Las claves del ‘caso Segalmex’: los multimillonarios desfalcos en el organismo creado para garantizar la alimentación de los más necesitados

El mayor caso de corrupción de este sexenio que se ha documentado hasta el momento ha sido el multimillonario desfalco en Seguridad Alimenticia Mexicana (Segalmex). El organismo fue creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en enero de 2019 para garantizar la autosuficiencia alimentaria. Desde su inicio, sin embargo, ha estado marcado por acusaciones de corrupción. A partir de 38 denuncias presentadas contra la paraestatal, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió varias investigaciones y hasta el momento ha judicializado al menos dos. Por una de estas, que se trata de una compra irregular de azúcar, fueron emitidas 22 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y empresarios por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Segalmex fue diseñada por el Gobierno mexicano para ser la heredera de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), una paraestatal que se dedicó a garantizar la compra y regulación de precios en productos de la canasta básica. La intención era fusionar a Liconsa y Diconsa, dos organismos que había hasta entonces que se encargaban del abasto de alimentos y leche. Tras fusionarlo todo bajo el nombre de Segalmex, López Obrador nombró al frente del organismo a Ignacio Ovalle, un político de carrera en el Partido de la Revolución Institucional (PRI) y antiguo amigo suyo. Ovalle duró poco más de tres años como titular, fue destituido en abril de 2022 tras desatarse un escándalo que terminó manchando a la Administración de López Obrador. Aquí están las claves del caso Segalmex:

Pagar productos que nunca llegan

El modus operandi que utilizaba esta red de funcionarios y empresarios que se dedicaban a asaltar las arcas públicas estaba basado en la firma de convenios millonarios por productos que nunca eran entregados. Bajo el mandato de Ovalle, Segalmex comenzó a usar un concepto denominado “recepción jurídica”, una figura poco común en la administración pública. Esto significaba que en las compras que realizaba, el organismo pagaba a los proveedores la totalidad de los contratos, pero las empresas conservaban esos productos hasta que Segalmex los solicitara. Esta práctica llevó a que los proveedores nunca terminaran de entregar el 100% de lo que se les había comprado, generando un enorme daño a la Hacienda pública.

Uno de esos casos, que ha quedado documentado gracias a Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ha sido una compra irregular de 7,8 toneladas de azúcar a cambio de 142,4 millones de pesos. La FGR ha dicho que “nunca pudieron probar” que esas toneladas habían sido entregadas “legalmente a dicha empresa estatal”. Una fuente conocedora del tema, que prefiere mantener su nombre en anónimo, ha referido a este periódico que solo se han entregado alrededor de 57 millones de pesos en azúcar, lo que deja un saldo de 85 millones de pesos.

Por este caso se emitieron 22 órdenes de aprehensión contra 12 exfuncionarios de Segalmex, cuatro personas vinculadas a las empresas con las que se coludieron, y seis que resultaron beneficiados con los recursos desviados. “Todo ese grupo de presuntos responsables de los delitos citados, celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos”, ha dicho la Fiscalía el pasado 9 de marzo.

La estafa de la carne

Segalmex firmó cinco convenios para adquirir 73,4 millones de pesos en carne deshebrada y cubicada de res, pollo y cerdo, unos 3,8 millones de dólares, pero solo recibió una parte. Un documento interno del organismo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, analiza puntualmente lo que sucedió en esta compra y señala un desfalco de al menos 13,1 millones de pesos solo en la adquisición de este producto en 2019. El informe apunta, además, que gran parte de lo que sí se recibió nunca llegó a ser vendido por la paraestatal y terminó poniéndose en mal estado. De todo el dinero gastado en esa compra de carne se logró comercializar apenas el 11% del total.

El informe afirma que los proveedores que participaron en esta compra fueron Wurst Alimentos, quien recibió 16,2 millones de pesos y entregó carne por solo 13,8 millones; Novam Innovación en Alimentos, a quien se le pagaron 16 millones de carne y entregó solo 11,8 millones; Synexo, a quien se le compró por 13 millones y solo dio productos por 9,8 millones; Empacadora La Merced, quien recibió 12,9 millones de pesos y surtió únicamente 10,2 millones; y Carlos Ovidio Villareal González, quien le vendió a Segalmex 15,1 millones y entregó casi todo el producto, excepto por unos 1.400 pesos que quedaron pendientes de entrega.

