La trama mexicana del petróleo venezolano

Petróleo venezolano a cambio de maíz y camiones cisterna para agua potable procedentes de México. Es el acuerdo que firmaron en junio de 2019 una empresa mexicana, Libre Abordo, sin experiencia en el sector, y la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) —la estatal venezolana encargada de centralizar las importaciones públicas—. Fue una operación en dos contratos valorada en casi 200 millones de euros, según documentos a los que han tenido acceso EL PAÍS y Armando.info como parte de una investigación conjunta, y que evidencian la opacidad del intercambio. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que investiga el caso, asegura que con este sistema se han despachado más de 30 millones de barriles de crudo, una operación que viola las sanciones estadounidenses sobre Venezuela. Las autoridades mexicanas también han puesto el foco en el esquema ante la falta de claridad de los contratos. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México tiene abierta una investigación para arrojar luz sobre estas operaciones.

El Gobierno de Venezuela no ha dado una respuesta oficial a las preguntas planteadas para este reportaje, pero fuentes de la Administración de Nicolás Maduro rechazan que se trate de un negocio oscuro y aseguran que la falta de claridad de los contratos es consecuencia de los problemas que tiene Venezuela para hacer cualquier negocio ante las sanciones impuestas por Estados Unidos. La elección de Libre Abordo, según un alto funcionario, se debe “a la situación de bloqueo”. “No se puede trabajar con las empresas tradicionales de extraída de petróleo, porque las sancionan”, afirma.

Washington sostiene que los intermediarios mexicanos no solo fueron piezas clave para evadir las sanciones —la presión con la que la Administración de Donald Trump pretende ahogar al régimen chavista—, sino que también los señala como cómplices de una red de corrupción liderada por el colombiano Alex Saab, que fue detenido el pasado 13 de junio en Cabo Verde tras la activación de una alerta roja de Interpol y que es señalado por Washington —que busca su extradición— como uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro. El Gobierno de EE UU cree que Saab, al que las administraciones venezolanas han adjudicado importantes contratos en el pasado, es el organizador de esquemas corruptos de los que se benefició tanto él como el líder chavista. Washington no ha detallado cómo se fraguó la relación entre Saab y los tres ciudadanos mexicanos, algo que las autoridades mexicanas están investigando.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en junio pasado a tres ciudadanos mexicanos y a ocho empresas vinculados con la trama por violar las sanciones impuestas a Venezuela. Joaquín Leal, de 28 años; Verónica Esparza, de 47 y su hija Olga María Zepeda Esparza, de 24, han sido incluidos en la llamada lista negra de la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) por realizar transacciones con la paraestatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) desde 2019 hasta la primera mitad de este año.

De acuerdo con la versión de la OFAC, Leal y Saab negociaron la venta del petróleo y se aliaron con la empresa mexicana Libre Abordo y su filial Schlager Business Group, compañías ligadas a Esparza y a su hija, para cerrar el trato. Libre Abordo, una compañía dedicada al comercio internacional y sin experiencia previa en el mercado energético, firmó al menos dos convenios en junio de 2019 con Corpovex, a cuyo contenido han tenido acceso EL PAÍS y Armando.info. Los documentos del acuerdo venezolano-mexicano revelan inconsistencias y arrojan más sombras sobre el supuesto carácter humanitario de la fórmula ideada por Alex Saab y el mexicano Joaquín Leal. Según el Departamento del Tesoro, las transacciones se dieron con el conocimiento de Tareck El Aissami, uno de los hombres más cercanos a Maduro y el ministro de Petróleo de Venezuela. El Departamento del Tesoro sancionó en 2017 a El Aissami, vicepresidente económico, por supuestos nexos con el narcotráfico y es uno de los hombres más buscados por la Justicia estadounidense.

