Una jueza limita el acceso del equipo de Elon Musk al sistema de pagos del Tesoro de Estados Unidos

Los demócratas aseguraron que los jueces tendrían un papel decisivo en la resistencia ante posibles vulneraciones de la ley y la Constitución por parte del Gobierno de Donald Trump. En menos de tres semanas de la nueva presidencia, ya han tomado algunas decisiones de calado. Tras suspender la abolición del derecho a la ciudadanía por nacimiento, este jueves han dictado resoluciones que frenan el ímpetu de Elon Musk y su equipo por recortar la Administración federal. Por un lado, una jueza ha limitado el acceso del equipo del multimillonario a los sistemas de pagos del Tesoro. Por otro, un juez de Massachusetts ha suspendido el plazo dado por la Casa Blanca para que los funcionarios se acogieran a un plan de bajas incentivadas.

La jueza federal de Washington Colleen Kollar-Kotellyon ha dictado este jueves una resolución en la que limita cautelarmente el acceso del equipo del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) al sistema de pagos del Departamento del Tesoro. Ese acceso del equipo de Elon Musk para monitorizar los desembolsos federales había provocado un fuerte escándalo en Washington. La jueza ha emitido una orden de dos páginas, con el consentimiento de los sindicatos y del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que prohíbe al Tesoro proporcionar acceso “a cualquier registro de pago o sistema de registro de pagos mantenido por o dentro de la Oficina del Servicio Fiscal”, con algunas excepciones.

Las excepciones son Tom Krause y Marko Elez, miembros del DOGE en calidad de “empleados públicos especiales”. Krause es director ejecutivo de Cloud Software Group, y Marko Elez, un ingeniero que ha trabajado para SpaceX y la red social X. La jueza deja claro que solo tendrán capacidad de lectura o consulta de los datos si es en cumplimiento de sus obligaciones y sin poder bloquear los desembolsos. También se permite a los funcionarios del Departamento del Tesoro que necesiten acceder al sistema de registros en el desempeño de sus funciones y a las otras personas autorizadas por la ley.

La resolución se mantiene mientras ella considera la solicitud de los demandantes, entre los que se incluyen sindicatos de la función pública, de una suspensión más larga mientras se entra en el fondo de la demanda. El escrito subrayaba lo delicados que son los datos con los que cuenta el Tesoro y su obligación de preservar la confidencialidad de los mismos, pues entre ellos se encuentran datos personales, teléfonos, correos electrónicos, datos bancarios y las declaraciones de impuestos de los ciudadanos ante los que hay deber de secreto.

Según la demanda, “en su primera semana como Secretario del Tesoro, el demandado Bessent violó estas restricciones. Elon Musk y/o otros miembros de DOGE habían intentado acceder a los registros de la Oficina durante algún tiempo, solo para ser rechazados por el empleado que entonces estaba a cargo”, que era el secretario en funciones.

“Una semana después de haber prestado juramento como secretario del Tesoro, el señor Bessent puso a ese funcionario en excedencia y concedió a las personas afiliadas al DOGE pleno acceso a los datos de la Oficina y a los sistemas informáticos que los albergan. Lo hizo sin hacer ningún anuncio público, sin dar ninguna justificación legal o explicación de su decisión, ni emprender el proceso requerido por la ley para modificar las políticas de divulgación de la agencia”, afirmaban los demandantes. “Las personas que deben compartir información con el Gobierno federal no deberían verse obligadas a compartir información con Elon Musk o su DOGE”, añadía la demanda, presentada este lunes.

El equipo de Musk se ha presentado en otros departamentos y agencias federales para tratar de acceder a sus datos. Según algunas informaciones, en ocasiones los están descargando para intentar buscar recortes de gastos apoyándose en la inteligencia artificial. Hay más demandas presentadas contra los intentos del DOGE de acceder a los sistemas. Algunos funcionarios federales se han resistido a acceder a las peticiones de Musk.

Esta semana hubo una manifestación frente al Departamento del Tesoro, contiguo a la Casa Blanca, para protestar por esas prácticas. Entre los que se dirigió a los asistentes estaba Chuck Schumeer, líder de la minoría demócrata del Senado. “Estamos aquí para decirle a Elon Musk y a DOGE que un escuadrón secreto de hombres de la compañía no puede llevar a cabo una opa hostil de la Seguridad Social y la información fiscal de Estados Unidos en plena noche”, dijo Schumer.

En el propio Senado, Schumer también clamó contra los trabajos que está acometiendo el equipo de Elon Musk. “Sea lo que sea lo que esté haciendo DOGE, no es democracia. Esto no es una empresa tecnológica emergente. Se trata de instituciones públicas que se ocupan de la Seguridad Social, Medicare, la defensa nacional y velan por el bienestar del pueblo estadounidense. El pueblo tiene derecho a participar en ese debate”, afirmó. “Nada clama más democracia que un escuadrón secreto de hombres de la compañía que se apodera de la información fiscal y de la Seguridad Social de Estados Unidos en plena noche”, sostiene Schumer.

Cuando Trump designó a Musk para estar al frente del DOGE, el multimillonario prometió “hacer temblar el sistema”. El presidente le encargó acabar con “el despilfarro y el fraude masivo” en la Administración. Trump ha recurrido a bulos para ilustrar ese supuesto despilfarro, mientras que ha cortado la ayuda al exterior de cuajo. El republicano defiende a Musk como un experto en recortar costes.

Bajas de funcionarios

Una de las medidas que ha puesto en marcha es pedir la renuncia de los funcionarios a cambio de seguir cobrando hasta septiembre. La oferta vencía este jueves a medianoche y por ahora se habían acogido a ella unas 40.000 personas, en tono a un 2% de los empleados públicos, según las últimas cifras publicadas. Eso está claramente por debajo de los objetivos del 5% al 10% que perseguía la Casa Blanca. Sin embargo, un juez de Massachusetts ha suspendido ese plazo límite en una resolución dictada este jueves.

Los sindicatos de empleados federales han instado a sus miembros a no aceptar el acuerdo, cuestionando su legalidad y aplicabilidad. “Los empleados federales no deben dejarse engañar por las hábiles palabras de multimillonarios no elegidos y sus lacayos”, dijo en un comunicado Everett Kelley, presidente nacional de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno.