Un juez ordena mantener la financiación federal a los tratamientos de transición de menores trans en Estados Unidos

Un juez federal ha ordenado este jueves a la Administración del presidente Donald Trump que mantenga la financiación federal a los hospitales que ofrecen tratamientos de transición de género a menores de 19 años, después de que el 29 de enero el presidente emitiera una orden ejecutiva que ponía fin al apoyo del Gobierno a esas terapias. La orden de restricción temporal del decreto por parte del Tribunal de Distrito de Maryland responde a un caso presentado por seis adolescentes transgénero de entre 12 y 18 años, junto con padres y grupos de activistas, que habían solicitado el bloqueo de la orden ejecutiva. También las autoridades de algunos Estados, como el de Nueva York, se habían movilizado en los últimos días para revertir el decreto presidencial. Especialmente combativas han sido la gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, y la fiscal del Estado, la también demócrata Letitia James.

El bloqueo no supone una decisión definitiva sobre las cuestiones legales subyacentes, pero es un revés para el presidente, al poner freno a su vasta ofensiva para impedir al Gobierno federal y las instituciones financiadas por los contribuyentes el reconocimiento de las personas transgénero de acuerdo con las identidades que abrazan. A principios de este mes, otro juez federal bloqueó la directiva de Trump para suspender el tratamiento médico de transición de género para los presos federales, y para alojar a las reclusas transgénero con los hombres.

El pasado día 5, Trump aprobó la cuarta orden de la ofensiva transfóbica, la prohibición de la participación de mujeres trans en competiciones deportivas femeninas. También ha vetado a los trans en el Ejército.

Los demandantes en el caso visto este jueves en Maryland, que viven en ese Estado y los de Nueva York y Massachusetts, dicen que su acceso al tratamiento de transición de género se ve amenazado por dos órdenes ejecutivas que Trump anunció inmediatamente después de tomar posesión. Una ordena a las agencias federales que garanticen que las subvenciones para investigación o educación no apoyan la llamada “ideología de género”, un concepto arrojadizo políticamente que es la bestia negra del trumpismo y buena parte de la ultraderecha global y que, según el mandatario, permite que los médicos “mutilen” y “esterilicen” a “jóvenes impresionables” en todo el país. La segunda insta específicamente a las agencias a retener los fondos de los proveedores médicos que ofrecen bloqueadores de la pubertad, terapias hormonales y cirugías de reasignación a personas menores de 19 años que emprenden la transición de género.

Tras emitir esta última orden, se lee en la demanda, varias clínicas cancelaron citas a sus pacientes. Los litigantes citaban un comunicado de prensa de la Casa Blanca de principios de febrero, según el cual la orden ejecutiva del presidente “ya está teniendo el efecto previsto”, y adjuntaban varios anuncios de hospitales. La retención de los fondos ordenada por el presidente viola según los demandantes las garantías de igualdad de protección y entra en conflicto con las protecciones federales contra la discriminación sexual contempladas en el Obamacare (ley de Protección al Paciente y Cuidado Asequible, en su nombre oficial) y otros estatutos. Cuatro padres de menores transgénero que también son demandantes en el caso afirman que las órdenes violan los derechos del debido proceso en virtud de la Quinta Enmienda cuando se trata de sus decisiones sobre la atención médica para sus hijos.

Entre los demandados aparecen funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos y de varios organismos que conceden becas de investigación y educación médica, entre ellos los Institutos Nacionales de Salud, la Administración de Recursos y Servicios de Salud y la Fundación Nacional de Ciencias. Los demandantes individuales no se nombran en los documentos judiciales y se describen utilizando seudónimos. Desde que empezó la lluvia de decretos y ordenes, el pasado 21 de enero, la comunidad científica ha dado varias veces la voz de alerta por los intentos de Trump de cercenar investigaciones potencialmente incómodas para el ideario antigénero de los republicanos.