Según la documentación, el 13 de junio, ambas partes firmaron un acuerdo por el que Libre Abordo se comprometía a enviar 1.000 camiones cisterna por valor de 139.323.656 euros, casi 140.000 euros por cada uno. Cuatro días después, el 17 de junio, Libre Abordo y Corpovex firmaban otro acuerdo por el que la compañía mexicana se comprometía a enviar 200.000 toneladas de maíz blanco ―algo que, en teoría, comercializaba, pero que fuentes del sector granelero ponen en duda― por valor de 56.193.900, esto es, 280,9 euros cada tonelada. Ambos convenios, según los documentos a los que se ha tenido acceso, estaban firmados por Olga María Zepeda Esparza, por parte de Libre Abordo, y Wilfredo Celestino Marín Meza, director ejecutivo de Corpovex. En esas fechas, no obstante, Joaquín Leal también se encontraba en Venezuela, según se desprende de los datos que maneja la UIF mexicana, dirigida por Santiago Nieto, como parte del rastreo de esos casi 200 millones de euros de los dos contratos. Las operaciones se realizaron en euros y no en dólares para evitar las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos a Venezuela.

El Departamento del Tesoro sostuvo en un amplio comunicado que se despacharon más de 30 millones de barriles de crudo bajo un esquema denominado como “petróleo por comida”, un sistema en el que las contrapartes evitaban el uso de dinero para eludir las sanciones y disfrazado de ayuda humanitaria. A cambio del crudo, la empresa mexicana Libre Abordo y su filial Schlager Business Group enviarían al Gobierno venezolano 1.000 camiones cisterna para transportar agua potable en Venezuela y 200.000 toneladas de maíz, de acuerdo con lo pactado por ambas partes en 2019, como atestiguan los documentos a los que han tenido acceso EL PAÍS y Armando.info. “Esto no corresponde con la cantidad de petróleo entregada por PDVSA y que fue revendido por Libre Abordo y Schlager Business Group, valorado en más de 300 millones de dólares”, concluyó el Departamento del Tesoro.

Extrañamente ninguno de los contratos refiere al previo pago de la mercancía con el petróleo venezolano. Los acuerdos establecieron, sin embargo, que el 70% del pago se realizará de forma anticipada, quizás en alusión a ese petróleo recibido previamente, ya que no consta ningún número de cuenta del destinatario para realizar el pago. “Ante los organismos competentes” es la extraña fórmula utilizada en ambos casos, que también puntualiza que el mismo se podrá hacer “de forma fraccionada” y con la posibilidad de rescindir el contrato en 90 días. El 30% del pago restante, según los contratos, “será tramitado por el comprador por entes competentes de financiamiento”, sin que en ningún momento aclare a quién se refiere. Preguntado por este asunto, fuentes del Gobierno chavista insisten en que, ante las sanciones, hay datos que no se pueden poner en un contrato, pues sancionarían a los intermediarios, incluidos los bancos. “Si nos dejaran hacer un fair play, las cosas serían diferentes”, aseguran.

Ya a finales de marzo de este año Libre Abordo reconocía haber recibido, al menos, 14,3 millones de barriles de petróleo venezolano. “Vamos a llegar a unos 15 millones de barriles, no es una cifra exacta, con el primer contrato con PDVSA”, explicaron desde la empresa a la agencia Reuters. Dos meses después, el 31 de mayo, Libre Abordo anunció la bancarrota y pérdidas por 90 millones de dólares, cuando ya Estados Unidos había informado que hasta el FBI investigaba el negocio y poco antes de que el Departamento del Tesoro comunicara la inclusión de los protagonistas en la lista de la OFAC.

La empresa mexicana argumentó que era presa de una campaña de hostigamiento y persecución por el Gobierno de Estados Unidos. La empresa defendió que desde que inició sus operaciones en 2010 ha distribuido ayuda humanitaria a todo el mundo y que sus tratos con PDVSA eran legales conforme a derecho internacional. La compañía argumenta que no saca beneficio de la transacción con Venezuela, sino de la reventa del petróleo. La compañía aseguró también que había tenido “pérdidas irreversibles”, superiores a los 90 millones de dólares.

“Para quienes integramos Libre Abordo y Schlager, resulta triste y decepcionante percibir que los personajes involucrados en las campañas de desprestigio otorgaron mayor importancia a intereses políticos y comerciales que a la ayuda humanitaria que hemos entregado”, se lee en un comunicado, aunque no queda claro de dónde vienen estas pérdidas y por qué se declaró en bancarrota cuando el negocio de petróleo estaba, según EE UU, en su punto más alto. EL PAÍS y Armando.Info han buscado a Leal, Verónica Esparza y Olga María Zepeda Esparza para recabar su versión, pero ni ellos ni sus abogados han respondido las peticiones.

