Las parteras del sur de México que practican abortos seguros con medicamentos aprobados por la OMS

Las parteras del sur de México son las aliadas de las mujeres que buscan un aborto seguro y no tienen a dónde ir. A ellas acuden mujeres pobres, indígenas o muy jóvenes, las más vulnerables, para recibir un par de pastillas que les garantice interrumpir su embarazo sin poner su vida en riesgo. Los medicamentos para abortar, aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), son parte esencial de las herramientas con las que cuentan las parteras para ayudar a quienes no encuentran respuesta en el sistema de salud o a quienes las leyes no les deja más opciones que buscar compañía, en secreto, para abortar.

“En el 2016 murieron dos chamacas, una con cinco meses de embarazo y la otra con tres meses. Se mataron, se suicidaron aquí en el municipio porque no tuvieron otra salida. Si hubieran venido antes, y aunque no tuvieran dinero, las habríamos ayudado. Tenemos que ayudarlas porque no tienen dinero, no tienen nada”, dice Luz, de 63 años, 25 como partera. Su testimonio y el de otras que, como ella, apoyan a mujeres que desean un aborto con el uso de misoprostol y mifepristona, son parte del libro Realidades y retos del aborto con medicamentos en México, editado por el Colegio de la Frontera Sur.

Hasta el pasado julio, Chiapas era un de los pocos Estados mexicanos en el que existía un plazo para acceder a un aborto seguro incluso cuando se trataba de violación. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la imposición de tiempos después de estudiar el caso de una joven de 17 años con parálisis cerebral que en 2018 necesitaba interrumpir su embarazo tras ser abusada, pero le fue negado porque ya tenía 90 días de gestación. La Corte dictaminó entonces que la limitación temporal “constituye un acto de violencia contra la mujer que atenta contra su derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la salud mental”. El tribunal puso la atención sobre lo que llamó “conductas arbitrarias y violentas tipificadas penalmente y reprochables por el Estado”.

En Chiapas, el aborto no es punible cuando el embarazo es consecuencia de violación o cuando la madre corre peligro de muerte, o puede determinarse que el feto presenta alteraciones genéticas, pero en la práctica sigue siendo difícil el acceso. Las mujeres viven en un contexto de pobreza, en el que la salud es un privilegio. “Lo que han hecho las parteras es ayudar a cerrar brechas, a vencer esas barreras que les impiden a muchas recibir atención. Lo hacen con sus propios recursos, prestan sus camas, sus pequeños espacios para que las mujeres puedan decidir sobre sus vidas”, dice Georgina Sánchez Ramírez, coautora de la investigación.

Las parteras entrevistadas por el Colegio de la Frontera Sur han sido capacitadas por organizaciones civiles sobre el uso de las pastillas según la normativa de la OMS, que ha señalado que no solo el personal médico puede administrar los medicamentos y ha advertido que es una práctica que no requiere necesariamente de espacios hospitalarios. Así es como la pequeña casa de Socorro se ha convertido en un lugar seguro y de acogida para las mujeres: “Después [de las medicinas] les doy a tomar un té endulzado por si les baja la presión o por si les sienten náuseas, es un té especial y espero una o dos horas y empieza el sangrado. Si ella quiere ir a su casa se puede ir o si quiere estar aquí se puede quedar”, relata la mujer de 62 años, 43 como partera. “Llevo el control por teléfono hasta que me aseguro de que pasa todo”, detalla. Algunas piden que les envíen fotos de las toallas sanitarias para ver cómo va el sangrado o que se tomen la temperatura y manden el resultado para evaluar si el aborto está siendo seguro.

“Me preguntan si tengo el medicamento para que les baje la regla, casi no hablan de abortar”, cuenta Rosario, de 39 años, 19 como partera. Evitan usar esa palabra que suena a delito y que podría llevar a prisión a las parteras. En Chiapas, acompañar un aborto o practicarlo es penalizado. Ellas se arriesgan porque saben lo que viven las mujeres que se someten a prácticas inseguras. En sus casas han tenido que recibir emergencias de abortos fallidos: un catéter insertado en el útero, una succión con jeringa, las consecuencias de un resbalón intencional. Las mujeres que deciden abortar lo hacen como sea, pero las que tienen menos recursos se exponen a un riesgo mayor.

Según la organización Melel Xojobal, dedicada a promover la garantía de derechos de los niñas y niñas de Chiapas, este Estado ocupa el tercer lugar en número de embarazos en menores de 19 años en el país y registra la segunda tasa más alta de embarazos en niñas y adolescentes con 5.42 por cada 1.000. En 2020, el 14% de la población de mujeres entre los 12 y 19 años ya había sido madre.

La mayoría de las parteras entrevistadas no saben leer, tienen baja escolaridad, casi todas son católicas y todas, por encima de cualquier particularidad, ven como un deber acompañar a las mujeres. La población las reconoce como agentes clave en la atención primaria de salud. “Miren, no tienen por qué contarme, yo no soy nadie que tenga que juzgar, somos amigas y yo las voy a ayudar, ustedes van a decidir qué quieren hacer con su vida y yo, si puedo, las voy a ayudar siempre y cuando estén a tiempo”, cuenta Luz que les dice a las mujeres que buscan su ayuda.

Sánchez Ramírez, junto a Geicel Benítez, se propusieron con esta publicación desmarcar el cliché sobre las mujeres del sur de México como desposeídas y desempoderadas. “Desde el movimiento zapatista de 1994 quedó de manifiesto que las mujeres indígenas tenían su propia agencia. Las mujeres indígenas y rurales de regiones empobrecidas como Chiapas, tienen en su hacer política, su cuestionamiento de usos y costumbres, y su realización de prácticas frente al poder patriarcal”.

Excepto Argentina y Chile, la región tiene una relación endeble y casi que conflictiva con las parteras con sistemas de salud que todavía no las incluyen como clave en la atención primaria. “Cuando se despenalice el aborto en todo el territorio mexicano, las parteras tendrán que ser visibilizadas y reconocidas en su contribución para salvaguardar la vida de las mujeres en edad reproductiva, de manera cálida, segura y confidencial”, señala el informe. “Yo fui madre soltera y me hubiera gustado que me ayudaran”, dice Lupita, de 57 años, católica, y convertida en partera desde los 17, cuando quedó embarazada por primera vez.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país