La fractura del GIEI evidencia las presiones de López Obrador en el ‘caso Ayotzinapa’

Dos meses y medio de presiones y movimientos desconcertantes han desbaratado la segunda etapa del GIEI en México. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes cierra su ciclo después de tres años y medio, tiempo en el que ha participado en la investigación del caso Ayotzinapa, junto a la comisión presidencial y la unidad especial de la Fiscalía (UEILCA). Las presiones para acelerar las pesquisas han desequilibrado el esquema colaborativo de los grupos de investigación, empuje surgido de Palacio Nacional.

La insistencia del presidente, Andrés Manuel López Obrador, en cerrar el caso lo antes posible ha provocado distorsiones en los tiempos de la investigación, especialmente fatales al interior de la Fiscalía General de la República, según explican a EL PAÍS fuentes de los diferentes grupos. Las reuniones del mandatario con el fiscal general, Alejandro Gertz, y el titular de la comisión presidencial para el caso, Alejandro Encinas, anticiparon movimientos que acabaron, finalmente, con la renuncia del fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, y dividiendo al GIEI, que queda reducido a dos integrantes, convertido en “mecanismo de seguimiento”.

La salida de Gómez Trejo en septiembre alumbraba el caos de las semanas previas y el desarrollo de las siguientes. En agosto, Gertz le exigió a su subordinado órdenes de detención contra involucrados en el caso Ayotzinapa, entre ellas la del exprocurador Jesús Murillo, jefe de los investigadores durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), y las de militares, así, sin especificar, informaron a este diario fuentes de la dependencia. Ante las dudas de Gómez Trejo, el fiscal general intervino la UEILCA, abrió una investigación interna y canceló ordenes de detención de Gómez Trejo, intromisiones que el mismo GIEI denunció.

En agosto también, Encinas, presionado, liberó un informe del trabajo de la comisión estos años con información sin verificar, 467 capturas de pantalla de mensajes supuestamente intercambiados por los perpetradores del ataque contra los estudiantes, criminales y autoridades. Por primera vez estos años, la comisión mantuvo en secreto la información -las capturas- hasta el día de la presentación del informe, incomodando al GIEI. Este lunes, el grupo ha informado de las conclusiones del peritaje al que sometió las capturas. La conclusión: no son confiables.

El futuro de la investigación parece ahora difícil de descifrar. El GIEI achica su tamaño y se convierte en un mecanismo de seguimiento, integrado por dos de sus cuatro integrantes originales. La llegada de un nuevo fiscal a la UEILCA, sin experiencia previa en el caso, además de la de nuevos trabajadores, retrasan las pesquisas, como ha dicho este lunes una de las integrantes del GIEI, Ángela Buitrago. Por su lado, la comisión ha señalado estos días por boca de Encinas que el caso es sólido y que las capturas de pantalla son solo una parte pequeña de la batería de pruebas, descartando rezagos.

Lo cierto es que el trabajo conjunto ha funcionado estos años. Las autoridades, de manos del GIEI, Encinas y Gómez Trejo, lograron ubicar restos de dos de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en un lugar ignorado hasta ahora. Desmontaron la narrativa de sus antecesores, aquel relato en que los muchachos habían sido quemados en un basurero, arrojando luego los restos a un río. Consiguieron nueva información que la DEA había acumulado en la época del ataque sobre el grupo perpetrador, Guerreros Unidos, y su relación con militares. Abrieron archivos del Ejército desconocidos hasta ahora… La ruptura de la confianza exigirá esfuerzos de las partes y pone a prueba la capacidad de fiscalización del GIEI convertido en mecanismo.

Seguir o no

En las últimas semanas, el grupo se había planteado la posibilidad de seguir, alargar su mandato, que concluía este lunes, dos meses más. Ángela Buitrago y Carlos Beristain apostaban por continuar. Francisco Cox y Claudia Paz pensaban que no había condiciones, vistas las presiones de los últimos meses y la salida de Gómez Trejo. Al final, nadie se impuso a nadie. Los dos primeros han optado por seguir y los dos últimos por parar. El GIEI se convierte así en un mecanismo de seguimiento, como ya ocurrió en el sexenio pasado.

Los tiempos son distintos, entonces y ahora. El GIEI ha insistido este lunes en que los años de Peña Nieto fueron nefastos. Ahora, se han cometido errores. Preguntada si lo que México estaba viendo era un nuevo montaje, un cierre en falso de la investigación, Claudia Paz ha sido tajante. “No estamos ante la construcción de una nueva verdad histórica. Hemos tenido acceso a todas las capturas de pantalla y gracias a eso hemos podido hacer el peritaje. Es cierto que conocimos tarde los chats, pero luego tuvimos acceso. Y ciertamente no se ha torturado a nadie para fabricar nada”.

Buitrago, una de las cuatro integrantes del GIEI que más de cerca ha seguido las investigaciones estos años, ha salido en defensa de la comisión y del mismo Encinas. “El GIEI valora de forma positiva la disposición de la comisión. Les hemos pedido que proporcionen la evidencia al GIEI, antes de dar cualquier paso. La consistencia y veracidad de la información debe basarse en los mas altos estándares internacionales”.

La salida de Cox y Paz deja en un lugar delicado al Gobierno. Vista como una fractura, como un debilitamiento, la conversión del GIEI en mecanismo de seguimiento es también una llamada de atención al Ejecutivo, un aviso por sus intromisiones. Repetir actuaciones como las de los últimos meses por parte de la comisión o de la FGR podrían significar el fin incluso del mecanismo de seguimiento, rompiendo cualquier confianza que aun conserven las familias de los estudiantes desaparecidos.

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