Armando.info y EL PAÍS tienen constancia, gracias a documentos de aduana, de que llegaron a Venezuela dos embarques. El 8 de abril de este año desembarcaron en el puerto de La Guaira, 299 unidades cisterna y 10 semitráiler, valoradas en 18,7 millones de euros. Esto supondría que cada vehículo costaría 60.831 euros, la mitad del valor que se desprende del contrato entre Libre Abordo y Corpovex. La mercancía fue despachada por la automotriz china Foton desde el puerto de Qingdao. El 20 de abril se descargaron en ese mismo puerto 222 semitráiler cisterna, un tractor camión, 20 camiones tanques cisterna y un tractor.

En total, se trata de 552 vehículos de distinto tipo para el transporte de agua potable, poco más de la mitad de los 1.000 pactados en el primer contrato entre Libre Abordo y Corpovex por casi 140 millones de euros. El Gobierno de Nicolás Maduro, que asegura que toda la mercancía llegó al país caribeño aunque no ha querido detallar nada sobre el resto de los embarques ante la petición para este reportaje, exhibió en mayo pasado en la autopista que conecta a Caracas con el litoral de La Guaira buena parte de las cisternas blancas con capacidad para 30.000 litros de agua.

La documentación de aduanas arroja también luces sobre la fantasmal presencia de la empresa mexicana en Venezuela. Aunque en los papeles también aparece la figura jurídica de Libre Abordo Venezuela C.A, en los dos embarques cambió la dirección para la compañía en Caracas. En el segundo, el del 20 de abril, las coordenadas conducen a las oficinas de la petrolera Southern Procurement Services Ltd, ubicada en el penthouse de una de las torres del complejo Banaven, mejor conocido como cubo negro, en el este de Caracas. Southern Procurement Services Ltd pertenece al venezolano Manuel Enrique Chinchilla Da Silva y en los últimos años ha obtenido contratos con la estatal PDVSA y la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg).

Sobre los despachos de las 200.000 toneladas de maíz, hay dos versiones encontradas: la del Departamento del Tesoro y la de la compañía mexicana. Estados Unidos dice que Libre Abordo no las entregó y la empresa asegura que las pruebas son palpables” y que “basta con ir a hablar con los cientos de miles de ciudadanos en pobreza extrema que hoy reciben agua potable en sus casas” para demostrarlo. Fuentes conocedoras de la operación aseguran que Libre Abordo nunca envió esa mercancía a Venezuela, ni ningún tipo de alimento a granel. Sí se sabe que representantes de la estatal mexicana Diconsa estuvieron pidiendo cotizaciones a traders de granos para enviar maíz blanco a Venezuela, algo que tampoco sucedió. “En el mercado mexicano el que sonaba al público por ese negocio de Libre Abordo era Joaquín Leal. Él iba a Venezuela con frecuencia”, reconoce un empresario, que pide el anonimato.

Desde el Gobierno venezolano se explica que se escogió a unas empresas sin ninguna experiencia en el área petrolera para ese negocio porque las sanciones impiden tratar con las empresas tradicionales. Si el valor del petróleo cedido por PDVSA es el señalado por el Departamento del Tesoro, está claro que supera al de la mercancía que finalmente terminó en el puerto de La Guaira. La fuerte caída del precio del crudo en el mercado a consecuencia de la pandemia de la covid-19 presupone que se dejó a Libre Abordo en deuda con la estatal venezolana que, en definitiva, entregó anticipadamente un petróleo sin la consiguiente contraprestación, de acuerdo con fuentes conocedoras del negocio, algo que desde el oficialismo se niega.

“Teníamos un convenio de petróleo por alimentos con una empresa mexicana y el Gobierno de Estados Unidos con el apátrida y prófugo de la justicia, Juan Guaidó, fueron a amenazar empresa por empresa para tumbar el acuerdo para traer los alimentos a Venezuela de México”, se quejó Nicolás Maduro el 30 de mayo, un día antes de que Libre Abordo anunciara su “bancarrota” en México. El canciller, Jorge Arreaza, anunció que sumaría el caso de Libre Abordo a la “denuncia contra EEUU ante la Corte Penal Internacional”. “El ilegítimo régimen de Maduro creó una red secreta para evadir las sanciones, la cual el Tesoro ha expuesto” replicó en junio Justin G. Muzinich, el subsecretario del Tesoro, al comunicar la sanción contra Libre Abordo.

