El expresidente filipino Duterte llega a Países Bajos y queda a disposición del Tribunal Penal Internacional

El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte, que estuvo en el poder entre 2016 y 2022, ha aterrizado este miércoles en el aeropuerto de Róterdam (Países Bajos) procedente de Manila. Fue entregado el martes por el Gobierno filipino en cumplimiento de la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) y está acusado de crímenes contra la humanidad.

La resolución judicial considera que hay motivos razonables para creer que, entre noviembre de 2011 y marzo de 2019, Duterte fue coautor indirecto de asesinato, torturas y violaciones de civiles en nombre de la guerra contra las drogas desatada durante su mandato. Ahora será trasladado a La Haya y pasará a disposición del TPI, que le explicará sus derechos y decidirá si hay pruebas suficientes para juzgarlo. Un grupo de manifestantes se ha concentrado ante la sede del TPI con pancartas que exigían “justicia no solo para las víctimas sino para todo el pueblo filipino”.

Para los jueces del TPI, hay motivos razonables para creer —en virtud de la acusación de la Fiscalía— que el expresidente filipino puede ser considerado penalmente responsable de al menos 19 ejecuciones extrajudiciales a manos de un “escuadrón de la muerte” en la ciudad de Dávao —situada en la isla de Mindanao, al sur de Filipinas— cuando era su alcalde. En su etapa como presidente se cuentan por lo menos otras 24 muertes de presuntos delincuentes asesinados por miembros de las fuerzas del orden de Filipinas, o bien bajo su supervisión. Los ataques fueron generalizados y sistemáticos contra la población civil —una característica del crimen contra la humanidad— y se prolongaron durante varios años.

La causa está abierta por esas 43 muertes en las que, según el TPI, hay indicios de la participación directa de Duterte, pero la guerra contra las drogas bajo su mandato fue mucho más sangrienta: según datos oficiales de la policía de Filipinas, en esas operaciones perecieron unas 6.200 personas. Y la ONG Human Rights Watch, que cita a otras organizaciones similares, calcula que pudo haber hasta 30.000 muertes extrajudiciales. “Os arrojaré a todos [los considerados criminales] a la bahía de Manila y alimentaré a todos sus peces”, dijo Duterte —que cumple 80 años a finales de marzo— durante la campaña presidencial de 2016. “Olvidad las leyes sobre derechos humanos. Camellos, atracadores y holgazanes, será mejor que salgáis”, insistió.

Un informe de Naciones Unidas publicado en 2020 concluyó que la mayoría de las víctimas eran varones jóvenes y pobres de zonas urbanas, y que la policía no necesitaba órdenes para efectuar registros domiciliarios o detenciones. El trabajo fue preparado por Michelle Bachelet, entonces Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, y el que era ministro de Justicia de Filipinas, Menardo Guevara, replicó que sus temores eran infundados.

El TPI señala también que el expresidente filipino contribuyó a los crímenes al diseñar el proyecto de los ataques, supervisar a los escuadrones de la muerte y dotarles de armas y municiones. Se incluyen en la resolución los incentivos económicos, ascensos e inmunidad que ofreció tanto a policías como a sicarios para que mataran a los sospechosos.

La orden de arresto fue recibida a primera hora del martes por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en Manila. Duterte había retirado en 2019 a Filipinas del Estatuto de Roma, el tratado fundacional del TPI, pero este texto estipula que el tribunal conserva la jurisdicción sobre los delitos cometidos durante el periodo en el que el Estado ha sido miembro. Los delitos de su competencia son los de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, y uso de fuerza armada por un Estado contra otro.

El tribunal carece de policía propia pero, como Filipinas sigue siendo miembro de Interpol, esta pidió la detención a instancias de la corte. Esa es la razón aducida por el actual presidente filipino, Ferdinand Marcos y Romuáldez, para explicar el hecho de que se hubiera entregado a Duterte a la justicia internacional: estaba cumpliendo con los compromisos contraídos por su país con Interpol. El TPI solo actúa cuando la justicia de sus Estados miembros no quiere o no puede hacerlo. El hecho de que Marcos haya cooperado en su entrega es significativo y puede responder a intereses políticos.

Centro penitenciario

El avión que llevaba a Duterte aterrizó en Róterdam pocos minutos antes de las 17.00, con varias horas de retraso sobre el horario previsto, tras hacer una parada en Dubái en la que el exmandatario se sometió a un chequeo médico. Una vez en La Haya, sede del TPI, el expresidente será trasladado a la Unidad de Detención de Naciones Unidas de la ciudad. Es un pabellón especial, en el recinto penitenciario de la cárcel de Scheveningen, que se usa como centro temporal durante los juicios. No es la cárcel donde luego se cumplen las sentencias que dicta el TPI: estas se cumplen en otros países.

En 2018, Duterte anunció la retirada de Filipinas del Estatuto de Roma. Dio ese paso un mes después de que el TPI pusiera en marcha un estudio preliminar sobre la situación del país. Formalizó la salida en 2019, en un intento de eludir el escrutinio del tribunal, pero este aprobó una investigación formal en septiembre de 2021 que abarca el periodo en el que el país sí fue miembro: entre noviembre de 2011 y marzo de 2019. Suspendidas las indagaciones en noviembre de ese mismo año porque Filipinas dijo que estaba llevando a cabo las suyas, el tribunal concluyó en enero de 2023 que esos trabajos “no progresaban”. A partir de ese momento, la Fiscalía del TPI reanudó su labor.

“No tengo nada que ocultar. Lo que hice lo hice por mi país y por los jóvenes. Sin excusas. Sin disculpas. Si voy al infierno, que así sea”, dijo Duterte en 2024, en el Congreso de su país, durante una sesión sobre la guerra contra las drogas. A través del Estatuto de Roma, el TPI ofrece a las víctimas supervivientes y a sus familias la posibilidad de participar como testigos y beneficiarios de compensaciones como parte de la justicia que buscan.

Duterte será el segundo jefe de Estado en quedar a disposición del TPI, después del expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo (que fue juzgado y absuelto en 2019 de crímenes contra la humanidad, tras pasar casi una década detenido en La Haya). Hay, además, una treintena de órdenes de arresto sin ejecutar; entre ellas, las dictadas contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.