Los profesores del CIDE alzan la voz tras una nueva serie de destituciones: “Nos están asfixiando”

La relación entre la academia y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha alcanzado un nuevo punto de tensión. La destitución de la secretaria académica y de la directora de evaluación “por rebeldía” ha agudizado el enfrentamiento entre el director interino y la comunidad del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), uno de los institutos más reputados del país. El choque va más allá de las remociones. Los profesores han decidido alzar la voz ante lo que acusan han sido una serie de decisiones arbitrarias y violaciones al reglamento interno que complican sus condiciones de trabajo, comprometen la libertad de cátedra y amenazan con hacer caer al centro en una parálisis institucional. “No sé si la intención sea destruirlo o purgarlo, pero nos están asfixiando”, reclama Lorena Ruano, docente de la división de Estudios Internacionales.

Javier Martín Reyes, académico de la división de Estudios Jurídicos, explica que la crisis que atraviesa el CIDE se entiende como parte de un contexto más amplio. A pesar de ser uno de los sectores que histórica y mayoritariamente apoyaron la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, la Administración actual lleva meses en franco enfrentamiento con científicos y académicos. Se desaparecieron fideicomisos que eran clave para el funcionamiento de los centros de investigación y educación superior. El presupuesto para universidades públicas no aumentó en términos reales en el último proyecto aprobado la semana pasada. Y los investigadores están constantemente en la diana presidencial, tildados de “corruptos”, “neoliberales” y “ladrones” hasta llegar al punto de buscar llevar a juicio a 31 miembros de la comunidad científica, señalados por delincuencia organizada y lavado de dinero.

El choque en el CIDE, que no es autónomo y depende directamente del Gobierno, concentra todos esos ingredientes. La desaparición de los fideicomisos provocó un atraso de más de un año, denuncian los profesores, en el pago de estímulos a la investigación y a la docencia y el deterioro de las condiciones laborales derivó en reclamos sobre el contrato colectivo de trabajo, entre otros problemas. Tras la renuncia del director Sergio López Ayllón en agosto y tras meses de falta de entendimiento con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt, el organismo rector del ramo), el Gobierno nombró como interino a José Romero Tellaeche, como encargado del nuevo rumbo que la Administración de López Obrador quería dar al centro.

Romero Tellaeche llegó con la consigna de que había que acabar con la “visión neoliberal” en el instituto. “Tanto los mecanismos de selección como el distanciamiento del CIDE de los problemas nacionales y la búsqueda de soluciones han provocado una marcada disminución en el número de interesados en ingresar y formarse en el Centro”, argumentó en su plan de trabajo. El académico Alejandro Madrazo, uno de los críticos más vocales del proceso de militarización que ha vivido el país durante este Gobierno y los anteriores, fue destituido a principios de octubre como director de la sede del CIDE en Aguascalientes tras publicar un video en el que exigía mejores condiciones laborales. La dirección interina justificó el despido bajo el argumento de “pérdida de confianza”. Decenas de profesores y alumnos se pronunciaron contra la destitución y acusaron estar bajo “asedio”.

El último capítulo de tensión se debe a que Romero Tellaeche buscó suspender la realización de las Comisiones Académicas Dictaminadoras (CADIs), una serie de evaluaciones semestrales que determinan la permanencia y el ascenso de los profesores, hasta que se ratificara a un director general de forma definitiva. Catherine Andrews, la secretaria académica, explicó al director que por estatutos no podía tomar esa decisión de forma unilateral y que las sesiones se habían pactado desde hace meses. Según Andrews, Romero Tellaeche cedió en un principio, pero después optó por cancelar la reunión, ella insistió en que eso iba contra el reglamento y presidió la primera sesión de las CADIs. Él respondió con el despido por correo de la investigadora. El argumento ahora fue que cometió “un acto de rebeldía”. A Celine González Schont, directora de evaluación, también le exigieron que dejara su cargo, aunque finalmente la ratificaron. “Tiene usted impedimento legal para ejercer las funciones inherentes al cargo que venía desempeñando”, se lee en la notificación oficial. Los despidos no se traducen en que dejen definitivamente su plaza, sino que orillan a quienes las ocupaban a abandonar los puestos de dirección.

El director interino ha demostrado que no tiene la capacidad ni la vocación para dirigir una institución de este tipo”, reclama Martín Reyes. El investigador no achaca la crisis a un tema puramente ideológico y sostiene que la institución es plural y que catalogarla como “neoliberal” es en exceso “simplista” e “ignorante”. “El nivel de irresponsabilidad e incompetencia es alarmante y se suma a los otros factores estructurales”, afirma el profesor y agrega que la violación de los estatutos del CIDE puede derivar en sanciones administrativas contra Romero Tellaeche. En línea con el Concacyt, el director interino ha negado en varias ocasiones que exista una persecución. Tras la publicación de esta nota, Romero Tellaeche dijo que era falso que se tratara de “una serie de despidos”, que estaba siendo blanco de una “campaña de desprestigio” y que las decisiones se tomaron en apego a la normatividad vigente.

El asunto, sin embargo, va más allá de lo administrativo. Ruano señala que la destitución de la secretaria académica deja en el limbo la elaboración de los calendarios, la evaluación docente y puede provocar la salida en masa de varios profesores por el hostigamiento, una “fuga de cerebros” en una de las instituciones más reconocidas en América Latina.

“Los estudiantes están pagando el costo más alto, están sumidos en la incertidumbre”, lamenta Ruano. “Desafortunadamente, este no es el primer caso de destitución arbitraria”, reclaman los representantes del alumnado. El cuerpo de exalumnos también ha expresado su preocupación. El sindicato de personal académico del centro calificó de “grave e inaceptable” la decisión de suspender las CADIs. Madrazo expresó con ironía su solidaridad con las “académicas rebeldes”.

Ruano asegura que un emplazamiento a huelga es posible si se agotan las vías de diálogo y negociación. “No veo muchas soluciones, quizá poniendo a alguien en la dirección con quien se pueda dialogar, en vez de alguien que castigue a quien no esté de acuerdo con él”, agrega. “Las crisis que existen en el CIDE son problemas que perfectamente se pudieron haber evitado”, apunta Martín Reyes. Ahora, los problemas y el tono de la discusión han escalado, como no se había visto hasta ahora en una institución de educación superior durante este sexenio. Está previsto que para finales de noviembre las autoridades anuncien quién asumirá la dirección del centro de forma definitiva, si se ratificará a Romero Tellaeche o si la presión de la comunidad académica forzará la llegada de alguien más.

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