Silencio y desinversión: así es la relación entre el sector empresarial y López Obrador

Para Andrés Manuel López Obrador todo es ideología y también la gestión de la economía está supeditada a su proyecto político, incluso en medio de la emergencia de la covid-19. Ese modelo, del que el presidente mexicano llegó a aventurar esta semana que está “reconocido mundialmente”, lleva años despertando dudas y preocupaciones en el sector empresarial, tanto nacional como extranjero. Sin embargo, los más afectados por el camino de la autodenominada Cuarta Transformación han optado, en su mayoría, por el silencio.

El excanciller mexicano Jorge Castañeda escribió en 2019 una columna en EL PAÍS en la que aseguraba que el silencio de los empresarios que, en privado, discrepan del presidente y de su Administración “deja un vacío imposible de llenar en un país tan oligopólico y tan desigual”. En ese momento, Castañeda pedía que, así como hacen pública su disponibilidad para trabajar con él, hicieran pública también su crítica. Hoy, dos años después, opina el antiguo jefe de la diplomacia mexicana durante el mandato de Vicente Fox, tienen más recelos en torno a los planes del Gobierno, pero siguen igual de callados que antes.

“En su fuero íntimo tienen muchas más dudas, muchos más temores, muchas más críticas y, en el fondo, hay mucha más animadversión por López Obrador que hace dos años”, dice Castañeda . “Lo que no ha cambiado es que no lo quieren hacer público, ni en lo individual ni en lo colectivo”, apunta el académico de la Universidad de Nueva York.

Si los protagonistas no hablan -EL PAÍS se ha puesto en contacto con grandes empresarios del país y organizaciones patronales, que han declinado pronunciarse-, los números sí. De acuerdo con datos del Banco de México, han salido más de 15.000 millones de dólares en el mercado de dinero, que tiene que ver con deuda de corto plazo altamente líquida, desde que López Obrador ganó la elección presidencial en el verano de 2018. La salida del primer trimestre de este año es la más alta para cualquier primer trimestre desde 1991, primer año del que se tiene registro. Y gran parte de este dinero es de los empresarios, tanto de sus fortunas personales como de sus empresas.

La inversión fija bruta en México ha caído fuertemente durante lo que va del sexenio. Esto refleja la resistencia del Gobierno ante el gasto pero también la de la iniciativa privada. Mientras tanto, según un informe elaborado por la agencia promotora de inversión en España ICEX, las empresas mexicanas fueron las únicas en la región latinoamericana que aumentaron su inversión en países extranjeros durante 2020 en comparación con el año anterior. La estimación de la inversión fuera de México durante el año pasado alcanza los 9.573 millones de dólares.

“Este comportamiento se vincula también a los rumores, las impresiones o las anécdotas que hay de empresarios comprando casas en Madrid, en Houston o San Antonio, en Miami, en Vail, etcétera y mandando a sus familias a Estados Unidos”, dice Castañeda. En EE UU, al igual que en muchos países de Europa y hasta de América Latina, las patronales y directivos de empresa apoyan o critican abiertamente al Gobierno en turno. En México, con algunas excepciones, no es así. En 1973, el sector enfrentó al presidente Luis Echeverría después del asesinato de Eugenio Garza Sada, uno de los empresarios más importantes del país. En 1982, cuando el presidente José López Portillo nacionalizó la banca, los empresarios de nuevo criticaron al presidente.

“Pero, en general, en México esto no sucede”, continúa el excanciller, “¿Por qué? por las características y la historia del empresariado mexicano. Y ahora, porque creen que López Obrador tiene la mano muy pesada y que además esto ‘ya pasará’. Aunque ese ‘ya pasara’ es cada vez más discutible”. El Gobierno está escribiendo el último capítulo de una relación, que afecta a compañías locales e internacionales y que va camino de desembocar en una abierta hostilidad.

La reforma eléctrica y la nueva ley de hidrocarburos, dos iniciativas impulsadas por el mandatario para fortalecer a empresas del Estado como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex, ponen en entredicho futuras inversiones. No solo por el desincentivo que suponen, sino también por el clima de desconfianza que generan. Esta agenda energética se encuentra hoy paralizada en los tribunales, pero el presidente ha dado señales de que hará lo posible por desatascarla y ha respondido a las críticas con un contraataque a los capitales extranjeros, especialmente contra Iberdrola, llegando a enseñarle la puerta de salida. Sin embargo, la filial mexicana de la compañía opta por no pronunciarse y desde España su presidente, Ignacio Sánchez Galán, desechó ya a finales del año pasado nuevos proyectos en México.

Las inversiones en el sector eléctrico han aportado al país más de 17.500 millones de dólares desde la última reforma, según el cálculo de la propia Secretaría de Economía. López Obrador ha preferido, sin embargo, enterrar el plan de su antecesor, Enrique Peña Nieto, y ponérsela difícil a los grandes capitales. Lo ha hecho, como casi todo, en nombre de una supuesta lucha contra la corrupción, que siempre coincide con la lucha contra sus adversarios políticos y la ruptura con las Administraciones pasadas. El Instituto Mexicano de Competitividad (Imco) señaló la cancelación del aeropuerto de Texcoco, anunciada en 2018 antes de toma de posesión del mandatario, como un precedente que dio una señal de desconfianza a los posibles inversores. A partir de ese momento, se sumaron decisiones polémicas como estas leyes energéticas, los retrasos de una reforma fiscal que Hacienda se comprometió a abordar tras las elecciones del 6 de junio o los incumplimientos del acuerdo comercial T-MEC con Estados Unidos y Canadá.

En este contexto, López Obrador también ha lanzado algunos mensajes pretendidamente tranquilizadores a los empresarios. En la última convención bancaria, en marzo, afirmó: “Que nadie se confunda, seremos siempre respetuosos de las empresas y de los bancos, del sector privado nacional y extranjero. Repito: estamos a favor de que se hagan negocios en México, en el marco de la ley y con ganancias razonables. Lo que no se permite es la corrupción y el influyentismo”. Sin embargo, la relación con el sector y las desinversiones indican a menudo lo contrario.

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