Human Rights Watch denuncia la muerte de 223 civiles a manos del ejército en Burkina Faso

Militares de Burkina Faso asesinaron al menos a 223 civiles, entre ellos 56 niños, en dos pueblos del norte del país el pasado 25 de febrero, según un informe de Human Rights Watch (HRW) hecho público este jueves. Supervivientes de la masacre aseguraron a esta organización internacional que efectivos del Ejército burkinés llegaron ese día a las localidades de Nondin y Soro y comenzaron a disparar de manera indiscriminada contra los aldeanos, a quienes acusaron de complicidad con un grupo yihadista que horas antes había atacado una base militar a unos 25 kilómetros. Se trata de una de las peores masacres cometidas por las Fuerzas Armadas burkinesas contra civiles desde que en 2015 comenzara la violencia de grupos yihadistas en este país del Sahel.

Entre el 24 y el 25 de febrero de 2024, yihadistas armados lanzaron diversos ataques contra objetivos civiles y militares en la provincia de Yatenga, entre ellos contra la base militar de Ouahigouya, en el norte de Burkina Faso. En respuesta, las Fuerzas Armadas lanzaron una contraofensiva que les llevó primero hasta el pueblo de Nondin y luego hasta Soro, a unos cinco kilómetros de distancia. “Antes de que los soldados comenzaran a dispararnos, nos acusaron de complicidad con los yihadistas”, aseguró a HRW una superviviente de Soro de 32 años que recibió un tiro en una pierna, “decían que no habíamos cooperado con el Ejército porque no les informamos de los movimientos de los yihadistas”.

Según los testigos, sobre las nueve de la mañana de ese día unos 100 militares llegaron a Nondin, pueblo situado junto a la carretera nacional, y comenzaron a ir puerta por puerta para sacar de sus casas a todos los vecinos. Una vez estuvieron todos fuera, comenzaron a disparar, explica el informe, persiguiendo a aquellos que trataron de huir o esconderse. Los hechos fueron similares en Soro, a donde los militares llegaron dos horas más tarde. Un campesino de 48 años que sobrevivió a la masacre tras protegerse detrás de un árbol explicó a los investigadores que primero separaron a los hombres y mujeres y que después les dispararon. A partir de los testimonios de 23 personas, entre ellas 14 testigos de la masacre, HRW ha elaborado dos listas con los nombres de las víctimas. Supervivientes y vecinos de aldeas cercanas fueron obligados a enterrar los cuerpos en 11 fosas comunes, tres en Nondin y ocho en Soro.

El propio 25 de febrero, la televisión pública burkinesa informó de que los militares habían lanzado una operación de contrainsurgencia tras el ataque a la base militar de Ouahigouya y que la Brigada de Intervención Rápida (BIR) había perseguido a los yihadistas que huyeron hacia Thiou, a través de la carretera que pasa junto a Nondin y Soro. Al día siguiente, vecinos de ambos pueblos acudieron al puesto de policía de la capital regional para denunciar los hechos y el fiscal abrió una investigación.

Gobierno golpista

“Las masacres de Nondin y Soro son solo las últimas cometidas por los militares de Burkina Faso en sus operaciones de contrainsurgencia”, aseguró Tirana Hassan, directora ejecutiva de HRW. “El reiterado fracaso de las autoridades para prevenir e investigar tales atrocidades subraya por qué la asistencia internacional es fundamental para apoyar una investigación creíble de posibles crímenes de lesa humanidad”, añadió. Antes de publicar su informe, esta organización verificó vídeos y fotografías tomadas por los supervivientes e identificó los lugares concretos donde se encuentran las fosas comunes.

El Ejército de Burkina Faso, país controlado por los militares tras los dos golpes de Estado de 2022, ha sido acusado en varias ocasiones de masacres y ejecuciones extrajudiciales cometidas contra civiles. Una de las peores hasta ahora sucedió el pasado mes de diciembre en los alrededores de Djibo, donde fueron asesinadas unas 150 personas, entre ellas mujeres y niños, tras una operación militar conducida por las fuerzas especiales de la BIR. Asimismo, en abril de 2023, el Ejército fue señalado por la masacre de Karma, en la que también fueron ejecutados unos 200 civiles. En todos los casos y pese a los testimonios de testigos y supervivientes, el Gobierno acusó a los yihadistas de ser los autores de estos crímenes.

Desde 2015, Burkina Faso se enfrenta a una insurgencia yihadista protagonizada por las ramas locales de Al Qaeda y el Estado Islámico en el Sahel. Los grupos armados han provocado miles de muertos y el desplazamiento de más de dos millones de personas de sus hogares. La inseguridad provocada por este conflicto está en el origen de los golpes de Estado de 2022, el último de los cuales llevó al poder al capitán Ibrahim Traoré, quien anunció como su objetivo prioritario la recuperación del territorio bajo control de los grupos yihadistas. Desde entonces, Burkina Faso vive un retroceso en materia de derechos humanos y libertades. Líderes políticos y activistas críticos con el régimen han sido alistados a la fuerza en los Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP) y llevados al frente de batalla.

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