Una alerta migratoria, un show diplomático y un tuit borrado: los últimos giros en la trama contra ‘Alito’ Moreno

Tráfico de influencias, desvío de fondos, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal. Esos eran los cinco delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) imputaba a Alejandro Moreno, el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), después de semanas de escándalos, dimes y diretes y pugnas políticas. La bomba mediática se lanzó el pasado viernes, pero se cebó en cuestión de minutos. No fue la Fiscalía la que dio a conocer la información, un organismo autónomo en el papel desde hace cuatro años, sino el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que publicó en Twitter los puntos más importantes de la indagatoria, pese a que, en teoría, el Ejecutivo no tiene nada qué ver en materia de procuración de justicia. El anuncio desapareció en menos de una hora. “Fue un error que se cometió aquí”, ha admitido el presidente en su conferencia de prensa de este lunes. “Nosotros no teníamos por qué difundir eso”, ha agregado el mandatario, a menudo cuestionado por la falta de autocrítica dentro de su Administración.

Pero la pifia fue tan grande que dio vida a un rival “contra las cuerdas” y al frente de un partido “en la lona”. La confrontación entre Morena, el partido gobernante, y el PRI ha estado plagada de metáforas boxísticas como recurso para describir los ataques y contrataques, los forcejeos y los golpes bajos de las últimas semanas. Recientemente, la pelea entre ambas fuerzas ha ido al ritmo de un escándalo por día. El lunes pasado fue allanada la mansión de Alito, como se conoce al político priista. El martes, la gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores, dio a conocer nuevos audios filtrados sobre supuestas extorsiones a cargo de Moreno.

El miércoles, el líder del PRI viajó a Europa para denunciar ante diversas instancias una “persecución política” y grabar diversas escenas de un show itinerante: caminando envalentonado afuera de edificios diplomáticos, tomando la tribuna para pronunciar discursos, buscando apoyos en organismos internacionales. El jueves, 15 exgobernadores priistas exigieron su salida de la dirección del partido, como habían hecho antes nueve expresidentes de la formación tricolor. Todo esto había precedido el episodio del tuit borrado de la cuenta oficial del Gobierno de México, aderezado por la investigación que se había dado a conocer un día antes de la FGR contra el expresidente Enrique Peña Nieto.

López Obrador achacó la equivocación a una “filtración” que llegó al Ejecutivo y señaló a una “compañera”, lejos de los cargos de toma de decisión en el Gobierno, por el error. Ya desde el viernes, Alito hizo evidente que no iba a dejarlo pasar fácilmente y grabó un vídeo más sobre la supuesta persecución que enfrenta, el uso de las instituciones del Estado para amedrentar a la oposición y las violaciones al debido proceso en su caso. “Vamos a seguir denunciando que este Gobierno quiere romper el modelo democrático”, dice Moreno, cabeza de un partido que fue hegemónico y bloqueó la alternancia en el poder durante más de 70 años.

En el último asalto del combate, el presidente del PRI denunció que estuvo retenido por las autoridades migratorias tras aterrizar desde Francia, una nueva oportunidad para presentarse como víctima de persecución. La alerta migratoria contra Moreno existe, tuvo que aclarar López Obrador, pero no es por la investigación federal que se filtró el viernes, sino por otras pesquisas ministeriales de la Fiscalía de Campeche, donde el priista fue gobernador y ahora está en guerra abierta con Sansores. “Hasta donde tengo información, la Fiscalía solicitó a migración una alerta, que salió un día antes de que saliera el dirigente del PRI a Europa”, ha subrayado el presidente, que desde hace días ha buscado desmarcarse del pleito entre Sansores y Moreno.

“Está en su derecho de denunciar lo que quiera”, dijo el mandatario en un nuevo intento por bajar el tono de la confrontación, restar credibilidad a los dichos de Moreno sobre una supuesta cacería de Estado contra el PRI y no engancharse con el líder priista. López Obrador dijo que Alito estuvo 20 minutos con los agentes migratorios y no una hora, como se quejó el político. “Es un asunto de la Fiscalía de Campeche” y “nosotros no promovemos estos juicios”, han sido algunas de las frases que el Ejecutivo ha utilizado para enfatizar que no le interesa subirse al ring con Moreno.

“Esto no significa que actuemos como tapadera”, ha dicho López Obrador, para contentar a los núcleos duros de la militancia de su movimiento, que exige mano dura contra la corrupción y que quiere capitalizar la oportunidad de enterrar definitivamente al PRI. Los errores y la tentación de hundir mediáticamente a su rival, sin embargo, han alejado a Morena del nocaut, al menos por ahora. Y son sintomáticos de un reto mayor para esta Administración y las que vengan, sobre todo a la luz de casos de más alto perfil como la denuncia contra Peña Nieto: garantizar la credibilidad de un sistema de justicia verdaderamente independiente contra la inercia histórica de un país que está acostumbrado a que nada pasa sin que se entere y lo permita el presidente.

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