El Ejército mexicano detiene de nuevo a los militares implicados en el ‘caso Tlatlaya’

Los militares mexicanos vinculados con la matanza de Tlatlaya vuelven a estar en prisión. Su captura responde a la orden de un tribunal unitario, que en octubre de 2019 resolvió detenerlos de nuevo, volteando decisiones judiciales previas que los habían dejado en libertad. Según versiones periodísticas, el propio Ejército se encargó de la detención e ingreso de los acusados a la prisión militar a mediados de marzo. Cuatro de los siete, acusados de ejercicio indebido, dejaron la cárcel poco después. Los otros tres, un sargento y dos soldados acusados de homicidio y encubrimiento, permanecen en prisión.

En junio de 2014, un convoy militar se enfrentó a balazos con un grupo de civiles armados en una comunidad del municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. 22 civiles murieron y un militar resultó herido. La Secretaría de la Defensa informó en un primer momento de que los civiles habían muerto en el tiroteo. Pese a los testimonios recabados en el lugar de los hechos, la Fiscalía del Estado de México evitó elevar sospechas sobre la versión castrense. Ya en septiembre, una testigo, Clara Gómez, madre de Erika Gómez, una de las personas fallecidas, denunció en los medios que después de la balacera inicial, militares habían ejecutado a los supervivientes.

Las críticas al Ejército arreciaron y provocaron la reacción del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, que incluso dio entrevistas para hablar del caso, algo extraño en un jefe del Ejército. El caso empañó además el brillo del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que hasta entonces paseaba con orgullo las reformas energética o de telecomunicaciones. Primero Tlatlaya, pero luego el caso Ayotzinapa y más tarde el escándalo de la Casa Blanca acabaron con el pretendido lustre del último Gobierno del PRI.

A finales de 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) asumió el caso y concluyó que los militares habían ejecutado al menos a ocho de las 22 víctimas. En su propia investigación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) elevó la cifra a entre 12 y 15. En octubre de ese año, los militares fueron capturados. La PGR acusaba a dos soldados y un sargento del homicidio de los ocho y de alterar la escena de los hechos. Al teniente que lideraba el convoy y los otros tres les acusó de ejercicio indebido.

El caso parecía avanzar con diligencia, pero entre 2015 y 2016, los jueces estimaron que la PGR no había aportado elementos para sustentar sus acusaciones y liberó a los siete. El escándalo se avivó cuando los abogados de Clara Gómez encontraron en el expediente del caso un documento castrense que recogía las órdenes bajo las que debían actuar los militares en esa zona del Estado de México. En el documento se leía que “las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”. Esta orden estaba vigente el día de las ejecuciones.

A lo largo de los años, los abogados de Gómez, integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, han criticado la falta de diligencia de la Fiscalía para investigar la cadena de mando en el caso Tlatlaya. Apenas en 2020, los letrados pudieron interrogar por primera vez a los mandos militares que integraban la jerarquía castrense la noche de los hechos, el 30 de junio de 2014. En el caso del general José Luis Sánchez León, encargado del Ejército en el sur del Estado de México, sus declaraciones revelaban, por ejemplo, que había sabido de lo ocurrido desde las primeras horas de la mañana del 30 de junio, poco después de las ejecuciones. Hasta entonces, el general había dicho que aquel día estaba de vacaciones y que solo supo de lo ocurrido por partes informativos. Pese a los datos novedosos que hallaron los abogados, la Fiscalía dio carpetazo al asunto días después, como informó entonces EL PAÍS, estimando que no había indicios para “ejercer acción penal” contra nadie.

La investigación principal, que parecía estancada desde la resolución del tribunal unitario de 2019 de volver a detener a los militares, se mueve ahora de nuevo. A partir de las pruebas, el tribunal considera probable que los soldados Fernando Quintero y Leobardo Hernández y el sargento Roberto Acevedo ingresaron en la bodega desde donde habían disparado los civiles después del tiroteo. Que una vez allí, dispararon a los supervivientes y los mataron. Y que luego movieron cadáveres y armas.

En un comunicado divulgado este jueves, el Centro Pro ha señalado que “la reaprehensión de los responsables es relevante. No habría ocurrido sin la perseverancia de las víctimas y sin el control del poder judicial sobre la investigación. Al mismo tiempo, no agota los pendientes de la justicia en el caso: sigue siendo indispensable que se determine cabalmente el número de víctimas y que se investigue la cadena de mando de la orden de abatir”.

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