La impunidad crece en México: un 94,8% de los casos no se resuelven

De poco sirve el combate a la corrupción, la persecución de criminales para reducir las enormes cifras de violencia que soporta México desde hace casi una década —casi 100 asesinatos al día— si la inmensa mayoría de los casos no se resuelven. Un amplio informe de México Evalúa, que revisa la información oficial sobre el trabajo de las fiscalías y jueces en 2020, arroja un dato estremecedor: un 94,8% de los delitos no ve una salida. Ni una sentencia, pero tampoco un acuerdo entre las partes, ni reparación del daño, en muchos casos ni llegan a juicio y quedan varados en el archivo temporal. La cifra ha aumentado desde 2019, que ya manejaba un 92,4%. La impunidad crece con unas fiscalías asfixiadas por el número de carpetas y alimenta la seguridad de que matar, extorsionar, secuestrar o desaparecer en México sale prácticamente gratis.

La coordinadora del informe, Chrístel Rosales, explica que el principal problema que ha impedido resolver el lastre de la impunidad es que en los Ministerios Públicos no existe un protocolo de priorización de casos. El escaso presupuesto no se maneja de forma eficiente y se atiende la cascada de denuncias sin ningún orden. Según sus estudios, al menos un 30% de los delitos se podrían haber desahogado por la justicia alterna, pero no existe apenas ese filtro. “Le dan la misma prioridad a una desaparición u homicidio que a un robo menor”, explica. La falta de visión estratégica en política criminal, cuenta la investigadora, provoca que solo uno de cada dos casos reciba algún tipo de respuesta de la fiscalía, y de los que lo hacen, un 60% son archivados. “En algunos delitos como tortura o desaparición, la impunidad roza el 100%”, agrega.

El documento alerta sobre el colapso de los agentes investigadores. En promedio, los fiscales inician por persona 145 carpetas al año, pero hay casos como el de Nuevo León, donde esta cifra asciende a 456 investigaciones por fiscal; o Sonora, con 326. Y no solo los ministerios públicos se encuentran rebasados, también los peritos —el personal científico encargado de aportar elementos técnicos a la investigación—. A nivel federal, cada técnico atiende al menos 160 solicitudes de análisis pericial o estudios, pero a nivel local, más de 448. Las cifras desvelan que por tanto, del total de dictámenes solicitados, los peritos atienden menos del 4%. “Esto provoca que los casos no llegan a ser judicializables, no solo por la carga de trabajo, sino por falta de elementos de prueba”, explica Rosales. Otra de las deficiencias del sistema es la falta de jueces. México cuenta con algo más de cuatro por cada 100.000 habitantes. En Colombia la cifra es mucho mayor, 12; y Costa Rica, el país latinoamericano con menor tasa de impunidad, 26.

La investigación revisa la implantación del nuevo modelo de justicia penal, que se instaló definitivamente en 2016 y que pasó de un modelo “inquisitorio” a uno acorde con los derechos humanos, donde se respeta la presunción de inocencia. Hasta ese año, México mantenía un esquema prácticamente medieval, donde la fiscalía tenía todos los instrumentos y no había un debate en el juicio. Antes, el inculpado tenía que probar que era inocente. “Lo que observamos después de cinco años es que se mantienen muchas malas prácticas del anterior sistema, que terminan por frenar el avance de los casos. No es un problema del diseño del sistema, sino de operación”, añade Rosales.

Un juez local contaba a este diario un ejemplo de ese tipo de viejas prácticas. En los juzgados ha corrido siempre la broma de que las policías están patrocinadas por la marca de cuchillos Tramontina, el cubierto más común en cualquier casa mexicana. “Solo hace falta un cuchillo para que un robo menor o un presunto narcomenudista entre en prisión preventiva y el ministerio público así gane tiempo para investigar el caso”, relataba. Después, en algunas ocasiones, el acusado logra demostrar que ese cuchillo no era suyo, no hay huellas, “me lo sembraron”. Y queda absuelto por otro juez. Hasta que un detenido llega a ese punto, puede pasar dos años en la cárcel.

El informe alerta de un aumento de la prisión preventiva de un 21% en el último año. Una herramienta que da 24 meses de margen a las fiscalías para engrosar las carpetas de investigación, pero que se buscaba evitar con el nuevo sistema penal pues las cárceles estaban llenas de gente inocente. El documento advierte además del abuso del procedimiento abreviado —un mecanismo mediante el cual un acusado se declara rápidamente culpable sin necesidad de juicio y a cambio obtiene una rebaja de su condena— que ha crecido en un 16%. “Esta herramienta da pie a la vieja práctica de la fabricación de culpables. Donde se busca que las personas se asuman responsables y reciban una sentencia aunque no hayan participado, con el objetivo de cerrar el caso y elegir lo menos peor”, añade Rosales.

Los derechos de los procesados tampoco están garantizados. Cada abogado público carga con 152 clientes de media, aunque hay entidades con datos más dramáticos, como Veracruz, donde la defensoría del Estado es casi una utopía. También, el informe registra que una de cada cuatro detenciones fueron ilegales. Y el análisis registra además una brecha entre el género de los acusados.

Las mujeres acusadas de cualquier delito tienen más posibilidades de ser sentenciadas a prisión preventiva (un 50%, frente a un 40% de los hombres). También, el informe ha detectado que se han impuesto penas más altas para ellas, pese a que la cantidad de reclusas es mucho menor que de reclusos. Del total de condenados que reciben penas de más de 21 años de prisión, dos terceras partes son mujeres. “Se está aplicando una justicia más punitiva contra las mujeres y esto sin contar que desde el primer momento en que una mujer se enfrenta a la justicia, desde su detención, los derechos que le son garantizados son menores que los hombres: sufren más amenazas con hacer daño a un familiar, se les informa menos sobre sus derechos, son más presionadas para dar otra versión de los hechos y tienen menos posibilidades de contactar a un abogado público”, cuenta Rosales. La información incluye la amplia encuesta que elabora anualmente el Instituto Nacional de Estadística.

Pese a las cifras nacionales, hay algunos Estados en el país que han mejorado sus datos en los últimos años: Zacatecas, Querétaro, Nuevo León y Coahuila, se han convertido en pioneros en la aplicación de protocolos que buscan reducir la impunidad. Pese a que algunos de ellos manejan las cifras de violencia más altas del país, sus instituciones se han fortalecido. “Ahí están las pistas a seguir para el resto”, apunta Rosales. Y lanza un mensaje al Gobierno federal: “Mientras no veamos la realidad de lo que está sucediendo, difícilmente vamos a revertir esta situación. Más que proclamar el combate a la impunidad y corrupción, deberían fortalecer el sistema, buscar la congruencia. Pues parece que vemos un mundo muy distinto”.

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