El FBI investiga si los asaltantes planeaban tomar rehenes o matar a políticos

Poco a poco, los principales cabecillas del asalto al Congreso de Estados Unidos van cayendo. Primero fue Richard Barnett, el vándalo que entró en la oficina de Nancy Pelosi. Este sábado la policía detuvo a Jacob Anthony Chansley, el hombre que vestía un gorro de piel y cuernos y la cara pintada con una bandera, y a Adam Johnson, famoso por llevarse un atril. El FBI se centra ahora en establecer si la turba que irrumpió en el Capitolio, además de crear el caos, pretendía tomar rehenes e incluso matar a congresistas y ayudantes de estos.

Si el FBI acepta esa línea de investigación es porque, entre las muchas fotografías que han salido a la luz tras la irrupción de la turba trumpista en el Congreso, algunos de los asaltantes llevaban consigo bridas de plástico utilizadas para maniatar e inmovilizar a la gente. “No estamos tratando esto como una gran conspiración, pero queremos saber qué pretendían hacer esas personas con esas tiras plásticas”, declaro a The Washington Post un agente de la investigación que, como todos los citados por el diario de la capital de la nación, habló bajo la condición de anonimato.

Hasta el momento nada prueba, a través de las imágenes obtenidas y que siguen siendo analizadas al milímetro, que ninguno de los asaltantes intentara tomar rehenes y la explicación más lógica para el FBI es que algunos de los asaltantes son personas que formaban o forman parte de las fuerzas de seguridad o del estamento militar, razón por la que habrían portado ese material.

Respecto a las armas que cargaban, los investigadores federales quieren averiguar si entre sus planes estaba acabar con la vida de algún congresista, algo que temieron los agentes de policía del Capitolio cuando durante el asalto pidieron a los políticos que se arrancaran las insignias que les identificaban como senadores o congresistas.

Nuevas detenciones

Mientras tanto, cada día se producen nuevas detenciones y se presentan imputaciones. Hasta el momento, el Departamento de Justicia ha acusado a 13 personas de distintos delitos por los hechos cometidos contra el Congreso de EE UU. A los más de 60 detenidos que hubo tras los disturbios se van sumando las caras más conocidas hechas públicas a través de las imágenes del brutal asalto. La policía de Florida detuvo este sábado al asaltante que llevaba consigo, mientras saludaba sonriente a una cámara, el atril de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Se trata de Adam Johnson, de 36 años.

También está ya en una celda Jacob Anthony Chansley (también conocido como Jake Angeli), de Arizona, y apodado El chamán de QAnon, quien se hace llamar el Lobo de Yellowstone en su canal de YouTube y que entró en el Capitolio con unos cuernos, pieles en la cabeza y el pecho descubierto. Chansley, de 32 años, sigue el culto de QAnon, considerado una organización de terrorismo interno por el FBI, y que divulga una teoría enloquecida sobre la existencia de una camarilla global de pederastas adoradores de Satanás que supuestamente se han infiltrado en los niveles más altos del Gobierno estadounidense para acabar con Trump.

La Fiscalía de Washington DC informó también de la detención del republicano Derrick Evans, de 35, y miembro del Congreso del Estado de Virginia Occidental, que colgó en Facebook un vídeo animando a los vándalos y participando en el asalto.

Bajo custodia federal está también otro de los rostros más visibles y desafiantes del asalto: el hombre que se fotografió con los pies sobre la mesa del escritorio de Pelosi. Identificado como Richard Barnett, procedente de Arkansas, este hombre de 60 años había publicado en los días anteriores a la insurrección que se estaba preparado para “una muerte violenta”. Acérrimo seguidor de Trump y defensor del derecho a portar armas, Barnett se sumaba a las voces trumpistas del fraude electoral y aseguraba en su cuenta de Facebook que había “montañas de pruebas” de que lo sucedido el 3 de noviembre había sido una estafa.

Mientras se producen detenciones y se presentan cargos por entrada ilegal en el Capitolio, portar armas y destrucción de propiedad, el FBI tiene en su espejo retrovisor al grupo de hombres que formaban una milicia que el año pasado fueron detenidos en Michigan acusados de planear el secuestro de la gobernadora de ese Estado, la demócrata Gretchen Whitmer, y tomar rehenes. Aquella trama fue investigada durante meses y pudo pararse a tiempo. Ahora el FBI quiere tirar de un hilo similar en el Congreso.

La mayor amenaza desde el 11-S

Mientras el país intenta digerir lo ocurrido el pasado día 6 y los cinco muertos que causó el ataque, los expertos advierten de que la violencia podría volver a hacerse presente ante el día de la inauguración de la presidencia, el 20 de enero, cuando Joe Biden debe jurar el cargo como presidente y comandante en jefe de EE UU.

“Cada día vemos cómo se intensifica la retórica en las redes sociales de estos supremacistas blancos o seguidores de la extrema derecha que promueven el odio”, explicaba este sábado el director de la Liga Antidifamación, Jonathan Greenblatt, a la CNN. “Tememos que la violencia se acentúe en lugar de que se apacigüe”. En la nota en la que Twitter explicaba por qué suspendía definitivamente la cuenta del presidente Trump, la compañía advertía de que había observado planes para futuras protestas armadas “dentro y fuera de Twitter, incluido otro ataque propuesto contra el Capitolio de Estados Unidos y los edificios del Capitolio estatal el 17 de enero”.

David Laufman, alto cargo del Departamento de Justicia durante los ataques terroristas de Al Qaeda en 2001, considera válidos los titulares “La democracia de Estados Unidos, en peligro” y “El templo de la libertad, asaltado por una turba enajenada”. En su opinión lo sucedido el pasado miércoles supone “la mayor amenaza a nuestra seguridad nacional desde el 11 de septiembre”. Citado por The Washington Post, Laufman va más allá y considera el asalto incluso más peligroso porque es terrorismo interno, y pone “a nuestra democracia en peligro”.

Para este exfiscal federal, en este momento no debería haber mayor prioridad para el FBI y el Departamento de Justicia que investigar y sentar ante un juez a todos y cada uno de aquellos que hayan sido responsables del ataque contra el Capitolio. Laufman avisa de que no debería quedar fuera de la investigación quien incitó el ataque, en clara referencia al presidente saliente.

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