La lucha de Jovita: liberar a su hijo preso por tratar de robar nueve dólares y una sandía

El piso de la señora Jovita reluce como si afuera no lloviera a cántaros y a la casa no se llegara por un camino embarrado. Preparada con esmero, en la sala pintada de rosa hay una mesa larga y estrecha, un altar esquinado con la virgen de Guadalupe y nada más. Las sillas las manda a buscar para recibir a las visitas. A Jovita Núñez, trabajadora en una maquila, se le agotó pronto el dinero necesario para ir a visitar a su hijo pequeño a la cárcel de Texcoco, en el Estado de México, pero no descansó hasta que lo vio libre. Uriel, de 24 años, pasó nueve meses en prisión acusado de dañar una sandía y tratar de robar 180 pesos, unos nueve dólares. Acaba de salir con una amnistía gracias a la lucha incansable de su madre.

Uriel Núñez, que es alto y flaco y el acné todavía le marca la piel, fue arrestado por una patrulla en San Salvador Atenco, un pequeño pueblo en los confines del área metropolitana de Ciudad de México. Era el 5 de octubre de 2020. Ese día, el chico había deshierbado un campo de su tío, se había puesto “bien borracho”, había deambulado por las calles con un machete que es casi un símbolo en este municipio de lucha campesina y había llegado a una recaudería. “Yo pasé a pedirle una manzana a la muchacha que estaba despachando, se la pedí por favor, la palabra con la que se piden las cosas, ¿no? Y cuando iba saliendo, como iba inconsciente, no estaba en mis cinco sentidos, me quedé mirando la sandía y la empecé a machetear”, dice.

Y en la carpeta de investigación se lee: “Una sandía ésta de aproximadamente 45 centímetros de largo por una circunferencia de 50 centímetros en la cual se observa un corte en diagonal de una longitud aproximada de 25 centímetros”. Acompaña al texto una imagen de la fruta y su herida como evidencia. Núñez mira ahora las hojas de la denuncia y se sorprende de dónde estaban las cosas colocadas, se ríe. “No me acuerdo muy bien”, reconoce.

Hasta la puerta de la tiendita llegó pedaleando Manuel, su abuelo que ha hecho de padre, para reñirle y quitarle el machete. Uriel siguió caminando por la avenida Nacional hasta que unos metros adelante, unos oficiales detuvieron el vehículo policial y se lo llevaron detenido. Eran las 15.40 y su madre pasó dos días y ocho horas sin saber qué había sido de él.

Las irregularidades se sucedieron: nunca tuvo derecho a hacer una llamada, le quitaron su dinero e identificación, no fue llevado a la comandancia de Atenco, sino directo al Ministerio Público de Texcoco donde tras 11 horas —en vez de las 48 regulares— fue trasladado sin aviso a la prisión Molino de Flores, fue metido en una celda y allí permaneció 15 días durmiendo en el suelo. Hasta la primera audiencia no supo por qué estaba en la cárcel: robo con violencia en grado de tentativa.

Los agentes hicieron constar en el acta que Uriel amenazó a la dependienta y dentro del local dijo: “Deme todo el dinero, ¿cuánto hay?”. Aportan la fotografía de una cesta pequeña con 180 pesos y describen como prueba uno por uno los billetes (“un billete de cien pesos, un billete de 50 pesos, una moneda de 10 pesos, una moneda de cinco pesos, tres monedas de dos pesos y nueve monedas de un peso”). El dinero que Núñez no se llevó fue embalado como “indicio único”, se trataba de toda la evidencia que permitía a los agentes intuir que había tratado de robar.

“En realidad pues no lo hice. No me han inculcado esas maneras”, mantiene el chico, “esa carpeta me la fabricaron”. La voz tímida de Jovita interviene en el relato: “Hasta cuando fui a ver a la señora se puso muy mal, se puso a llorar: ‘No, yo no quería eso pa su hijo’, ‘no, pues yo la voy a apoyar en todo, a ver cómo le hacemos para sacarlo, cuenta conmigo’, ‘no, no me robó nada’. Yo le dije: dime si te robó, pegó o amenazó. ‘No, señora, nada de eso”. La dependienta de la recaudería ha querido dar su versión a este periódico.

El centro por los derechos humanos Zeferino Ladrillero ha calculado que en el Estado de México hay alrededor de 17.000 personas “injustamente presas”, es decir, de una población penitenciaria de 30.000 individuos más de la mitad no tuvo derecho a un proceso justo, sus delitos fueron fabricados, sus confesiones obtenidas bajo torturas o sus arrestos hechos sin orden de aprehensión, entre otras irregularidades. “En el Estado se criminaliza la juventud, la pobreza y lo indígena”, dice el abogado Antonio Lara, quien asesoró a Jovita Núñez en la petición de amnistía.

