López Obrador se aferra a su estrategia de seguridad pese a la violencia desbordada por todo México

México está en plena espiral de violencia. La guerra entre grupos criminales no cesa en Michoacán, dejando a su paso una estela de asesinatos, balaceras y bloqueos por el control del tráfico de drogas en la costa del Pacífico. Las comunidades indígenas de Chiapas, en el sur del país, están a merced de extorsiones, amenazas y saqueos, mientras la formación de grupos civiles de autodefensa no ha frenado el éxodo de miles de personas para huir del conflicto. El hartazgo también ha pasado factura en Oaxaca, donde 22 elementos de la Guardia Nacional fueron retenidos por pobladores durante tres días. En Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, fue hallada esta semana una narcofosa con los restos de al menos 21 personas, como las cuatro fosas comunes que ya se encontraron en Quintana Roo, la joya turística del Caribe mexicano. Todo, esta semana. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha atraído la atención en su conferencia de prensa de este viernes sobre la situación que se vive en el central Estado de Guanajuato y ha exigido a las autoridades locales que hagan algo para combatir la escalada de homicidios violentos. Pero las noticias sobre el último pico que ha teñido de rojo al país llegan desde los cuatro puntos cardinales.

Cuestionado por la crisis, el mandatario ha descartado cambios de fondo a su estrategia de seguridad y busca crear un frente común con los gobernadores bajo la promesa de pacificar al país: una pacificación ampliamente anhelada, pero que no ha llegado tras más de 15 años de guerra contra el narcotráfico que se ha extendido por Gobiernos de tres partidos diferentes. López Obrador ha dado un giro al discurso sobre la violencia en comparación con sus predecesores: ya no se centra en comunicar la captura y el abatimiento de los cabecillas de los carteles, sino en mandar mensajes de conciliación. “Abrazos, no balazos” es el lema de su mandato para sintetizar ese vuelco discursivo, que contrasta con el papel omnipresente que ha dado al Ejército en la vida pública del país: desde hacerse cargo de las tareas de seguridad hasta asumir la distribución de las vacunas contra la covid-19.

Los sucesos de los últimos días, sin embargo, han llevado el tema a ocupar un lugar central en la tribuna presidencial de las ruedas de prensa matutinas. En pleno ecuador de su mandato, el presidente ha reconocido que gran parte de su legado dependerá de su capacidad para apaciguar al país. “Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro Gobierno”, admitió López Obrador tras la reunión con los gobernadores el pasado miércoles.

Tras las elecciones del pasado 6 de junio, que dieron paso a la configuración de un nuevo tablero político en el país, fueron convocados 16 de los 32 gobernadores para analizar el plan de combate a la inseguridad en el Palacio Nacional, la residencia oficial. El acercamiento vino primero con los gobernadores de su partido, Morena, para suscribir el compromiso de bajar los homicidios dolosos en 50 municipios del país, aunque no se han dado más detalles. Los asistentes declararon que observaron las estadísticas, entablaron conversaciones con el Gabinete de Seguridad y dijeron que se les instó a participar en las mesas estatales que dan seguimiento diario a la incidencia delictiva. El pacto que busca el presidente no se cierra solo a sus aliados. López Obrador ha dicho que se reunirá con el resto “poco a poco”.

Los grandes ausentes han sido Silvano Aureoles y Francisco García Cabeza de Vaca, los mandatarios opositores de Michoacán y Tamaulipas, dos de los principales focos rojos. A pregunta expresa de la prensa y tras un largo historial de encontronazos, López Obrador ha afirmado que, de momento, las puertas del Palacio Nacional están cerradas para ambos. “No quiero que se produzcan debates ríspidos ni espectáculo”, dijo el presidente. “Hay que respetar la investidura presidencial”, ha agregado.

Cabeza de Vaca, al frente de Tamaulipas desde 2016, ha estado en la diana presidencial desde hace varios meses, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. El gobernador, “delincuente confeso” a los ojos del presidente, no se ha enfrentado a la justicia, a pesar de que la Cámara de Diputados lo despojó de su inmunidad política en abril, porque el Congreso local frenó el proceso, en una controversia que llegó hasta la Suprema Corte. “Hay un asunto legal y no quiero que se mezcle”, señaló el presidente sobre su negativa a reunirse con el gobernador tamaulipeco.

En el trasfondo de la confrontación política están las demostraciones de fuerza de la delincuencia organizada. Además de la fosa que se encontró en Reynosa, esta misma semana un comando armado irrumpió en las oficinas de la Fiscalía estatal y liberó a un capo del Cartel del Golfo en medio de balaceras y bloqueos en esa ciudad fronteriza, el mismo sitio donde hubo matanzas de civiles al azar por parte del narcotráfico hace menos de un mes. Y las alertas de viaje han llegado desde Estados Unidos, pero también del Estado vecino de Nuevo León ante los reportes de asesinatos, enfrentamientos con armas largas y desapariciones. En el enésimo pico de violencia de la entidad, en una crisis que se ha extendido por más de 15 años, Tamaulipas no se sentará en la mesa de seguridad del presidente.

Michoacán es el mismo caso. Aureoles, del Partido de la Revolución Democrática, ha asegurado que grupos del crimen organizado estuvieron involucrados en las elecciones que dieron como vencedor a Alfredo Ramírez Bedolla, el candidato de Morena a la gubernatura, y se plantó a finales de junio afuera de la residencia oficial del presidente con una carpeta en la que, decía, tenía las pruebas para demostrarlo. “Con todo respeto, le mando a decir al gobernador de Michoacán que no lo puedo recibir porque hay mucha politización y yo no me quiero meter en esas cosas”, dijo el mandatario en una de sus conferencias matutinas. El presidente abrió la puerta a que tal vez lo llamaría cuando se resolviera el resultado de las votaciones y las impugnaciones en los tribunales, aunque Aureoles está a poco más de dos meses de dejar el poder.

Mientras se discute la posibilidad lejana de una reunión, las noticias desde Aguililla, el último frente de guerra entre carteles, dan cuenta del asedio y las protestas de la población por un territorio que, para todo fin práctico, se ha vuelto ingobernable. Las mesas de diálogo propuestas por el Gobierno se han tenido que suspender por la ausencia de garantías de seguridad y los ataques contra el Ejército y la policía local, los bloqueos de carreteras y los toques de queda no han parado. Y la violencia se ha extendido a otros puntos de Michoacán, con el ataque con bombas molotov de gatilleros vestidos de civiles a las oficinas gubernamentales en Tarécuaro, una localidad de menos de 7.000 habitantes.

Está por verse el alcance del plan que quiere concretar el presidente y a cuántos gobernadores de la oposición podrá sumar. Lo más importante será si, más allá del discurso, la ola de violencia cederá a partir de las acciones lideradas desde el Gobierno federal, una encomienda que López Obrador dice haber asumido como uno de sus principales retos políticos. “Se ríen, se burlan de que he dicho ‘abrazos, no balazos”, señaló el presidente, “vamos a demostrar que funciona”. El presidente asegura que los resultados llegarán “poco a poco”, aunque las tragedias, cada vez más recientes y cotidianas, siguen poniendo la estrategia en entredicho.

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