El reparto de tierras tensa las relaciones entre los pueblos de la selva protegida de Chiapas

Solo unas horas antes del comienzo de la Cumbre de la Tierra y con el reto de alcanzar compromisos para enfrentar el cambio climático se conocieron las intenciones de la Procuraduría Agraria, una oficina dependiente del Gobierno Federal, dentro de territorio lacandón en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules (Chiapas), de violar el decreto para su conservación y repartir los terrenos de la etnia entre las demás subcomunidades que forman parte de la Comunidad Zona Lacandona.

En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, unas 200 familias indígenas lacandones denunciaron que la Procuraduría Agraria pretende “despojarlos” de sus tierras para asignarlas a las otras dos subcomunidades con las que conviven en la Zona Lacandona —Frontera Corozal y Nueva Palestina, de origen Tzeltal y Chol — cuando los estatutos señalan con claridad que estas corresponden al pueblo lacandón.

FOTOGALERÍA: La selva Lacandona, un paraíso amenazado

“Pensamos que usted no está enterado de lo que sus funcionarios están tramando en contra de su palabra”, señalan los lacandones en su carta en la que acusan al procurador agrario, Luis Hernández Palacios, de “regularizar las invasiones que están en nuestros territorios”.

Las autoridades lacandonas temen que el reparto de sus terrenos suponga la desaparición de las 1.500 familias que tradicionalmente han ocupado el lugar y que son legalmente propietarios de la zona desde 1972. “Señor presidente sentimos que estaba con nosotros (…) ahora con gran tristeza vemos que las autoridades agrarias están dispuestas a despojarnos. Somos el pueblo originario, las tierras nos pertenecen y la protección de estas selvas está establecida por ley”, señalan en su carta.

Los representantes del pueblo lacandón, de los barrios Lacanjá Chansayab, San Javier, Bethel, Crucero Bonampak y Nahá también llamaron al gobernador del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón, a intervenir de manera urgente ante los planes de repartición de las tierras ante el temor a episodios de violencia entre las comunidades y el comienzo de un proceso de deforestación que dañe la Reserva de la Biosfera Montes Azules.

“Hacemos responsables a las autoridades agrarias federales y a las autoridades espurias de la Comunidad Zona Lacandona de lo que nos pueda ocurrir a nosotros y a todos los que nos apoyan por esta denuncia pública, porque estamos dispuestos a defender la selva con nuestra vida”, indicaron.

La última vez que López Obrador se refirió a Montes Azules fue a finales de 2019, cuando descartó derogar el decreto de protección ecológica de la zona frenando así los intentos de la Procuraduría Agraria y su responsable, Luis Hernández Palacios, especialmente activo en promover el reparto de tierras y la legalización de asentamientos ilegales. “Nosotros no podríamos ir en contra de lo que queda de selva tropical, sería una gran incongruencia y nunca lo haríamos”, dijo entonces el mandatario durante una intervención que ahora le recuerdan los lacandones.

La regularización de invasiones intenta solucionar un problema social concediendo derechos a nuevos asentamientos humanos dentro de un área natural protegida, pero está en contra de la ley ambiental.

Ubicada en el oriente de Chiapas, en los límites con Guatemala, la Reserva de la Biosfera Montes Azules es uno de los pulmones más importantes del planeta gracias las 330.000 hectáreas de selva con una flora y fauna única en el mundo. Esta selva protegida representa el 36% de lo que queda de selva húmeda en el país.

Paralelamente la región ha sido tradicionalmente objeto de deseo para los más oscuros intereses: talamontes ilegales, narcotraficantes que aspiran a utilizar las pistas de aterrizaje clandestinas y grupos de traficantes de flora y fauna salvaje quieren tomar control.

En 1972, el Gobierno de Luis Echeverría quiso comenzar a explotar la madera de estos territorios, lo que redujo el área selvática, pero superficies muy extensas se mantuvieron gracias a la reserva Montes Azules. En México, había originalmente 12 millones de hectáreas de selva tropical húmeda, pero actualmente no llega a un millón de hectáreas, que corresponden a la región del Chimalapa, Uxpanapa y la Selva Lacandona, con decenas de especies en peligro de extinción.

Conocida como el “tinaco de México” por su capacidad de recoger el agua que termina en los ríos Grijalva y el Usumacinta lo que supone el 30% del líquido con que cuenta el país. En las zonas tropicales húmedas radica el 70% de la diversidad animal y vegetal del planeta.

“López Obrador se comprometió por la conservación y pensamos que está en la mejor disposición, pero no sabe que su gente está haciendo esto de forma incorrecta. Queremos hablar con él porque se trata de un pedido de auxilio”, dijo Bernardo Chankin, subcomisario de Lacanjá, a EL PAÍS.

“La responsabilidad de la protección de la Selva Lacandona fue dada a nuestras familias hace varias décadas. Las otras de choles y Tzeltales llegaron después, pero nosotros somos los habitantes y dueños legítimos y no estamos a favor de repartir la tierra, sino de cuidarla como un todo. Si llegara a distribuirse la tierra comenzarían la destrucción y estamos preocupados por el daño que sufrirá. Siempre hemos sabido convivir con la naturaleza cuidándola y respetándola”, insiste vía telefónica desde la selva.

Chankin concluye: “No sabemos qué pasará y estamos muy preocupados porque somos pocos y defenderemos incluso con la vida el derecho a nuestra casa y a cuidar de ella. No es justo que vengan otras personas a repartir la tierra y a repartírsela para ganadería o para madera cuando lo que necesita es que cuidemos de ella”.

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