Un juez federal ordena que el estudiante palestino detenido tenga acceso directo y confidencial a sus abogados

La vista para determinar si el palestino Mahmud Khalil, detenido este fin de semana por su papel en las protestas contra la guerra de Gaza en la Universidad de Columbia, puede ser deportado pese a ser residente permanente legal en Estados Unidos se ha celebrado este miércoles en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, sin la presencia del detenido, recluido en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en sus siglas inglesas) en Jena (Luisiana). El juez Jesse Furman, que en teoría tiene el poder de impedir la expulsión de Khalil si considera que se han violado sus derechos, ha ordenado que se le permitan llamadas privadas con sus abogados y sopesa su traslado a Nueva York. La acusación, por el contrario, ha solicitado que el caso se transfiera a Nueva Jersey o Luisiana.

Desde que fue detenido, en la noche del sábado, Khalil ha mantenido solo una llamada son sus abogados, que según estos fue grabada e interrumpida bruscamente. El juez ha ordenado que se le permita contactar con la defensa dos veces, hoy y mañana, con la confidencialidad propia de una relación abogado-cliente. Es decir, sin que funcionarios del Gobierno tengan acceso a la conversación. Furman sostiene que las llamadas ayudarán a los letrados a revisar su recurso sobre la supuesta inconstitucionalidad de su detención. A las puertas del tribunal de Manhattan se han manifestado cientos de personas, como vienen haciendo desde que conociera la detención.

Condenado de antemano, sin pruebas, por la Casa Blanca, que considera que su activismo “se alinea con los terroristas de Hamás”, Mahmud no ha sido acusado formalmente de ningún delito y su arresto obedece a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de combatir el antisemitismo. En un comunicado, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia Mclaughlin, ha resumido el fundamento del caso en la supuesta adscripción de Khalil “a una organización como Hamás, declarada terrorista” por EE UU.

La abogada de Khalil, Amy E. Greer, presentó el domingo un recurso de habeas corpus para frenar la deportación, pese a lo cual fue trasladado el domingo a uno de los centros de retención del ICE, habitual antesala de una expulsión. Khalil no solo es residente legal, como titular de la conocida como tarjeta verde, también está casado con una ciudadana estadounidense, embarazada de ocho meses. El futuro de su estatus migratorio dependerá de un juez de inmigración, que deberá decidir si revoca su tarjeta verde.

Khalil, de 30 años y nacido en Siria, fue uno de los líderes de las manifestaciones contra la guerra de Israel en Gaza, que sacudieron el campus de Columbia el año pasado y se propagaron a los del resto del país. También fue uno de los mediadores con las autoridades de la institución para rebajar la tensión por la intervención policial en el campus para desalojar un edificio ocupado. Al no haber sido acusado de ningún delito concreto, su detención ha hecho saltar las alarmas sobre la libertad de expresión, consagrado por la Primera Enmienda de la Constitución. Para activistas y ONG de derechos civiles, el arresto de Khalil es un serio aviso para navegantes tentados a manifestarse en los campus. La represión de este derecho constitucional ha sido el principal considerando del juez en la vista de este miércoles.

El cese de una estudiante de Yale como subdirectora de un proyecto de la Facultad de Derecho después de que una web alimentada por IA revelara supuestos vínculos terroristas con Samidoun, un grupo declarado que Washington incluyó el año pasado en su lista de organizaciones terroristas, alimenta el temor de que la ofensiva de la Casa Blanca contra la libertad de expresión — y en concreto, la libertad de poder criticar a Israel— no ha hecho más que empezar. Samidoun es un grupo propalestino que Washington considera “una organización benéfica ficticia” del Frente Popular para la Liberación de Palestina.

La escalada hacia el activismo propalestino en los campus de la Administración republicana ha avanzado exponencialmente en los últimos días. El viernes Washington retiró 400 millones de dólares en fondos y contratos federales a la Universidad de Columbia, epicentro de las protestas la primavera pasada, por su tibia respuesta a las manifestaciones (oficialmente, debido a la “violencia implacable, la intimidación y el acoso antisemita” en el campus). Dos días antes, el Departamento de Estado confirmó que rastreará con ayuda de la IA la huella digital de los implicados en las protestas, para revocar los visados a los estudiantes que se demuestre han participado en ellas. En el punto de mira de la Administración de Trump hay actualmente 60 facultades en todo el país, todas ellas objeto de investigación de un grupo de trabajo específico contra el antisemitismo. La IA es el motor de la web que sacó a la luz los supuestos vínculos de la estudiante de Yale con el grupo propalestino.

El juez Furman, que es judío —buena parte de la comunidad judía estadounidense ha criticado la detención de Khalil y reclamado su liberación—, bloqueó el lunes la expulsión de Khalil del país “a menos y hasta que el Tribunal ordene lo contrario”. Desde 2011, cuando fue nombrado por Barack Obama, ha presidido varios procesos de alto perfil, incluido uno contra el antiguo hombre de confianza de Trump, el abogado Michael Cohen, y otro contra Michael Avenatti, exabogado de la actriz porno Stormy Daniels. Durante el primer mandato de Trump, Furman dictaminó que la Administración no podía incorporar una pregunta sobre ciudadanía al censo de 2020.