Giorgia Meloni maniobra para excluir el acceso al aborto de la declaración del G-7
La mandataria ultraderechista italiana provoca un pulso diplomático con su intento de eliminar del comunicado de la cumbre las referencias a una prestación sanitaria segura y legal
En plena batalla por el acceso al aborto seguro y legal en medio mundo, la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, está maniobrando para eliminar cualquier referencia a esa práctica de la mesa de los líderes del G-7. La mandataria de Italia, país que ejerce la presidencia rotatoria anual del grupo que reúne a algunas de las principales democracias del mundo, ha fulminado todo lo relacionado con la interrupción voluntaria del embarazo de la declaración que se negocia estos días en la cumbre del grupo en Puglia, en el sur de Italia.
“Afirmamos la importancia de preservar y asegurar el acceso efectivo al aborto seguro y legal y los cuidados post-aborto”, decían los primeros borradores de la declaración política de los líderes de Estados Unidos, Japón, Canadá, Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido y de la UE, que se reúnen desde este jueves hasta el sábado. Sin esa referencia, el nuevo texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS y que aún se está negociando, es mucho más débil. La declaración de la cumbre anterior del G-7, el año pasado en Hiroshima, sí incluyó mención al aborto seguro y legal y los cuidados tras un aborto. La maniobra va en línea con las políticas contra el derecho a decidir que ha emprendido en casa la ultraconservadora italiana.
Este diario contactó con una portavoz de la presidencia italiana para preguntar por qué el Gobierno de Meloni había excluido del borrador de declaración final de los líderes la referencia al “pleno compromiso” para el acceso a “abortos seguros y legales y a cuidados post-aborto”. La portavoz declinó comentar la cuestión y apuntó a que el Gobierno italiano “hablará de las conclusiones del G-7 solo cuando sea difundido el comunicado final”. Posteriormente, fuentes de la presidencia italiana precisaron que “ningún Estado ha pedido eliminar la referencia sobre el aborto de la declaración”.
Una fuente conocedora de la negociación señala, sin embargo, que fue la presidencia italiana quien quitó la referencia entre un borrador y otro y que, al constatar el retroceso en el lenguaje de la declaración, la delegación europea y la francesa han reaccionado y han pedido que se recupere la mención al aborto. El asunto es, pues, objeto de un pulso diplomático. En las cumbres, son las presidencias quienes manejan los borradores de conclusiones. El borrador de la declaración sí incluye un compromiso para promover los derechos sexuales y reproductivos.
“Choque de valores”
“Estamos ante un claro choque de valores entre los miembros del G-7″, dice un alto diplomático europeo que participa en los debates. “Es muy lamentable que se haya debilitado el lenguaje sobre el aborto. Es deber del G-7 mostrar liderazgo en la promoción de esos valores, no dar marcha atrás en ellos”, añade.
El derecho al aborto legal y seguro ha vuelto a ser una lucha en los últimos tiempos. En Estados Unidos, después de una decisión del Tribunal Supremo, una veintena de Estados prohíben o restringen el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. En Europa, las organizaciones antiabortistas y los gobiernos ultraconservadores han amagado con retrocesos en este derecho. Para la Administración de Joe Biden, este es un tema nuclear —ha prometido volver a la doctrina anterior que garantizaba, aunque con muchos matices, el acceso—. Francia blindó el derecho al aborto incluyéndolo en su Constitución hace unos meses.
El pulso negociador en el G-7 a cuenta del aborto es, en varios sentidos, emblemático de la actual época política. Muestra la evolución de las tácticas de actuación de la ultraderecha. Por otro lado, es un símbolo de la política sobre la interrupción voluntaria del embarazo de Meloni, de su estrategia para avanzar en los objetivos tradicionales de la ultraderecha con tácticas novedosas, que parezcan menos radicales que las del pasado.
La primera ministra italiana prometió repetidamente en la campaña electoral que la encumbró que no tocaría la ley del aborto. Hasta ahora, ha mantenido esa promesa. Sin embargo, ha promovido toda una serie de iniciativas dirigidas a socavar el derecho al aborto por otros medios. Meloni y su partido —Hermanos de Italia, una formación de raíces neofascistas— han maniobrado para dificultar el acceso a la píldora abortiva, impulsado propuestas para que las embarazadas tengan que escuchar el latido del feto o para permitir a las asociaciones contra el derecho a decidir (autodenominadas provida) acceder a las clínicas donde las mujeres buscan información o acuden para interrumpir el embarazo.
En este último caso, hasta ha intentado canalizar fondos europeos del plan de recuperación de la pandemia para favorecer a asociaciones de ese tipo. En Italia, la interrupción del embarazo es legal en las primeras semanas y después si hay peligro para la mujer o por anomalías fetales graves; pero la alta tasa de objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y otras trabas complican el acceso a esta prestación.
Meloni, que llegó al Gobierno italiano aupada por otro partido de derecha extrema, la Liga, y los conservadores más tradicionales de Forza Italia en 2022, también ha tratado de cambiar la imagen de partidos de ultraderecha de antaño subrayando su posición europeísta constructiva: siguiendo las pautas a favor de Ucrania y de la OTAN, sin hacer ruido en política monetaria y presionando para un pacto migratorio duro, pero sin romper la baraja. Sin embargo, pese al cambio táctico, persigue los objetivos tradicionales de otra manera.
Entre el 4,7% y el 13,2% de las muertes maternas se deben a un aborto peligroso, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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