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España busca evitar que la reforma eléctrica de México sea retroactiva y pide seguridad jurídica para las inversiones

El ministro de Exteriores manifiesta su respeto a la iniciativa energética de López Obrador, pero rechaza de plano las acusaciones “sin fundamento” contra las empresas

Francesco Manetto
ministro español de Asuntos Exteriores, Jose Manuel Albares sobre Reforma Eléctrica
El ministro español de Asuntos Exteriores, Jose Manuel Albares, este miércoles durante una conferencia de prensa en la residencia del embajador en Ciudad de México.Nayeli Cruz

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, estuvo en México un día. La visita relámpago del miércoles dejó, sin embargo, una estela de acuerdos y avances concretos tras una larga etapa de desencuentros. El titular de Exteriores mantuvo en cada pronunciamiento a lo largo de la jornada que, lejos de interrumpirse, la relación bilateral crece y se acelera. Incluso, afirmó durante un encuentro con periodistas, quiso “quedarse con lo positivo” de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador. “Me dio la bienvenida y yo lo agradezco”, resaltó Albares. Cuando el presidente mexicano habla de “pausa” en la agenda entre los dos países se refiere esencialmente a la economía y a los que considera los “abusos” de algunas empresas. Esa visión está a la base de algunas de sus iniciativas, como el proyecto de reforma eléctrica que desmonta el modelo vigente y concede a una empresa del Estado —la Comisión Federal de Electricidad (CFE)— la gestión mayoritaria del mercado. El cambio legal ha generado preocupación también en España, que ha optado por recurrir a la diplomacia para que su eventual aprobación no tenga efectos retroactivos.

Albares se reunió durante su viaje oficial con su homólogo, el canciller Marcelo Ebrard, con la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y con la Mesa Directiva del Senado. No vio al presidente, pero en cada encuentro con las fuerzas vivas de la Cuarta Transformación quiso dejar un mensaje. En definitiva, que haya “seguridad jurídica” para las empresas españolas del sector energético. “Es muy importante que aquellos que vinieron aquí con unas condiciones determinadas no vean, por cambios que son perfectamente legítimos en un Estado soberano o reformas que puede haber, [...] una retroactividad en cuanto a las decisiones que se tomen”, indicó el ministro, que también solicitó que “que cualquier reforma que se haga, muy en concreto la del sector eléctrico, no entren en colisión con el Acuerdo Global entre la Unión Europea y México que España impulsa”.

El Ejecutivo español deja, en cualquier caso, claro que rechaza las acusaciones vertidas contra algunas empresas españolas “Las rechazamos por infundadas. Son palabras que se repiten y se repiten, pero que no tienen fundamento o una base”, prosiguió Albares. En su opinión, las compañías españolas que operan en México no necesitan ser defendidas, ya que por ellas habla su trabajo. Sin embargo, ha recordado que si los intereses de España necesitaran una defensa, será “el primero en hacerlo”.

En el país hay 7.000 empresas españolas que dan empleo directo a 300.000 mexicanos e indirecto a un millón de trabajadores, mientras que 500 empresas mexicanas en España dan empleo directo a 20.000 españoles. La reforma eléctrica, cuya viabilidad está aún rodeada de incógnitas por la falta de apoyos suficientes en el Congreso, también ha sembrado inquietud en Washington. Estados Unidos, principal inversor en México, busca negociar algunos aspectos de la reforma para evitar que el reparto del mercado perjudique a sus empresarios y que haya incumplimientos del T-MEC, el tratado comercial de América del Norte entre los dos países y Canadá.

El compromiso más relevante alcanzado durante la visita del ministro español de Exteriores es, por su valor simbólico, la reactivación de la llamada Comisión Binacional, un espacio creado en 1977 que lleva sin reunirse desde la toma de posesión de López Obrador. Sin embargo, Albares abordó con el canciller Ebrard algunas de las consecuencias de la invasión de Ucrania ordenada por Vladímir Putin. La voluntad de varios países europeos de reducir o romper su dependencia energética de Rusia ha activado la exploración de otras fuentes en América Latina, donde España actúa como interlocutor europeo privilegiado.

“No podemos volver a depender de hidrocarburos y del gas de Vladímir Putin. Lo ocurrido es demasiado grave, pone en peligro la propia prosperidad de la Unión Europea y por lo tanto España hace mucho tiempo había puesto encima de la mesa propuestas para crear reservas de gas, para buscar medios alternativos. Hay una apuesta clara por las energías renovables”, señaló Albares. Es decir, “España puede ser parte también de esa solución”. El pasado sábado Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, destacó tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el “importante papel” que puede desempeñar España en el suministro de energía a Europa. Pero además, añadió el ministro, “evidentemente habrá que buscar otros mercados donde abastecerse y América Latina, por supuesto, lo es. ¿Por qué no? Claro que puede aportar a ello”.

La prioridad es, en cualquier caso, mantener “la unidad” frente a la agresión de Putin. “Yo lo he trasladado hoy en mis contactos oficiales. Tenemos que mantener una unidad que está completamente garantizada entre europeos y nuestros aliados trasatlánticos, pero también aquí en América Latina. Hay que tomar conciencia de que va a tener efectos para todo el planeta y que en el fondo lo que nos estamos jugando son los propios principios de la Carta de Naciones Unidas”, resumió.

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Sobre la firma

Francesco Manetto
Es editor de EL PAÍS América. Empezó a trabajar en EL PAÍS en 2006 tras cursar el Máster de Periodismo del diario. En Madrid se ha ocupado principalmente de información política y, como corresponsal en la Región Andina, se ha centrado en el posconflicto colombiano y en la crisis venezolana.

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