México busca proteger a los candidatos de las elecciones ante el clima de violencia

El Gobierno de México ha presentado una estrategia de protección para los candidatos que concurren a las elecciones del 6 de junio, las más grandes celebradas en tiempos contemporáneos, en donde se elegirán unos 20.000 cargos entre gobernadores estatales, diputados y alcaldes. Desde que se inició la precampaña en septiembre y se fueron definiendo los candidatos, el país ha registrado 53 políticos asesinados y 66 funcionarios, sobre todo jefes de seguridad púbica, según los últimos datos de la consultora Etellekt, con el corte al 3 de marzo. Desde 2018, considerada la campaña más violenta en México, con 154 víctimas mortales, se ha producido un descenso del 32% aunque aún no ha concluido el proceso. Una campaña gris, con menos presencia en la calle debido a la pandemia, es uno de los factores que han influido en la caída. Este viernes comienza el proceso en cinco Estados. Y esta misma tarde del jueves ha sido asesinado Melquíades Vázquez, candidato a la alcaldía en La Perla, Veracruz, uno de los estados que está registrando mayor violencia política.

El ámbito municipal y las zonas pobres son las más castigadas en estos procesos que se dirimen a balazos (un 87% de los asesinatos se dan en estos lugares). Algunas alcaldías más parecen cacicazgos, donde los dirigentes se desempeñan con un poder económico que emana de los presupuestos públicos o de actividades ilícitas, o de ambos, lo que cada vez complica más establecer los móviles de estos crímenes. Rubén Salazar, director de Etellekt, explica que en situaciones de máxima pobreza y ausencia de tejido productivo, los presupuestos públicos son la vía de algunas familias para perpetuarse en el poder y su motor para impedir que otros se lo arrebaten. Por eso, dice, es significativo el número de aspirantes electorales que pasan por las armas, 11 de los 53 en lo que va de campaña.

La forma de proceder, generalmente, es encargar a sicarios la eliminación de una persona, lo que suele confundir la autoría material con la intelectual y la ciudadanía de inmediato atribuye estas matanzas a los carteles. Eso también existe, pero él cree que en su mayor parte se trata de violencia política. El 70% de estos asesinatos los cometen comandos armados, a sueldo de cualquiera que pueda pagarlo. “No hay una correlación estadística entre los Estados con más homicidios por cada 100.000 habitantes, normalmente relacionados con el narco, y los crímenes de políticos. Además, las pocas sentencias que existen suelen relacionar estos asesinatos con temas personales, familiares, rencillas sentimentales, asaltos a la propiedad, etcétera”. Más propio, a su parecer, de crímenes puramente políticos. Salazar acusa al Gobierno, que presenta cifras más abultadas (hasta 64 víctimas de homicidio) de sumar los asesinatos de periodistas, activistas y otras personas a esa estadística. “Además, lo relaciona con el narcotráfico, y no es solo eso”, critica.

El Gobierno, sin embargo, habla también de crímenes de cuello blanco, donde se enmarcaría, por ejemplo, el asesinato a balazos, el pasado lunes, del líder empresarial de la Coparmex en San Luis Potosí, Julio César Galindo Pérez, quien apoyó la alianza entre el PRI, PAN y PRD para hacer frente a Morena, el partido del Gobierno. Pero la débil democracia que evidencian los procesos electorales mexicanos no se mide solo en asesinatos, son comunes también las extorsiones, secuestros, torturas y ataques a propiedades. Una panoplia de violencia contra la que el Gobierno ha presentado este jueves una bienintencionada guía que busca minimizar estos efectos a base de mesas de trabajo entre los distintos niveles de Gobierno del país, las fiscalías y los partidos políticos, a quienes se les hace un “llamado respetuoso” en pro de unos comicios limpios de sangre. Se busca también elevar la protección policial para los candidatos más amenazados y diseñar estrategias de seguridad en zonas conflictivas. En algunos municipios no hay siquiera policía. Se habla también de protocolos para combatir el riesgo y reuniones semanales de seguimiento.

Las largas décadas de “dictadura perfecta” en las que México estuvo en manos del PRI, la situación estaba más o menos bajo control. Es la descomposición de ese sistema, dice Salazar, lo que ha traído la violencia en cascada, y sobre todo en tiempos recientes, cuando los gobernadores del PRI fueron perdiendo también la gubernatura de algunos de los 32 Estados mexicanos. Aún la conservan en una docena de Entidades. “Una alternancia de poder que el sistema político mexicano no acaba de digerir”. Desde 2018 hay una tendencia clara: la violencia, en su mayoría, se ejerce contra aquellos políticos o aspirantes cuyas siglas no coinciden con las de quien gobierna el Estado. El 76% de las víctimas de homicidios dolosos son opositores al poder estatal.

Cuando se rompe la correosa estructura vertical del PRI, desde la presidencia federal hasta los municipios, “algunos alcaldes comenzaron a establecer sus propios pactos con la delincuencia, y hoy es difícil distinguir de dónde procede la violencia para quedarse en el cargo o arrebatárselo al adversario”, sostiene Salazar, quien pone de ejemplo el de algunos alcaldes que “encabezan bandas delictivas y manejan negocios formales e informales”. Desde 2005 la tendencia ha sido el incremento de los asesinatos, hasta el pico de 2018, con 152 víctimas mortales entre 774 agresiones. Previo a esos comicios se habían registrado 19 cambios de partido político a nivel estatal. En la actualidad se registra un fuerte descenso en la criminalidad, debido a la pandemia, aunque, paradójicamente, prosigue Salazar, la crisis vírica y su menoscabado de las economías más débiles puede inicitar a algunos munícipes a seguir manteniendo el goce de los presupuestos públicos con su consiguiente violencia para conseguirlo.

“Venimos de un Estado de estructura mafiosa durante décadas, y el actual mantiene algunas de esas prácticas, aunque el presidente hable de transparencia, su partido no siempre la ejerce”, dice José Antonio Álvarez Léon, investigador de la UNAM y responsable de un posgrado en Derecho y Política Criminal. “El hecho de que las estructuras de gobierno tengan que proteger los procesos electorales y a sus candidatos nos habla de una democracia muy débil donde los poderes fácticos y grupos de interés han ido eligiendo a los representantes populares. Todo ello genera presión al Estado y a la ciudadanía”, explica. “Son redes que impiden a otros ciudadanos contender”, añade.

A este “severo desgaste de la democracia, que determina el poder a balazos”, suma Salazar la ineficacia de la justicia en México, con altas cotas de impunidad: el permiso para matar. “El que tiene el poder acusa a la oposición de lo que se le antoja, o al narco, por ejemplo, pero detrás del narco también hay jefaturas políticas. Y las fiscalías no pueden determinar móviles ni autoridad intelectual”. “Si el narco quisiera deshacerse de un candidato no se fijaría solo en los opositores, y hemos comprobado que la violencia es mayor cuando se trata de aspirantes contrarios al poder establecido en la gubernatura”, explica. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha tomado en cuenta los datos de la consultora Etellekt para sus informes.

El profesor Álvarez León cree que debe haber “más transparencia en las precandidaturas, que el elector sepa el perfil y los antecedentes de los candidatos que pugnarán”. Y que haya un acceso igualitario para todo aquel que quiera participar en la contienda. La seguridad debe ser para todos, afirma. “Y el Estado, aunque es muy difícil, debe responsabilizarse de que no se filtren intereses creados en estos procesos. Los partidos tienen mucho que ver en ello”.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país