Los frentes abiertos del fiscal Gertz

Pocas personalidades encarnan mejor la bronca mediática en México que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero. Instalado en el centro de la polémica desde hace meses, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertos frentes de todo tipo, la mayoría institucionales, pero también laborales y personales. Cuando aún no cumple un tercio de su mandato, que en teoría dura nueve años, el máximo procurador enfrenta la peor oleada de críticas desde su nombramiento. Él de momento permanece en silencio, respaldado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Muchas han sido las batallas este año, algunas sonrojantes por el tipo de detalles que revelaban de su vida personal. Es el caso del proceso judicial contra su familia política por el presunto asesinato de su hermano, que si bien inició en 2015, nunca había ocupado tanto espacio en los medios como hasta ahora. Otras han mostrado el talante del fiscal, impermeable al reproche, como la investigación de la FGR por delincuencia organizada contra 31 integrantes de la comunidad científica, que provocó el rechazo de la academia.

En otro escenario se libra la guerra de guerrillas que Gertz mantiene con el que fuera titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), Santiago Nieto, enfrentamiento que ha transitado por diferentes fases. Después de varios meses de mensajes cruzados a cuenta del caso Odebrecht y el papel de Emilio Lozoya en la investigación de la FGR, ambos escalaron hostilidades a principios de diciembre. En publicaciones cruzadas en medios nacionales, una y otra parte se acusaron de corruptelas varias, acumulación de propiedades en el caso de Nieto, compra de decenas de coches y movimientos financieros cuestionables, en el caso de Gertz.

Intenso y agresivo, este último incendió se apagó repentinamente después de dos días de ráfagas desbocadas. La semana pasada, López Obrador lo dio por extinguido. Preguntado por reporteros en un acto en Nayarit, el mandatario pidió que se investigaran las acusaciones contra ambos, pero descartó que hubiera ningún enfrentamiento y que las publicaciones eran cosa de “una guerra de la mafia del poder”. El presidente añadió: “De todas maneras, lo que debe de quedar claro es que nosotros no somos tapadera de nadie y nos hemos propuesto acabar con la corrupción y la impunidad”.

Como ha ocurrido varias veces este año, López Obrador evitó referirse a ninguno de los asuntos del fiscal, manteniendo la lógica de la semana anterior, del mes anterior, de estos dos años largos en realidad. El 2 de diciembre, preguntado por los rumores que apuntaban a una posible renuncia del fiscal, el presidente dijo que no le gustaría que Gertz dejase el cargo. “Le tengo confianza y creo que es un buen fiscal”, sentenció.

Blindada la ventana de Palacio Nacional, descartados de momento los rumores sobre su renuncia, Gertz asegura su silla. Según la ley de la FGR, solo el presidente puede pedir la salida del fiscal, destitución que debería avalar la mayoría del Senado, dominado por Morena, partido del presidente.

La familia

El proceso judicial contra su familia política encabeza la andanada de críticas contra el fiscal. Como ha informado EL PAÍS desde noviembre del año pasado, Alejandro Gertz denunció el asesinato de su hermano en 2015. Después de un mes de agonía, Federico Gertz, de 82 años, murió en un hospital del sur de Ciudad de México en septiembre de ese año. Entonces, Gertz era rector de la Universidad de las Américas, A. C., cargo que ocupaba desde 1995.

Los médicos que atendieron a su hermano señalaron como causa de muerte una “congestión visceral generalizada”, producto de una neumonía bacteriana y un choque séptico, provocado por una úlcera en la espalda. Médicos que atendieron a Federico Gertz a petición de su hermano, semanas antes de su ingreso en el hospital, señalaron no obstante que la condición del paciente empeoró por falta de cuidados y administración de medicamentos inadecuados.

Aunque nunca se casaron, Federico Gertz convivió con su pareja, Laura Morán, durante más de 40 años. Hasta su ingreso en el hospital a finales de agosto de 2015, los dos habitaron una casa en Ciudad de México, vivienda a la que acudían regularmente las hijas de ella, sobre todo Alejandra Cuevas. En sus declaraciones ante la Fiscalía de Ciudad de México, Morán señaló que para agosto de 2015, la salud de su pareja se había deteriorado mucho. Usaba marcapasos, tenía problemas de visión por un herpes antiguo y “había comenzado a presentar conductas referentes a que manifestaba que veía cosas inexistentes, ya que decía que veía ángeles y diablos en el piso”.

Fuera como fuera, los agentes de la Fiscalía de Ciudad de México que vieron el caso concluyeron que no había pruebas para procesar a Morán y sus hijas, denunciadas por Gertz. El entonces rector de la UDLA, A. C. criticó que la decisión de los fiscales era del todo política. No en vano, una de las hijas de Morán era suegra de Alfredo del Mazo, primo del entonces presidente, Enrique Peña Nieto. Años después, Del Mazo se convertiría en gobernador del Estado de México.

El caso no se movió por un tiempo, pero la llegada de Gertz a la FGR a finales de 2018 cambió las cosas en el proceso de la Fiscalía de Ciudad de México. Nuevos fiscales revocaron la decisión de archivar la denuncia y la reactivaron. En septiembre de 2020 pidieron la detención de Morán y una de sus hijas, Alejandra Cuevas. La juez concedió. Cuevas fue detenida en octubre y sigue en prisión.

Paralelamente al caso de la muerte de su hermano, Gertz denunció a los fiscales que archivaron la denuncia en 2016. Igual que en la rama principal del proceso, las acusaciones contra los fiscales no avanzaron, inercia que cambió después de que Gertz llegara a la FGR. En una nota publicada este año, este diario entrevistó a uno de los fiscales que decidieron archivar el caso de Federico Gertz. Este aseguraba que nunca había recibido orden alguna de archivar la causa, como ha defendido el actual fiscal general.

Las universidades

Situaciones aparentemente distintas muestran paralelismos difíciles de obviar. Así ocurre con el proceso familiar y el conflicto que la UDLA, A. C. mantiene con su universidad hermana por el uso del nombre, el logotipo y la marca. En ambos, Gertz ha impulsado procesos penales ante funcionarios que han fallado en contra sus intereses. En el caso de la UDLA, A. C., los perjudicados fueron trabajadores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Nacida en la década de 1970 en Puebla, la Universidad de las Américas se partió en dos en 1985. Una de las partes se mudó a Ciudad de México bajo el nombre de UDLA, A. C. La otra se quedó en Puebla y adoptó el nombre de Fundación Universidad de las Américas Puebla, FUDLAP. En 1996, esta última registró su nombre junto al logotipo ante el IMPI. Años después, Gertz y su equipo legal denunciaron penalmente a la FUDLAP por hacer el registro.

Un convenio que firmaron en la ruptura, en 1985, figura en el origen del conflicto entre ambos centros. Para Gertz, que llegó a la rectoría en 1995, el convenio establecía que la UDLA, A. C. permitía a la otra el uso del nuevo nombre, la marca y el logotipo. Gertz y sus abogados asumían que el convenio impedía que el centro poblano registrara sus marcas ante el IMPI pues, a su entender, pertenecían a la UDLA, A. C.

Además de la acusación contra la universidad poblana, Gertz denunció a los funcionarios del IMPI implicados en el registro de la FUDLAP. Igual que en el caso de los agentes de la fiscalía que habían archivado el caso de su familia política, el actual fiscal entendía que los trabajadores del IMPI habían actuado dolosamente en el registro del nombre y la marca de la FUDLAP. Este caso sigue sin resolverse.

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