La mujer acerca una carpeta verde con cremallera donde guarda los papeles: ahí están los papeles de la investigación, las decenas de oficios y sus copias, los avisos y las notificaciones de amnistía denegadas. Jovita lo guarda todo, así le dijeron. Todo lo trae manoseado, de andar de aquí para allá entre la tienda de copias, el ministerio público, las reuniones con los abogados y el reclusorio. En estos nueve meses esa fue la vida de esta mujer, de 47 años, que siempre ha trabajado desde el amanecer en una fábrica de costura del Estado de México.

En San Salvador de Atenco tuvo lugar en 2006 una de las grandes represiones policiales de la historia reciente de México. Tras una revuelta por unos puestos de flores, Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado, envío a miles de agentes de las fuerzas de seguridad a reprimir a los manifestantes de este pequeño municipio. El saldo: 217 detenidos y 45 denuncias de mujeres violadas. Aquello no se olvida. Un día que Jovita andaba escombrando el patio, a eso de las tres de la tarde, la llamó un vecino que había escuchado el caso de Uriel. Habían pasado unos meses con el muchacho en la cárcel y los abogados particulares que había contratado el abuelo, Manuel, no habían conseguido nada. El vecino conocía a unos defensores de derechos humanos que podían tener la solución.

A finales de diciembre y bajo el paraguas de la norma federal, el Congreso de Estado de México aprobó su ley de amnistía. Está pensada para liberar a personas encarceladas —con o sin sentencia firme— por delitos menores: narcomenudeo, robo en algunas modalidades, aborto, sedición o delitos involuntarios. Ahí entra Uriel, le dijeron esa tarde los abogados del centro Zeferino Ladrillero a Jovita. A partir de ese momento, la mujer completó en 10 ocasiones la petición de amnistía. Todas fueron denegadas por errores de forma. “Cuando yo me desesperaba, Antonio y Fabi me daban fuerzas, ‘venga señora Jovita, tiene usted que echarle ganas, lo va a conseguir”, relata. Finalmente, la última petición fue aprobada, pero el juez pedía 86.680 pesos (unos 4.300 dólares) de reparación moral del daño. “Me espanté, a ver cómo iba a hacer yo para pagar eso”.

La solución surgió como brotan los arreglos en los pueblos: entre vecinos. La dependienta afectada firmó, en varias ocasiones, frente a los funcionarios judiciales, el documento que acreditaba que había recibido los 86.680 pesos. La presionaron y preguntaron si aquello era cierto, si le habían pagado. En todas ocasiones dijo que sí.

El 22 de junio de 2021, a las 16.20, Jovita Núñez escribió un mensaje en el grupo de WhatsApp de mujeres que tratan de liberar a sus familiares injustamente presos: “Buenas tardes compañeras, ayer mi hijo ya fue puesto en libertad gracias a Dios y también gracias a toda la asociación de Zeferino Ladrillero; haz valer mi libertad muchas gracias”.

El Estado de México, un ejemplo en la ley de amnistía

La Ley de Amnistía fue una de las grandes promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador. En 2020 fue aprobada por el Congreso federal. El presidente prometió que iba a servir para sacar de las cárceles a unas 5.000 personas, entre las que había presos políticos, indígenas que no tuvieron acceso a una defensa o mujeres que habían abortado. Hasta el momento, solo cinco personas se han beneficiado de este tipo de liberación. Los expertos identifican dos problemas legislativos desde su formulación: un catálogo muy limitado de delitos menores por los que se puede recibir la amnistía y la constitución de una comisión administrativa que debe analizar las solicitudes y se ha convertido en un embudo. Desde su constitución, solo se han reunido en dos ocasiones. La gran promesa del presidente se ha convertido así en una ley limitada y con tantas trabas burocráticas que la hacen inefectiva.

Sin embargo, en el Estado de México son los jueces quienes reciben las solicitudes de amnistía y deciden si cumplen o no los criterios para ser liberados. La comisión legislativa solo se ocupa de los casos especiales, al contrario que a nivel federal. Así, desde principios de año alrededor de 500 personas privadas de libertad en la entidad se han visto beneficiadas. Uriel Núñez es una de ellas. “Comparadas con las cinco a nivel federal son un éxito, pero el potencial de la ley estatal da para 5.000 liberaciones”, considera el abogado Antonio Lara.

A Uriel Núñez la cárcel le dejó una cicatriz de guadaña en la cabeza, muchos miles de pesos menos que cuesta mantenerse en la cárcel y que tuvo que afrontar su madre, y una idea: “Si hubiera estado ahí más tiempo, hasta hubiera salido siendo peor, los cuates de los que era yo su chavito, están muy pesados aquí en el Estado, me ofrecieron dos o tres trabajos para ganar demasiado dinero, eso es lo que causa el Gobierno”.

El joven salió la noche del 22 de junio con el documento que declaraba su amnistía arrugado, agarrado con fuerza en la mano. Dice que en este tiempo ya había logrado acostumbrarse a la prisión, pero que siente que es el momento “de hacer algo bueno pa fuera, de no tomar y de cambiar, buscar un trabajo, ganarse las cosas por la derecha”. Al salir del reclusorio lo primero que hizo fue abrazar a su madre: “Darle las gracias por no darse por vencida”.