Una investigación independiente apunta a que hubo más involucrados en la masacre del ‘caso Narvarte’

Cinco personas fueron asesinadas en 2015 en un departamento de la colonia Narvarte, en Ciudad de México: en ese primer momento las autoridades defendieron que el móvil había sido un robo y hubo tres detenidos por los homicidios. Pero la investigación continúa abierta y las razones de la masacre, aún sin esclarecer. Hace dos meses, los parientes de Mile Martín, Yasenia Quiroz, Alejandra Negrete, Nadia Vera y Rubén Espinosa tuvieron acceso a videos y registros telefónicos que la Fiscalía les había negado hasta entonces. Tras analizar esa evidencia, este miércoles han expuesto los hallazgos. Los familiares de las víctimas, junto a abogados y peritos independientes, han identificado que otro vehículo aparece en las imágenes de ese día y que hay al menos dos presuntos involucrados más.

El 31 de julio de 2015, entre el mediodía y las tres de la tarde, los agresores acudieron al departamento de Luz Saviñón 1909 y mataron de cinco balazos a las víctimas. Mile Martín, modelo, Yasenia Quiroz, estudiante, y Nadia Vera, activista, vivían allí; Alejandra Negrete, empleada doméstica, trabajaba en la casa, y Rubén Espinosa, fotoperiodista, se había quedado a dormir la noche anterior. Todos los criminales llegaron al domicilio y huyeron, de acuerdo con la versión inicial de los investigadores, en una Chevrolet Suburban. En el video al que han tenido acceso los familiares, se ve cómo un coche gris tipo sedán acompañó a la camioneta “durante todo su traslado”. Según los parientes de los asesinados, que este miércoles han presentado los hallazgos junto a la organización Artículo 19, uno de los condenados ya había mencionado en su declaración la existencia de ese vehículo. La Fiscalía, critican, no lo investigó. En la ciudad gobernaba Miguel Ángel Mancera, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En el coche viajaban otras dos personas, lo que hace suponer a las familias que no fueron tres los homicidas, sino al menos cinco. Esto podría ayudar a entender detalles del caso aún sin aclarar. Los peritos de la Fiscalía, por ejemplo, habían encontrado una huella en un charco de sangre en el departamento que no correspondía al tamaño de los pies de ninguno de los tres detenidos identificados inicialmente. Además, en el cable que los asesinos habían usado para estrangular a dos de las víctimas, se había encontrado un resto de ADN que tampoco correspondía con el de los procesados.

Los familiares de las víctimas y sus representantes han asegurado, también, que en los 22 tomos del expediente a los que han tenido acceso se observa que los investigadores omitieron investigar “una línea telefónica clave para identificar a los responsables”. Además, la entonces Procuraduría del Distrito Federal –que fue sustituida luego por la Fiscalía de Ciudad de México– realizó oficios con errores en los números telefónicos, lo que impidió conocer las llamadas realizadas por estos números y “ha llevado a la pérdida de evidencia clave”, según la investigación independiente expuesta este miércoles.

“Con tan solo dos meses de análisis, dos meses contra casi siete años, pudimos obtener todos estos datos”, ha dicho Edgardo Calderón, abogado de la organización Artículo 19. “La Procuraduría tenía en sus manos todos los datos para hacer una debida investigación. Sin embargo, no lo hicieron”, ha criticado el letrado. Hasta ahora, dos de los tres detenidos han sido condenados, pero no se ha identificado al autor material. Los datos que ahora presentan, dice el abogado, “no son nuevos”: “Esto indica dos cosas: que la Fiscalía heredó la falta de debida diligencia y que sigue encubriendo al particular o al grupo que cubrió la Procuraduría”.

“Hay una persona identificada desde el primer día a quien las autoridades no han llamado a testificar”, ha añadido Paula Salcedo, de la misma organización. “Parece que en esta ciudad, en este país, son las víctimas las que tienen que hacer las investigaciones”, ha señalado. Los recientes descubrimientos han sido entregados a la Fiscalía de Ciudad de México. La dependencia los ha recibido, según ha confirmado a este periódico sin hacer más comentarios. “Las autoridades tienen una gran responsabilidad con las víctimas. No nos importa de qué partido sean”, ha añadido Salcedo, que ha avisado de que el próximo 7 de abril se volverán a reunir con el Ministerio Público.

La vía Veracruz

El caso, que consternó al país, estuvo marcado desde el principio por filtraciones y se convirtió pronto en un espectáculo mediático. Los medios llegaron a informar de que el móvil de los asesinos tenía que ver con un cargamento de droga que querían robarle a Mile Martín o que el departamento era, en realidad, una casa de citas. Hace tres años, cuando comenzó la gestión de Claudia Sheinbaum, de Morena, en Ciudad de México, la Fiscalía avisó a los familiares que seguían ocho líneas de investigación. Sin embargo, recientemente, los parientes se enteraron en una entrevista televisiva al fiscal Octavio Ceballos Orozco que las líneas se habían reducido ahora a tres.

“La Fiscalía no ha avanzado en ninguna de las líneas de investigación, especialmente en la vía Veracruz. Esa nunca se toca ni se menciona”, ha criticado Indira Alfaro, madre de Yasenia Quiroz. Alfaro se refiere a la posible participación de funcionarios del Gobierno del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en la masacre. La activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa se habían mudado a la capital poco antes del crimen porque habían recibido amenazas. Nadia Vera, incluso, había llegado a declarar que si le pasaba cualquier cosa responsabilizaba de ello al Gobierno de Veracruz. “Las diligencias no han servido para confirmar o desacreditar las diversas hipótesis”, ha agregado la madre de Quiroz, que ha criticado la “falta de investigación”, las “omisiones” y las “irregularidades” en las pesquisas.

“A la violencia perpetrada con cobardía le siguió la violencia institucional”, apunta Gabriela Mejía, hija de Alejandra Negrete. Patricia Espinosa, hermana del fotoperiodista Rubén Espinosa, ha indicado que el trato que recibieron “siempre fue denigrante, grosero, violento e irrespetuoso”. Espinosa ha explicado que hasta ahora su familia no ha recibido la indemnización económica que obtuvieron los otros familiares. Uno de los “pretextos”, dice Espinosa, fue que no contaban con una “identificación vigente” de su hermano. “¿Cómo es posible? ¿Es una burla? ¿No les ha caído en la cabeza que mi hermano fue asesinado?”, señala la mujer. “Nos siguen revictimizando”, se queja. En 2021, Espinosa puso un ultimátum a las autoridades: no quería tener que participar en un aniversario más. Un año después, siguen sin respuestas.

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