Loretta Ortiz, una fundadora de Morena en la Suprema Corte

La nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia reúne dos ingredientes en ocasiones difíciles de compaginar: solvencia académica y militancia política. Loretta Ortiz (Ciudad de México, 66 años) es una reconocida profesora e investigadora en derecho internacional y derechos humanos. Mientras que a la vez cuenta con una intensa trayectoria política, siempre cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador. Diputada por el Partido del Trabajo, satélite y socio parlamentario de Morena, la propia Ortiz formó parte en 2011 del grupo fundador del partido hoy en el poder, del que se dio de baja al comienzo del mandato, precisamente, para cumplir con los requisitos básicos de los aspirantes a ministros del Constitucional mexicano. Tras otra intentona fallida, a la tercera ha sido la vencida y la propuesta de Ortiz ha sido ratificada este martes por el Senado.

Licenciada por la Escuela Libre de Derecho, un centro de estudios semillero de políticos y altos funcionarios, Ortiz afianzó su carrera académica en la Universidad Iberoamericana, otro prestigioso centro privado. Allí se especializó en la rama internacional y llegó a dirigir la licenciatura en Derecho. Los juristas consultados para este perfil coinciden en que Ortiz acumula “un respeto muy importante en la Ibero”. Aunque su perfil, alejado de los tribunales y muy especializado en una materia en concreto también le ha valido críticas. “No basta con ser buena académica para ser ministra de la Corte. Además, su trayectoria no tiene nada que ver con la justicia constitucional”, apunta Hugo Concha Cantú, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

A la vez, su perfil internacional, con varias estancias en el extranjero, y su especialización en derechos humanos también le ha podido hacer ganar puntos. “Son materias cada vez más relevantes en el poder judicial. Sobre todo tras la reforma de 2011 que incorpora a la Constitución las nomas contempladas en los tratados internacionales firmados por México”, señala Javier Martín Reyes, profesor de Estudios Jurídicos del CIDE. La intersección entre su perfil jurídico y político la aupó hasta su primer cargo durante este Gobierno como coordinadora del Consejo Asesor para Garantizar la Paz, uno de los primeros órganos creados por López Obrador con el objetivo de hacer de hacer de enlace entre las autoridades y los colectivos de víctimas de la violencia.

El nacimiento de aquel consejo asesor se encuadró en una campaña inicial que incluía la creación de distintos foros en los que participarían organismos, personalidades, defensores de derechos humanos, líderes religiosos, políticos y sociedad civil nacional e internacional parar elaborar una “receta mexicana” para la pacificación del país. Todas aquellas iniciativas, incluido el Consejo del que era coordinadora Ortiz, o no se llegaron a realizar o se fueron diluyendo hasta quedar en lo testimonial.

La actual ministra llega además desde la pasarela del Consejo de la Judicatura Federal, del que fue nombrada consejera en noviembre de 2019. Antes, Ortiz había tenido contactos con la Administración. En la década de los ochenta formó parte del departamento de consultores de la Cancillería. En los noventa, fue asesora del Banco de México y de Conaculta, lo que luego se convertiría en la secretaría de Cultura.

Su trayectoria más política que jurisdiccional no es el único punto polémico de su nombramiento, sobre el que ha planeado incluso acusaciones de un posible conflicto de interés. Su esposo, José Agustín Ortiz, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), es uno de los funcionarios más cercanos a López Obrador, compañero de batallas del presidente desde la salida de ambos del PRI y también fundador de Morena.

Durante el protocolario discurso ante el Senado, Ortiz dio algunas pistas de sus posiciones en la Corte, el órgano con la última palabra a nivel federal y cuyas recientes decisiones, como la vía libre al uso recreativo de la marihuana o la despenalización del aborto, van perfilando no solo el panorama jurídico si no también social y político del país. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, Ortiz se mostró crítica con la consulta popular para enjuiciar a los presidentes y la prisión preventiva oficiosa, asuntos en los que López Obrador se había posicionado a favor.

Ortiz es la cuarta ministra nombrada durante este Gobierno. Un número relevante en el equilibro de la Corte, formado por 11 ministros, incluido el presidente. La mayoría de las decisiones para impugnar leyes o cuestiones de inconstitucionalidad necesitan de una mayoría de ocho ministros. Por lo que si cuatro votan en negativo en bloque se construye una especie de derecho de veto a su favor.

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