La compra de bonos bursátiles

Apenas llegada, la Administración de Ovalle (2019-2022) autorizó la compra de bonos bursátiles con dinero de Segalmex. Una acción que está prohibida por la ley. Así lo documentaron varias investigaciones periodísticas y la propia Auditoria Superior de la Federación. Este movimiento generó la apertura de una investigación por la que ya ha sido vinculado a proceso el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira, también involucrado en la compra de azúcar. Por los bonos, le acusan del “delito de uso ilícito de atribuciones y facultades”, de acuerdo a un comunicado de la FGR. Según la Fiscalía, Gavira “presumiblemente autorizó la compra, en junio de 2020, de 100.000 títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos, utilizando para ello recursos públicos provenientes del patrimonio de Segalmex, a través de una Casa de Bolsa”. Pero la Secretaría de la Función Pública ha admitido que fueron 950 millones de pesos.

Irregularidades por 15.151 millones de pesos

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó en febrero pasado irregularidades en el gasto de 15.151 millones de pesos durante los primeros tres años desde la creación del organismo. Entre los hallazgos, había falta de documentación sobre los gastos y erogaciones realizados. La Auditoría también registró pagos por servicios que finalmente no se adquirieron y documentación sobre proveedores que tienen firmas que presentan “inconsistencias en sus rasgos”.

Algunos de los puntos evaluados por la ASF estaban vinculados a la compraventa de maíz que realiza Segalmex. De acuerdo con una de las auditorías, el organismo otorgó incentivos a medianos productores por 106 millones de pesos sin acreditar las facturas correspondientes. El órgano controlador identificó la pérdida varios miles de toneladas de maíz blanco, que equivalían a 55,9 millones de pesos, por los que nunca se notificó a la afianzadora para hacer válido el seguro. En cuanto a Diconsa, se señaló que falta documentación para acreditar qué sucedió con dos cuentas, una por 569,8 millones de pesos y otra por 730,4 millones de “mercancías que ya no se encuentran físicamente en los almacenes”. Además, registró una pérdida de 56,6 millones por productos caducados o en mal estado ubicados en almacenes, que no fueron aprovechados ni reportados.

El hoyo negro de Liconsa

En los dos primeros años operativos, Segalmex vendió la crema producto del secado de la leche a un precio muy por debajo de lo que determina el mercado. Liconsa estableció unilateralmente un precio que beneficiaba a las empresas y perjudicaba al erario. Cuando la Auditoría solicitó información sobre estas irregularidades, la paraestatal dijo que por los convenios que había alcanzado la unidad a cargo de Gavira, habían presentado una denuncia en su contra y en contra de la empresa Grupo Vicente Suárez 73, una de las firmas que había acordado realizar el proceso de secado.

La ASF efectuó un control de las cuentas públicas en 2020 de Liconsa y encontró dinero faltante en múltiples casos. Uno de ellos es el caso de la crema, por el que se detectó un “probable daño o perjuicio” a la Hacienda pública de 293,4 millones de pesos. Por otros contratos, en este caso de leche fresca y maquila de secado, encontró un posible desfalco de 518,4 millones de pesos. En el servicio de transporte, la Auditoría halló inconsistencias por un valor de 620,5 millones de pesos. En el gasto hecho para los certificados de análisis de laboratorio de los productos, otros 46,3 millones. Varias fuentes conocedoras del tema han apuntado a Liconsa como la estructura usada para desviar el grueso de dinero.

La trama venezolana

De acuerdo con lo documentado por este periódico, en una investigación realizada junto a Armando.info, Gavira estuvo también involucrado en una red opaca que intercambió alimentos por petróleo de Venezuela, que movió millones de euros en todo el mundo sin dejar rastro. El entramado, pensado para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos a la cúpula chavista, recibió la ayuda del Gobierno mexicano. Segalmex era el organismo que iba a venderle alimentos a una empresa mexicana que fungiría de intermediaria. Eso establecía un documento que llevaba la firma de Gavira, pero que el exfuncionario desmintió.

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