La opacidad y las filtraciones marcan los primeros pasos del caso Lozoya

A los pocos días de tomar posesión, López Obrador prometió máxima transparencia en el caso Odebrecht, la trama de corrupción vinculada a la empresa brasileña que ya ha provocado un tsunami político en países como Perú, Colombia o el propio Brasil. Estancada durante más de dos años en los cajones de la antigua Procuraduría General, la investigación de la derivada mexicana ha sido una prioridad para la nueva fiscalía -inaugurada a pleno rendimiento por el Gobierno que Morena-, que se comprometió a llevar por fin el caso ante los tribunales. Las promesas, de momento, se han cumplido a medias. El arresto y extradición de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex sobre el que gravita el caso, ha abierto definitivamente las puertas para que la Justicia entre a fondo. Pero a cinco días de su llegada a suelo mexicano, la cuenta pendiente sigue siendo la transparencia para un caso que se perfila como emblemático, pero que comienza, una vez más, enmarañado por la opacidad y las filtraciones.

Las indicaciones oficiales previas al traslado de Lozoya desde España eran que se produciría una primera vista ante el juez de manera inminente. El Consejo de la Judicatura Federal salió incluso al paso el miércoles pasado detallando que la audiencia sería a puerta cerrada. Sin embargo, una vez aterrizado el avión, la información por canales oficiales se secó por completo. El viernes por la mañana comenzaron circular distintas versiones en la prensa que apuntaban a que el exdirector de Pemex había sido trasladado a un hospital privado debido a unos supuestos síntomas de anemia. Ante la confusión, el propio López Obrador confirmó que efectivamente fue internado en un hospital y volvió a reclamar claridad: “Hay que informar lo que es. Nada de acuerdos en lo oscurito, nada de sigilo, cuando se trata de temas de interés público”

Más información

El regreso de Lozoya pone el foco en los sobornos de Odebrecht y el papel de un empresario alemán

La Audiencia Nacional acuerda la extradición a México del exdirectivo de Pemex Emilio Lozoya

El exdirector de Pemex asegura que las acusaciones en el ‘caso Odebrecht’ son un “ataque político”

La detención y extradición de Lozoya está basada en dos órdenes de aprehensión en México por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. En ambos casos, el exdirector de la petrolera estatal mexicana está acusado de recibir sobornos tanto de Odebrecht -más de 9 millones de dólares- y Altos Hornos -3,4 millones- a cambio de tratos de favor. Este lunes, fruto de otras dos nuevas filtraciones, circulaban dos nuevas versiones. La primera, que había sido el propio padre del acusado, un viejo priista, el que había facilitado a la fiscalía la extradición en un acuerdo que incluía la colaboración de su hijo en la investigación a cambio de beneficios en su caso particular. La segunda, que ya se había alcanzado un primer pacto relacionado con los sobornos de Altos Hornos.

En medio de los rumores, el presidente volvió a hacer declaraciones en su rueda de prensa diaria. López Obrador se refirió a Lozoya como “testigo protegido” y anunció que ya se ha producido una primera “declaración que presentó formalmente a la Fiscalía donde ya empiezan a mencionar a personalidades, a políticos y del manejo de dinero”. Las declaraciones del presidente, más que aclarar las cosas, han añadido más confusión.

Al haber sido ya detenido y extraditado, Lozoya no puede tener el carácter de testigo protegido o colaborador. “Su condición es la de inculpado y, por tanto, no podrá ser nunca testigo de su propio proceso”, apunta Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Los juristas consultados para esta nota también destacan la anomalía de que no haya sido todavía presentado ante un juez. “Es una clara violación legal y hasta constitucional. No hay ninguna justificación para una detención tan prolongada. En todo caso, la Fiscalía debería haber presentado los documentos pertinentes al juzgado para justificar la situación médica y posponer la vista”, añade el académico.

Todo el conjunto de anomalías, opacidades y versiones filtradas están alimentando las especulaciones sobre cuáles son los motivos para estos movimientos, en un país acostumbrado tanto al uso político de casos de gran envergadura, como a las concesiones a testigos protegidos en causas de crimen organizado durante la etapa de Felipe Calderón, entre 2006 y 2012. “Es evidente que hay proteger a un acusado como este, que supuestamente ha formado parte de una de las mayores tramas de corrupción del Estado. Es cierto que no se le puede meter en un penal porque no son espacios seguros en México para nadie; pero tampoco está justificado que cinco días después aún no haya sido presentado ante el juez de control para saber la imputación y la ruta de la fiscalía”, apunta Javier Martín Reyes, profesor de Estudios Jurídicos del CIDE.

Una de las especulaciones que circulan con más fuerza es que la Fiscalía está ganando tiempo para negociar antes de presentar a Lozoya ante el juez. De acuerdo, sobre todo, a una de las figuras jurídicas que parecen estar sobre la mesa estos días: el criterio de oportunidad. Se trata de un acuerdo entre la Fiscalía y el acusado por el cual, a cambio de “aportar información esencial y eficaz de un delito más grave”, el detenido conseguiría que se le retire la acción penal. Es decir, quedaría libre sin haber iniciado siquiera el juicio. En el caso de Lozoya, el cumplimiento de este requisito requeriría casi necesariamente que involucrara a sus superiores directos durante su periodo como director de la petrolera. Es decir, los secretarios priistas de Energía y Hacienda, Pedro Joaquín Coldwell y Luis Videgaray, o directamente el presidente Enrique Peña Nieto.

López Obrador ha incidido también este martes en que “nosotros queremos recuperar dinero”, en relación con las compras a sobreprecio que realizó Pemex a cambio de sobornos. Esta posibilidad tendría una encaje difícil dentro de la figura del criterio de oportunidad, ya que en este caso, al retirarse directamente la denuncia, no se plantea ningún tipo de resarcimiento del daño. Otra de las posibilidades es que la figura el criterio de oportunidad pudiera aplicarse tan solo en parte, consiguiendo una exoneración parcial de algunos de los delitos que se le imputan, y manteniendo en curso el proceso para los restantes. Aunque en este caso, también podría llegar a darse una reducción de penas si el juez considera una atenuante la colaboración de Lozoya a la hora de dar nombres e información relevante. “Hay más figuras que permitirían la participación de Lozoya, como el procedimiento abreviado. En este caso, el acusado tendría que aceptar su culpabilidad, pero lograría una pena menor”, resume el académico del CIDE.

En todo caso, la lógica de que el directivo va a tirar de la manta contradice el relato político que trata de implantar López Obrador. Durante su conferencia del lunes, el presidente reprodujo un extracto del video de su toma de posesión en el Congreso donde, delante del presidente saliente, Enrique Peña Nieto, llamó a “poner fin a la persecución a los funcionarios del pasado”. Textualmente, el nuevo presidente anunció que se abstendría “de solicitar investigaciones en contra de los que hayan ocupado cargos públicos o hayan encargado de ocupado de hacer negocios al amparo del poder durante el periodo neoliberal”. Unas intenciones políticas, que en cualquier caso, chocan con la supuesta independencia y autonomía de la Fiscalía General.