La campaña de reelección de Donald Trump amenaza la paz en Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha asegurado de que Colombia irrumpa en su campaña por la reelección en medio de la intensa puja que sostiene con el demócrata Joe Biden para asegurarse el voto latino en Florida, el de mayor peso entre los llamados Estados pendulares. Entre sus recientes mensajes de apoyo al expresidente Álvaro Uribe, el mentor político de Iván Duque, el republicano incluso ha reciclado las alusiones al “castrochavismo”, el término que acuñó la derecha colombiana congregada en torno al partido de Gobierno para atacar el acuerdo de paz que selló Juan Manuel Santos con la extinta guerrilla de las FARC.

Trump ha enfilado baterías contra ese pacto, arduamente negociado, que permitió el desarme de cerca de 13.000 rebeldes. Las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se convirtieron en un partido político que cuenta con diez escaños en el Congreso. “La anterior Administración negoció el terrible tratado Obama-Biden-Santos con los carteles de droga colombianos, se rindieron ante los narcoterroristas y causaron que la producción de drogas ilícitas se incrementara”, llegó a afirmar Trump el mes pasado en un evento en Miami, una retórica que recordó las banderas más radicales del uribismo, la corriente política que apoya al exmandatario.

La sociedad colombiana busca doblar la página de la violencia. A Duque, elegido hace dos años con el apoyo de los sectores que se opusieron a los diálogos de La Habana, le corresponde implementar un acuerdo que ha contado con el decidido respaldo del grueso de la comunidad internacional. Atrapado desde que se firmó hace cuatro años en el fuego cruzado de la polarización política colombiana, el acuerdo de paz ahora ve amenazada su frágil implementación en medio de la polarización de la campaña estadounidense.

Las abundantes críticas a la visión de Duque frente a los acuerdos, que ha prometido no “hacer trizas”, como reclaman los sectores más instransigentes de su partido, adquirieron un nuevo matiz esta semana. “El acuerdo no está siendo implementado satisfactoriamente”, valoró Bernard Aronson, quien fue el delegado especial de Estados Unidos para acompañar los diálogos de La Habana durante la administración de Barack Obama, un innegable espaldarazo a la negociación. “El apoyo que dio Obama al acuerdo de paz fue absoluto. Se comprometieron 450 millones de dólares para el denominado Plan Paz Colombia y cuando vino la nueva Administración, Donald Trump intentó borrar todo lo que se había hecho. En el único asunto en el que Trump parece estar interesado con respecto a Colombia es cuanta producción de coca hay”, añadió el diplomático estadounidense en una entrevista con el periódico El Espectador.

La respuesta no tardó. En una inusual salida diplomática, el embajador colombiano en Washington, Francisco Santos, exvicepresidente de Uribe, respondió las críticas de Aronson. “Sus planteamientos ignoran de manera dramática la realidad sobre nuestra convicción de avanzar en el cumplimiento de los compromisos pactados a través de la política de Paz con Legalidad. Los avances hablan por sí mismos”, aseguró el embajador. Diversas voces, sin embargo, cuestionan la voluntad política del Ejecutivo de Duque para implementar el pacto, y su ambigüedad le ha pasado factura.

Colombia debe avanzar a una nueva fase con un mayor enfoque territorial, especialmente allí donde la presencia del Estado ha sido precaria, subrayaba el pasado junio el Instituto Kroc para Estudios Internacionales de Paz. El cuarto informe del Instituto, encargado de hacer seguimiento a lo pactado, abarca el periodo comprendido entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019, el tercer año transcurrido desde la firma en el Teatro Colón de Bogotá. En ese periodo, el avance general de la implementación fue de apenas 6%, una cifra menor que en años anteriores.

La eventual reelección de Trump provocaría que el acuerdo de paz entre en crisis, advierte la internacionalista Laura Gil, muy involucrada en Defendamos la paz, una plataforma ciudadana para respaldar el pacto. “Hasta ahora se ha tratado de contener la capacidad del Gobierno de hacer trizas la paz. Si gana Trump, el empoderamiento para realmente hacer trizas la paz aumenta mucho. Lo que hay es un compás de espera de todo el mundo a ver que va a pasar en estas elecciones”, apunta.

“Las críticas de Aronson son las mismas que muchos defensores del acuerdo de paz hacen en Colombia. Al Gobierno le molesta que lo contradigan figuras que tienen un peso diplomático y una credibilidad que hacen que sus argumentos se caigan por su propio peso”, señala Sergio Guzmán, director de la consultora Colombia Risk Analysis. “La comunidad internacional tiene un papel importante en hacer que el Gobierno colombiano cumpla los compromisos que firmó como Estado”, valora el analista. Sin embargo, “bajo el Gobierno de Trump esto no ha importado, porque en realidad lo que le importa de Colombia no es la paz sino el narcotráfico y su posición frente a Venezuela”, añade. Bajo un administración demócrata, encabezada además por el que fue vicepresidente de Obama, sería otra historia.

El propio Duque ha reconocido que la relación con Washington está “narcotizada” ante los altos niveles de narcocultivos que heredó su Gobierno. Colombia tenía 154.000 hectáreas de cultivos ilícitos al cierre de 2019, según la medición oficial. El Ejecutivo colombiano se propone regresar a las polémicas aspersiones aéreas con glifosato, un herbicida potencialmente cancerígeno cuyo uso fue suspendido en 2015, pero la Casa Blanca de Trump lo promueve con insistencia por encima de los programas de sustitución voluntaria pactada con los campesinos que contemplan los acuerdos.

La batalla por la justicia transicional

El Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por Uribe, el más férreo crítico de los acuerdos, ataca con particular vehemencia el sistema de justicia transicional encargado de juzgar los crímenes más graves ocurridos en el marco del conflicto armado. Duque propuso en 2019 modificar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), considerada la columna vertebral del pacto, con una serie de objeciones que sufrieron una estruendosa derrota en el Congreso. Sin embargo, Uribe insistió el lunes, en su primera declaración luego de que la justicia ordenara su libertad tras de más de dos meses de arresto domiciliario por un caso de manipulación de testigos, en derogar la JEP y reformar los acuerdos.

Esa visión contrasta con la de la misión de verificación de la ONU en el país. “El proceso de justicia transicional está ganando impulso”, declaró el miércoles Carlos Ruiz Massieu, el jefe de la misión, en su informe trimestral al Consejo de Seguridad. “En las últimas semanas, varios de los principales líderes del partido FARC admitieron su responsabilidad por el papel que desempeñaron en diferentes crímenes cometidos durante el conflicto, demostrando de manera contundente que el proceso de paz está empezando a cumplir su promesa de dilucidar los horrores del pasado, que es un elemento esencial para sanar a la sociedad colombiana”, señaló.

El Ejecutivo de Duque está manejando un doble discurso, como ejemplifica que ante la ONU señale que está comprometido a que la JEP cumpla su propósito mientras que el partido de Gobierno se muestra empeñado en que eso no suceda, señala Guzmán. “Hay una diplomacia mixta sobre el tema que bajo Trump es tolerable para Estados Unidos, pero en un escenario distinto no creo que esa posición de Colombia sea tan apetecible”, apunta. “A nivel internacional ese doble discurso de no hacer en Colombia, y decir que se hace afuera, ya está agotado”, coincide Laura Gil.

Suscríbase aquí a la newsletter sobre las elecciones en Estados Unidos