La investigación de la UIF, que se mantiene abierta, se inició después del aviso que recibió de las autoridades estadounidenses y de la Secretaría de Energía de México, que alertó del proceder de las compañías. Las autoridades mexicanas investigan la ruta del dinero, pues el monto y el tipo de los convenios de Libre Abordo con Corpovex no se ajustan a lo que la empresa mexicana justifica fiscalmente. En una versión anterior de su página web, hoy eliminada, Libre Abordo aseguraba en mayo que operaba en Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Emiratos Árabes, Estados Unidos, India, Líbano, Nigeria, Pakistán, Perú, Singapur, Siria y Sri Lanka. No mencionaba a Venezuela. Hasta el momento, según han podido saber EL PAÍS y Armando.info, las autoridades mexicanas tienen constancia de al menos 28 operaciones con el extranjero -ninguna de ingreso de dinero-, con compañías de China, Panamá, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Lituania o Polonia.

La colaboración entre Saab y Leal, un empresario de 28 años del Estado de Guanajuato que pagaba a distintos periódicos mexicanos para ser citado como un “gurú energético”, de acuerdo con antiguos trabajadores y colaboradores del sector consultados, empezó al menos desde 2019, según sostiene el Departamento del Tesoro, que no aclara cómo llegaron a conocerse o a través de quién lo hicieron. En los primeros meses de 2020, el recrudecimiento de las sanciones económicas de Estados Unidos a los socios comerciales de PDVSA, la empresa rusa Rosneft Trading y su subsidiaria TNK Trading, abrió una oportunidad de negocio única para Leal, Esparza y Zepeda. Mientras que en enero los tratos de Libre Abordo representaron solo el 3% de las exportaciones de PDVSA, para abril ese porcentaje se disparó al 40%.

La trama mexicana replicaba las operaciones de negocio de Rosneft y otros socios extranjeros de la petrolera venezolana tras el embargo comercial, impuesto por EE UU en agosto del año pasado. Se trataba de llenar el vacío dejado por el deterioro de la infraestructura petrolera y las sanciones económicas, que ha reducido drásticamente el abasto de gasolina en Venezuela. El régimen de Maduro exportaba el petróleo crudo en grandes buques, que regresaban cargados con combustibles refinados en Asia. Los cargamentos operados por los socios mexicanos y los intermediarios navieros empezaron en noviembre del año pasado, según el Departamento del Tesoro.

Un ejemplo es la bitácora de ruta del Delos Voyager, un buque que navega con bandera panameña, y que el pasado 18 de marzo atracó en la bahía venezolana de Amuay con un cargamento de 680.000 barriles de fuel oil (combustóleo), según el portal El Pitazo. El fuel oil se utiliza para producir electricidad y es probable que se usara para abastecer de energía al Complejo Refinador de Paraguaná, cerca de Amuay. El Delos Voyager salió al día siguiente con un cargamento de más de 500.000 barriles de petróleo crudo rumbo a Asia. El encargado de la transacción, consta en los registros marítimos, era Libre Abordo. Su subsidiaria, Schlager Business Group, se encargaba de dar apoyo administrativo en las operaciones de su empresa madre.

El buque se quedó anclado en Gibraltar, donde es común que la carga de un barco se pase a otro. El Departamento del Tesoro incluyó en su lista de sanciones al Delos Voyager y a su propietaria, Delos Voyager Shipping LTD, una empresa fundada en noviembre de 2017 con sede en las Islas Marshall, donde la información de los propietarios de la compañía es confidencial. Delos, así como otras empresas y embarcaciones con sede en el Mediterráneo, sobre todo griegas, fueron sacadas de la lista negra el pasado 2 de julio, bajo promesa de que ya no harían tratos relacionados con Venezuela. Los destinos de PDVSA habituales en Asia, que citan las autoridades estadounidenses, eran China, Malasia y Singapur. Irán es también un aliado refinador importante. Para que los cargamentos desde Venezuela lleguen hasta las refinerías asiáticas sin levantar sospechas de EE UU se utilizan varias embarcaciones e intermediarios, se reetiquetan los productos y se alteran los registros aduanales, según una investigación de Reuters publicada en junio.

