“Ojalá enfermes de cáncer”: empleado electoral, un trabajo de alto riesgo en Estados Unidos

La película experimental de la temporada en el Estado decisivo de Arizona es la transmisión multicanal en internet —24 horas al día, siete días a la semana— del proceso de tabulación de los votos por adelantado emitidos en el condado de Maricopa. Es una de esas películas en la que, como diría el personaje de Gene Hackman en La noche se mueve, ves crecer la hierba. Sus protagonistas, decenas de empleados electorales, pasan el día sentados por parejas formadas por un miembro de cada partido, verificando las papeletas defectuosas que la máquina de conteo de última generación no procesó correctamente. A veces, un técnico la abre y la limpia. A eso del mediodía, esos trabajadores, a los que no les está permitido tener móviles, comer o beber en la sala, se turnan para salir al almuerzo o a echar un pitillo. Es el momento más trepidante del día.

Las autoridades de este distrito ―con una población de unos 4,5 millones de habitantes, el que más rápidamente crece en Estados Unidos― decidieron colocar las cámaras para retransmitir esa fenomenal oda al aburrimiento en un alarde de transparencia, después de que en 2020 este edificio situado en una zona industrial de Phoenix se convirtiera en la zona cero de la Gran Mentira de Donald Trump, que perdió en este Estado decisivo por poco más de 10.000 votos y se negó a admitir esa derrota. Era la primera vez que Arizona elegía demócrata desde 1996 (Bill Clinton). Entonces, el Estado llevaba siendo rojo (republicano) desde 1948 (Harry Truman).

Simpatizantes incrédulos del aún presidente, muchos de ellos armados, se presentaron aquellos días aquí con personalidades de la gran industria conspiranoica estadounidense como el locutor Alex Jones a la cabeza. Fue la postal que dio la vuelta al mundo de un movimiento que negaba el resultado electoral y que cundió en otras partes del país, lugares en los que ganó Joe Biden también ajustadamente, como Wisconsin o Georgia. La campaña de Trump presentó decenas de demandas judiciales para revertir el resultado, pero ningún juez les dio la razón. En Arizona, la vida en los tribunales de esas querellas se prolongó durante más de medio año. Once “falsos electores” republicanos se juntaron de urgencia y, antes de que el recuento terminara tres semanas después del día de la votación, adjudicaron los votos electorales de Arizona a Trump. Esos hombres y mujeres aún esperan su juicio por aquellos hechos; está previsto para 2026, pero el Congreso estatal, de mayoría conservadora, ha aprobado una ley que podría ahorrarles ese trago.

Algunos empleados electorales, que vieron sus nombres publicados en internet, sufrieron amenazas. La cosa fue a peor en la siguiente cita, la de las elecciones de medio mandato de 2022, en las que perdió la candidata republicana a gobernadora, Kari Lake, y también denunció un fraude. No ayudó precisamente que en la jornada electoral decenas de máquinas de procesamiento de papeletas se estropeasen y eso entorpeciera el voto en algunos condados.

Nada garantiza que el próximo 5 de noviembre, día de la elección más reñida que se recuerda —en la que Lake repite como aspirante, esta vez a senadora— vaya a ser distinto. Pero al menos, “han instalado una valla de metal que impide el acceso al aparcamiento”, explicó Adrian Borunda, portavoz del Departamento de Elecciones del Condado de Maricopa durante una vista la semana pasada a las instalaciones. En la jornada electoral se reforzará la seguridad apostando francotiradores en el edificio donde se cuentan los votos y en las azoteas circundantes.

Antes, durante todo el año, el centro de recuento ha estado abierto a la visita de cualquier ciudadano que quisiera comprobar con sus propios ojos la “limpieza” del proceso. Stephen Richer, encargado del proceso electoral de Maricopa desde su cargo como recorder, calcula que ha celebrado “unas 80 reuniones” con votantes para darles explicaciones. Richer, que lleva años en el punto de mira de los negacionistas electorales, perdió las primarias del Partido Republicano en julio pasado y no se presenta a la reelección la próxima semana.

