Cancelación de contratos y protagonismo del Estado: así es la reforma eléctrica que desmonta el modelo de Peña Nieto

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador, desmontará, si recibe el apoyo del Congreso, gran parte de la reforma energética constitucional aprobada en 2013, que abrió el mercado eléctrico a la participación privada por primera vez en más de 70 años. Su ambiciosa iniciativa de ley, presentada el viernes, propone cancelar contratos, eliminar a los reguladores, garantizar preponderancia en el mercado eléctrico a la empresa pública, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y darle al Estado el derecho exclusivo de exploración y producción de litio. Con estas premisas, López Obrador está dispuesta a enfrentarse a empresas privadas ante cortes de arbitraje internacional para poner el sector eléctrico en manos del Estado.

La iniciativa es una fiel expresión de la visión de López Obrador del país como víctima de intereses privados abusivos que, según su criterio, atentan contra la soberanía nacional —tema central de su candidatura y mandato—. Esta visión contrasta fuertemente con la del Gobierno anterior, que gastó gran parte de su capital político en la aprobación de una reforma constitucional que le apostó a la competencia económica para garantizar mayor calidad y mejor precio de los servicios de electricidad. Ahora, el partido oficialista Morena se enfrenta a la misma negociación: reunir suficientes votos para cambiar, de nuevo, la Constitución.

“Es una propuesta súper profunda”, dice Julia González, abogada especializada en materia energética en la firma González Calvillo en la Ciudad de México. “Esta no es solo una reforma eléctrica, esta es una reforma en materia de energía”, asegura la especialista, ya que también impactaría a proyectos de hidrocarburos. En paralelo a esta propuesta, dos propuestas de modificaciones a la ley de hidrocarburos y a la de la industria eléctrica se están procesando en cortes distintas en el país.

De acuerdo con estimaciones de González, al partido oficialista le harían falta 57 votos en la Cámara de Diputados para que la reforma pase. De lograrlo, por ser una reforma constitucional, las empresas ya no tendrían como recurso pedir un amparo a los tribunales nacionales para defender el cumplimiento de contratos acordados bajo la Administración anterior, sino que se verían obligadas a recurrir cortes de arbitraje internacionales. La propuesta va en contra de lo expresado por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el pasado 2 de septiembre, en un evento virtual en el que aseguró que la “agenda fuerte de reformas constitucionales” del presidente ya estaba “satisfecha” y no vendrían más “cambios fuertes”.

“Los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución”, señala el texto de la propuesta enviada al Congreso. Las empresas generadoras de electricidad solo podrán vender a CFE, y no directamente a consumidores como ahora, tanto residenciales como las empresas. “Lo que más me preocupa de una reforma constitucional es que va a ser muy difícil que otro Gobierno llegue a tener la votación suficiente para modificar, de nuevo, la Constitución”, agrega González, “si se aprueba, nos va a durar muchos años”.

La reforma energética aprobada e implementada durante el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto, del PRI, requirió un cambio de la Constitución que se logró a través de acuerdos con los partidos de oposición. En su momento, se prometieron miles de millones de dólares en inversión extranjera directa al país como motor de crecimiento económico. Los “verdaderos objetivos” de la reforma, según el texto de la iniciativa de López Obrador, “fueron el despojo, la desaparición de las empresas energéticas del Estado y el otorgamiento de beneficios ilimitados al sector privado. Así se instrumentó el menoscabo de los derechos históricos de la Nación sobre el patrimonio energético”, argumenta.

El primer paso en 2013 fue darle un carácter jurídico diferente a las empresas paraestatales de energía, la CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex), para que pasaran a ser “empresas productivas del Estado” con más autonomía e independencia en el manejo de sus recursos. La iniciativa de López Obrador propone cambiar esto, otorgándole a CFE una personalidad jurídica como organismo del Estado y eliminando las subsidiarias y filiales que se diseñaron para promover la competencia.

Una de estas filiales, el brazo privado de la CFE que opera con completa confidencialidad en Estados Unidos, CFE International, se ha visto envuelta en un caso de posible corrupción, informaron las autoridades tras una investigación de EL PAÍS. Durante el sexenio anterior, el director general de CFE International otorgó contratos multimillonarios a una empresa recién fundada por un grupo de sus ex colegas en Texas.

En línea con el escepticismo y la crítica del Presidente hacia los reguladores, la iniciativa propone la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), reguladores responsables de todo el sector energético, no solo en materia de electricidad. Sus funciones las haría la Secretaría de Energía.

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el ente que opera la red nacional de transmisión y el sistema eléctrico del país, dejaría de ser un organismo descentralizado para formar parte de la CFE. Esto le daría al director general de CFE, Manuel Bartlett, control de la red que utilizan también empresas privadas para distribución. Además, la propuesta le garantiza a CFE el 56% de la producción y el despacho de la electricidad generada en el país. La CFE sería juez y parte en el mercado eléctrico, asegura González, “que es lo que con la reforma anterior se intentaba evitar porque la reforma hizo de CFE un participante más del mercado, y es evidente que, con esta, regresaría al juego anterior de ser regulador y participante”.

López Obrador también propone que el Estado sea el único que pueda explorar y producir minerales estratégicos para la electricidad, como el litio, el cual se utiliza en la fabricación de baterías para autos eléctricos, por ejemplo, y en electrónicos como smartphones. “Por su importancia para la Transición Energética, no se otorgarán concesiones sobre el litio y demás minerales estratégicos necesarios”, dice la iniciativa. “A las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado mexicano y en las que a la fecha existen antecedentes de exploración de litio debidamente avalados por la Secretaría de Economía, no les será aplicada la restricción referida en el párrafo anterior”, apunta.

El año pasado, una revista especializada en el mineral, el cual es altamente demandado a nivel mundial por empresas como Tesla, por ejemplo, aseguró que México tiene una de las reservas más grandes de litio en el mundo, ubicada en el estado norteño de Sonora. Actualmente, un consorcio chino-canadiense opera una mina llamada Bacanora Lithium. México tiene ocho proyectos de extracción de litio a cargo de empresas privadas.

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