Las autoridades califican de “ilegal” el Operativo Diamante de Sandra Cuevas y cesan a cuatro funcionarios

Sandra Cuevas se ha mudado al ojo del huracán. Los escándalos se acumulan en su puerta semana tras semana, pero ella no desiste en su estrategia de limpieza, orden y disciplina para la Cuauhtémoc. La Secretaría de la Contraloría General (SCG) de la Ciudad de México, el órgano que se encarga de regular la gestión pública de la capital, ha calificado de “ilegal” el llamado “Operativo Diamante” de la dirigente de la alcaldía con mayor peso político de la urbe, este jueves en un comunicado. También ha cesado temporalmente a cuatro funcionarios de su equipo: el director general de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, José Francisco Delgadillo Cadena; el director de Protección Civil, Antony Daniel Finan Hernández; el director de Mercados y Vía Pública y el encargado del despacho de la Dirección General de Gobierno.

El Operativo Diamante lleva en marcha ya un par de años. Su proyecto estrella, el más mediático, es la retirada de pérgolas y terrazas de restaurantes, ilegales de acuerdo con Cuevas, que ocupan las aceras. Sin embargo, decenas de colectivos sociales han denunciado que por el camino los agentes de la alcaldesa están realizando “una limpieza social” que expulsa de manera violenta a las personas sin hogar o las trabajadoras sexuales. “En días pasados, el órgano Interno de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc radicó un expediente de investigación con motivo de las diferentes notas periodísticas que denuncian la actuación ilegal de diversas personas servidoras públicas en la demarcación, con motivo del retiro de enseres ubicados en la vía pública”, difundió en el comunicado.

La investigación de la SCG contradice el relato de Cuevas, que siempre ha asegurado que su equipo se limita a retirar pérgolas ilegales para “recuperar el espacio público y brindar seguridad”. “En la Dirección General de Gobierno no existe registro de procedimiento alguno que sustente dichos retiros (...). Es importante señalar que al realizarse el retiro de estos enseres sin que medie un acto de autoridad debidamente fundado y motivado, ni un procedimiento ajustado a lo establecido por la ley, se advierte que es ilegal la actuación de dichas autoridades, lo cual constituye una irregularidad administrativa, sin perjuicio de los delitos que puedan configurarse, de acuerdo con el Código Penal local”.

El caso ya ha sido puesto a disposición judicial. La Fiscalía estatal ha iniciado una investigación más detallada sobre el Operativo Diamante. Los cuatro servidores públicos del equipo de Cuevas, además, han sido suspendidos temporalmente como medida cautelar “a fin de evitar el ocultamiento, obstrucción, destrucción de información y/o documentación oficial”.

Los escándalos cercan a Cuevas, aunque la alcaldesa parece no darse por aludida y continúa su estrategia de cara a la galería. “¡El Operativo Diamante continúa! Así como la persecución política de la cual ya estoy acostumbrada y fortalecida. Mi Gobierno siempre se conducirá apegado a la ley. Y mientras vea la felicidad vecinal que provocan nuestras acciones: ¡Nada me detendrá!”, ha escrito en sus redes sociales.

En declaraciones recogidas por El Universal, la alcaldesa afirmó: “[Las suspensiones no tienen] fundamento alguno, sencillamente por seguir con esta persecución política absurda, por seguir poniéndole el pie al Gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc para que no dé buenos resultados. No importa cuántos directores me suspendan, no me interesa en absoluto. Para mí todo el equipo es como mi familia, sencillamente me parece que no se han dado cuenta algunos, que el Gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc lo dirige Sandra Cuevas, yo soy la que da las instrucciones”.

Antes de que la SCG tomara cartas el asunto, otros políticos locales pidieron la cancelación del Operativo Diamante. Silvia Sánchez Barrios, diputada local del PRI, acusó a Cuevas de “violentar los derechos humanos de empresarios y trabajadores del espacio público” y sostuvo que el operativo “es represor, se volvió sinónimo de abuso de poder, violatorio a los derechos humanos de la gente, así como del Estado de derecho. Además ha servido para robar y no deja de ser arbitrario y autoritario”.

Cuevas se mueve con soltura en el terreno de la polémica, casi parece su hábitat natural. Es una política que apuesta por una estrategia de confrontación para marcar perfil. Es rara la semana que su Administración no se coloca en el punto de mira de la prensa y sus opositores por algún nuevo escándalo. La investigación de la SCG llega tres días después de que se conociera que la alcaldesa de la Cuauhtémoc, integrante del PRD, un partido de izquierda tradicional, ha establecido lazos con la ultraderecha durante un viaje a Washington.

La dirigente acudió a un congreso contra la trata de personas y participó en eventos organizados por miembros de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), una asociación que reúne fanáticos católicos, antiabortistas, activistas contrarios al feminismo o los derechos LGTB y anticomunistas. Todo ello, mientras lo difundía públicamente en redes sociales con una sonrisa de oreja a oreja. Cenó en casa de Matt Schlapp, un conocido lobista republicano cercano a, expresidente Donald Trump que preside la CPAC y asistió a un visionado de Sound of Freedom (El sonido de la libertad), una película sobre tráfico de menores que se ha convertido en una suerte de emblema de los movimientos de extrema derecha en Estados Unidos.

La cinta juega con una teoría conspiranoica, enarbolada entre otros por Trump, que defiende que la élite progresista estadounidense fomenta una red mundial de tráfico sexual de menores. “Buscaré presentar [la película] en todas las escuelas de Cuauhtémoc para crear conciencia social”, dijo en redes sociales Cuevas después de verla.

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