producido una constante renovación del consejo directivo y del accionariado, con la salida de la mayoría de los inversores árabes, según el registro mercantil. En su lugar han entrado varios cargos vinculados con el AKP, el partido del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y, pese a las sanciones, las acciones de la constructora han ganado valor.

Amer Alshawa, uno de los supuestos financieros de Hamás por los que Estados Unidos ofrece la recompensa de 10 millones de dólares y que en 2015 fue detenido en Emiratos Árabes Unidos como sospechoso de ayudar a la organización palestina, ejerció como director general de Trend GYO entre 2007 y 2019. En una entrevista con The New York Times negó tener relaciones con Hamás, pero aseguró tener sospechas de que los miembros del Consejo sí que colaboraban con el grupo: “En realidad no me importaba, yo estaba ahí para hacer dinero”.

Los dividendos que aporta el conglomerado de inversiones internacionales a Hamás se estiman entre 10 y 20 millones de dólares anuales. “Estas inversiones no son líquidas. No son dinero efectivo al que puedas acceder inmediatamente”, puntualiza Levitt. Su importancia radica más en que es un fondo al que recurrir en momentos de necesidad. Por ejemplo, unos documentos de contabilidad obtenidos por el espionaje israelí permitieron establecer que, tras la guerra de 2014, Hamás vendió activos por valor de 75 millones de dólares para reconstruir parte de su infraestructura en Gaza.

Ahora, tras la destrucción de la Franja, la semilla de la reconstitución del grupo islamista podría empezar también por ahí. “Estas inversiones generan continuos ingresos, y a menos que sean identificadas y congeladas, continuarán haciéndolo. Pero dados los países donde se encuentran, es poco probable que vayan a ser congeladas”, opina Jessica Davis, experta en inteligencia financiera y antigua empleada de los servicios secretos de Canadá: “Si el grupo pierde el control de Gaza, casi todos sus activos podrán ser usados para actividades militares o terroristas”.

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