Tampoco continuará Bill Gates, tal vez el funcionario más famoso de Arizona. En su caso, se trata de una decisión personal. El año pasado le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático provocado por las amenazas recibidas, y ha decidido anteponer su salud y la tranquilidad de su familia al “compromiso cívico” que lo llevó a trabajar en la administración, también como representante del Partido Republicano, desde 2009. A partir de ahora, explicó la semana pasada en una entrevista en su despacho con unas impresionantes vistas a la ciudad de Phoenix que, dijo, echará de menos, trabajará en la Universidad Estatal de Arizona en un “laboratorio sobre los mecanismos democráticos”.

Después de pasar por otros puestos de la Administración, Gates, que fundó un grupo de Republicanos Adolescentes cuando estaba en el instituto, ganó las elecciones a supervisor del Condado de Maricopa en 2016. Logró “por los pelos” su reelección cuatro años después. “Nunca imaginé lo que aquel triunfo por la mínima iba a significar para mí a nivel personal”, aclara. Entre otras cosas, a Gates le han deseado, por escrito o en mensajes telefónicos, que contraiga cáncer o que violen a su hija, y lo han amenazado con ejecutarlo con un pelotón de fusilamiento. “Un tipo me mandó una carta”, recuerda Gates, “en la que me decía que sabía dónde vivo, y dónde compro la comida, y que sabía cómo envenenarla para matarme sin dejar rastro. Era un mensaje muy específico. Muy aterrador”. Un juez condenó a ese hombre hace unos meses a tres años de libertad condicional.

Tras las elecciones de 2022, su mujer aconsejó a Gates que fuera al médico porque lo veía “más irascible de lo habitual” y “como deprimido”. Ahí llegó el diagnóstico psiquiátrico.

El voto por anticipado en Arizona empezó el pasado 9 de octubre, y Gates lamenta que algunos ya hayan empezado a difundir “ese veneno del robo electoral” “Son capaces de mirar durante horas el streaming del centro de tabulación, y encontrar sospechas donde no las hay. No culpo a quienes se creen esas mentiras. La mayoría son buenas personas, pero están intoxicadas. Espero que todo se quede en unas palabras feas y que no traspase el límite de la violencia física”, explica el funcionario. A la difusión de esos bulos, repetidos una y otra vez por Trump en sus mítines, contribuyó decisivamente un documental titulado 2000 Mules (2022), cuyas conclusiones han sido negadas por las autoridades judiciales.

El día de nuestra entrevista, había prevista una conferencia de prensa para reforzar la transparencia del proceso, y al día siguiente, se programó una visita para los medios por las instalaciones de conteo. “Estamos haciendo todo lo posible para transmitir la confianza entre los electores, pero sabemos que no lograremos convencer a unos cuantos, contamos con ello”, admitió Borunda, desde este lado del cristal que separa la sala sin internet en la que los funcionarios cuentan las papeletas.

Una visita a un centro de votación en un centro comunitario de Scottsdale, ciudad pegada a Phoenix, bastó para comprobar que no todos los votantes están dispuestos a creer en el funcionamiento del sistema. En la cola para depositar la papeleta se formó una animada discusión en la que llevaron la voz cantante Brian (”esa es toda la información que vas a obtener de mí”, advirtió) y una mujer llamada Sandy Barrett-Jackson. Él contó que “una amiga suya” había visto cómo se computaba tres veces un voto para Kamala Harris, pero no tenía pruebas de ello.

“Robando ahora mismo”

“La elección la están robando ahora mismo, mientras hablamos”, sentenció Brian. ¿Y qué hay de los sondeos que la semana pasada pintaban mejor para Trump? “Todo es un truco para luego poder decirnos: ‘Oh, ganamos por los pelos’. Dirán que Harris consiguió 81 millones de votos, por 79 de Trump, ya lo verás. ¿Arizona es un Estado profundamente republicano que, de pronto, ganan los demócratas una y otra vez? No cuela. La pandemia [que hizo que, por razones sanitarias, se extendiera el voto por adelantado] les dio el pie para empezar a engañar masivamente”.

