La reforma energética de López Obrador avanza en el Congreso pese a las alertas sobre su impacto económico

La reforma energética del Gobierno mexicano vuela hacia su aprobación. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados emitió el miércoles una opinión favorable sobre la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Semáforo verde, por ahora, a una medida que ha sido duramente criticada por el sector privado y los partidos de la oposición. Un informe técnico del Congreso, debatido en la sesión del miércoles, destaca que la reforma puede traer pingües beneficios para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero a costa de posibles litigios legales y del pago de indemnizaciones a las empresas afectadas “en un mediano plazo”.

Morena y sus aliados parlamentarios aprobaron, por 31 votos a favor frente a 11 en contra y dos abstenciones, una opinión favorable a la reforma de la Ley de la lndustria Eléctrica. Ahora le tocará a la Comisión de Energía debatirla y luego pasará al Senado, donde también será tratada de forma exprés. En paralelo, la Cámara de Diputados está llevando a cabo este jueves y viernes un Parlamento abierto para recoger las opiniones de la sociedad civil y los sectores afectados.

El carácter preferente de la medida implica que el Congreso tiene 30 días para aprobarla o rechazarla, una urgencia que refleja la prioridad que le da el Ejecutivo. La reforma pretende una revisión profunda al actual modelo energético, ya que elimina el principio de libre competencia para así favorecer a las centrales de la CFE, por muy caras o contaminantes que sean, frente a las centrales privadas, muchas de ellas de energía renovable.

Para acompañar el trámite parlamentario, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), un órgano de análisis apartidista del Congreso, ha publicado un informe sobre los posibles beneficios y costos de la iniciativa. Entre los primeros, el CEFP señala que las restricciones a la operación de las centrales privadas pueden derivar en ganancias importantes para la CFE. Las estima en unos 135.000 millones de pesos si las centrales de la paraestatal llegan a operar a una capacidad del 90%, el escenario más optimista. El estudio apunta que la CFE opera hoy a un 51%.

Por otro lado, el estudio alerta de costos para el Estado mexicano en forma de litigios legales e indemnizaciones. En los últimos años, las empresas han desembolsado grandes cantidades de dinero en el sector energético bajo un modelo que el presidente quiere desaparecer. Hay 57 proyectos en operación y 14 más en etapa de ejecución con una inversión de 196.769 millones de pesos, unos 8.904 millones de dólares, por parte de 28 empresas de varios países, según un recuento del CEFP. “En caso de aprobarse la iniciativa estarían en posición de interponer controversias internacionales o exigir ser indemnizadas”, reza el informe.

El CEFP también entra a valorar la posible incompatibilidad de la iniciativa con el tratado comercial de Norteamérica, el T-MEC. López Obrador ha insistido en que el acuerdo incluye una cláusula sobre la “soberanía” de México en materia energética que protege su derecho a un cambio de modelo. El informe resalta, sin embargo, que la iniciativa puede chocar con la protección a las inversiones establecida en el tratado y con los compromisos medioambientales “que serían vulnerados con la puesta en marcha de la ley si se privilegia la energía contaminante”. Una parte de las centrales de la CFE que la iniciativa busca priorizar son termoeléctricas con varias décadas en funcionamiento.

No obstante, en el debate del miércoles en la comisión una mayoría de integrantes prefirió destacar el “efecto positivo en las finanzas de la CFE”. “Es nuestra responsabilidad como diputados federales salvaguardar los intereses de la nación, privilegiando el interés nacional sobre el particular”, declaró el diputado morenista Marco Antonio Andrade. Por otra parte, el PRI, el partido que impulsó la liberalización del sector en el sexenio anterior, advirtió de un incremento en la factura de la luz, dado los costos más altos de la paraestatal.

La mayoría parlamentaria de Morena apunta a una aprobación fácil de la iniciativa presidencial, aunque los partidos de la oposición ya han amenazado con llevarla ante la Suprema Corte de ser así. El máximo tribunal invalidó la semana pasada un acuerdo de carácter administrativo que el Gobierno adoptó en verano pasado y que contenía elementos muy parecidos a los de la iniciativa ahora en discusión.

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