Verónica Esparza, que es socia de Libre Abordo y directora de Schlager Business Group según el Registro Comercial de México, ponía sobre la mesa su experiencia en comercio internacional. Su hija, Olga María, de tan solo 24 años, es la accionista única de Washington Trading LTD, una compañía fundada en Reino Unido en febrero de 2020. El domicilio de la empresa es en realidad el de la compañía 1st formations, que promete abrir “empresas online” en menos de tres horas y a partir de 13 libras más IVA. Washington Trading es una de las entidades incluidas en la lista negra de la OFAC. Zepeda Esparza da como “domicilio de servicio” una dirección de Ciudad de México donde tienen sus oficinas Libre Abordo y Schlager Business Group.

El parecido con los CLAP

La trama de la venta de petróleo retrotrae a la de alimentos, el millonario negocio de los CLAP ―las cajas de comida subsidiadas que entrega el Gobierno venezolano― y en la que se vieron involucradas también varias empresas mexicanas. Entre 2016 y 2018 Alex Saab y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, idearon una estructura de sociedades instrumentales en Hong Kong, Turquía y Emiratos Árabes Unidos para los CLAP. Tras obtener contratos millonarios de la estatal Corpovex, compraban a proveedores mexicanos las cajas o despensas, con productos de muy baja calidad nutricional, que luego enviaban a Venezuela.

Con Group Grand Limited, registrada en Hong Kong, Saab y Pulido obtuvieron dos contratos para el suministro de los CLAP por poco más de 765 millones de dólares. Con Asasi Food FZC, inscrita en los Emiratos Árabes Unidos, otro convenio por 345 millones de euros, según ha documentado Armando.Info. Estas sociedades y otras manejadas por la dupla colombiana en el negocio de los alimentos fueron igualmente señaladas por el Departamento del Tesoro en julio de 2019.

Las irregularidades del negocio fueron detectadas hace casi dos años por la Fiscalía mexicana, entonces Procuraduría General de la República (PGR). El 18 de octubre de 2018 el subprocurador especializado en investigación de delincuencia organizada, Israel Lira, denunció que se trataba de un “esquema fraudulento” con “operaciones inusuales”, además de productos de “baja calidad” con “sobreprecios”. Empresas mexicanas como El Sardinero, Deshidratados Alimenticios e Industriales (DAI) o Grupo Brandon, entre un total de 14 fueron incluidas en la investigación a petición de la Unidad de Inteligencia Financiera. A la postre esas compañías, como las intermediarias usadas por Alex Saab y Álvaro Pulido, se libraron del castigo a través de unos “acuerdos reparatorios”.

La PGR llegó a un acuerdo en noviembre de compensación en 2018 con la red asociada a los CLAP, que envío al menos 100 millones de cajas, especialmente entre 2017 y 2018. Los empresarios mexicanos, que se beneficiaron de un sobreprecio del 112%, se comprometieron a donar tres millones de dólares al Alto Comisionado de Naciones Unidas (Acnur) para resarcir el daño, una cantidad muy por debajo del monto transado. El jefe de la UIF, Santiago Nieto, ha denunciado este acuerdo, que se fraguó en el último mes del Gobierno de Enrique Peña Nieto por el entonces procurador encargado, Alberto Elías Beltrán.

“Consideramos este atropello contra empresarios mexicanos uno más de los múltiples intentos de obstaculizar los denodados esfuerzos del Gobierno Bolivariano para derrotar la guerra económica contra nuestro Pueblo”, declaró la Cancillería venezolana en su momento.

Es precisamente el organismo que dirige Nieto el que ahora no solo ha reactivado la investigación por posible lavado de dinero detrás de los CLAP, sino que tras el aviso de las autoridades estadounidenses y de la propia Secretaría de Energía de México, también investiga el rastro de los 200 millones de euros pactados entre la mexicana Libre Abordo y Corpovex.

*Roberto Deniz es reportero del portal venezolano de investigación Armando.info.