Barrett-Jackson, que llegó con la papeleta “rellena desde casa” ―la de Arizona tiene dos páginas, y se pide el voto para 79 cargos, entre ellos, el de presidente―, recordó por su parte un meme que sitúa una urna en un cementerio para bromear con una supuesta práctica demócrata de hacer votar a los muertos. Ambos pidieron que se volviera al voto en el día de las elecciones y que se endurecieran los requisitos de identificación de los votantes.

En otra oficina electoral del centro de Phoenix, un funcionario, que pidió hablar anónimamente porque la ley no le permite hacer declaraciones a la prensa, contó que desde que empezó el sufragio por anticipado no se habían registrado incidentes “salvo por los que vienen a influir en los votantes con extrañas teorías”. “Sin ir más lejos, antes he tenido que salir a echar a unos que estaban hablando con los ciudadanos donde no debían”, explicó.

Las normas de Arizona no permiten hacer proselitismo por ninguno de los partidos o tomar imágenes a menos de 25 metros de distancia del colegio electoral. El grupo de los expulsados aquella mañana vestía camisetas verdes y estaba un poco más allá, interceptando a estudiantes universitarios. No fue posible averiguar qué pretendían, ni quién los mandaba; primero buscaron al supervisor, y este, al ver la credencial de prensa, se alejó del lugar a paso rápido.

El Comité Nacional Republicano (RNC) lleva meses entrenando a un ejército de “observadores electorales” por todo el país. Dos terceras partes de sus simpatizantes, según las encuestas, creen que Biden ganó haciendo trampas. Los miles de voluntarios reciben cursos para vigilar un proceso del que dudan. “Una vez que se certifica una elección, ya no hay nada que se pueda hacer”, dijo el presidente del RNC, Michael Whatley, en un podcast de derechas a principios de octubre. “Estaremos allí antes, durante y después de la votación, para asegurarnos de que todo va a estar en orden”.

En Georgia ―donde las irresponsables difamaciones de Rudy Giuliani, entonces abogado de Trump, arruinaron la vida de una madre y una hija (que ahora esperan que Giuliani les pague los 148 millones de dólares de multa que le impuso el juez por esas insidias)―, han puesto “botones del pánico” al alcance de los empleados electorales.

En Wisconsin, otro Estado decisivo, les han dado cursos con técnicas de “desescalamiento de conflictos”, por si las necesitan para enfrentarse a algún votante desconfiado. Son las nuevas realidades de una tarea que solía ser anodina y que la conspiranoia ha convertido estos días en uno de los trabajos más peligrosos de Estados Unidos.

Michael Mirer, uno de esos voluntarios, que contará votos el 5 de noviembre en un suburbio de Milwaukee, explicó en una entrevista reciente que él se apuntó a esa tarea para entender cómo funcionaba el sistema por dentro y que llegó a la conclusión de que el “proceso es limpio”. “Cada voto puede trazarse desde su origen hasta el final”, aseguró. Mirer también recordó una de las últimas teorías de la conspiración del trumpismo, según la cual los inmigrantes sin papeles votan (demócrata), pese a que la ley lo prohíbe. “Es poco creíble que alguien en esa situación pueda exponerse a cometer un delito federal como ese, que lo pueda mandar durante décadas a la cárcel”, dijo.

En los días que siguieron a la votación de 2020, Gates, el supervisor del condado de Maricopa, recibió en el contestador un mensaje de Giuliani en el que le exigía la entrega de todas las papeletas y de las máquinas de conteo. Decidió no devolver esa llamada. Hoy, cuatro años después, presiones como aquella han logrado que deje su trabajo. Lo que no hará es abandonar el partido: “No pienso dejarme expulsar por quienes ahora lo controlan. Espero el día en el que volvamos a los principios por los que decidí hacerme republicano en tiempos de Reagan: la autonomía individual, el mercado libre y la defensa del Estado de derecho”. La “promoción de la paranoia”, añadió, no solía ser uno de esos principios.