Presas por la marihuana: radiografía de un delito en extinción

Domitila Miranda Mondragón parte entre porras su pastel de cumpleaños. Son 58 de vida y exactamente uno fuera de prisión, donde fue a parar en 2019 por transportar 21 kilos con 70 gramos de marihuana de Oaxaca a Ciudad de México tras ser extorsionada. Así que Domitila tenía un doble motivo para estar feliz rodeada de hijos, nueras y nietos festejándola. “Pásele a comer pastel, vecina”, gritaba al repartir los trozos entre las mesas que sacó a la vereda frente a su domicilio.

Domitila es una mujer menuda y compacta. Se peina tirante hacia atrás en un apretado moño en el que se intuye un cabello negro largo y abundante. De cara lavada y sin ningún adorno a la vista. Camina ágil adentro y fuera de la casa con una ligera giba por las décadas sentada frente a la máquina de coser.

Su perfil coincide con el de la mayoría de las mujeres presas por delitos contra la salud en México: pobres, de contextos vulnerables, víctimas de violencia, con bajo nivel de estudios, trabajos informales y personas dependientes a su cargo. Además, encerrar a una mujer afecta a todo su alrededor. Al dejar su comunidad sus redes de apoyo se ven dañadas, otras mujeres tienen que hacerse cargo de sus dependientes, ellas se ven abandonadas. Estigmatizadas cuando terminan sus condenas y se quieren reincorporar a la vida que dejaron en pausa.

Las mujeres presas por trasladar marihuana componen la mayor población carcelaria de México. De acuerdo con datos del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal en 2020, las mujeres privadas de la libertad por los delitos de narcomenudeo y delitos contra la salud representan el 40,8% de la población penitenciaria femenina en los centros federales y estatales, mientras que los hombres encarcelados por los mismos delitos representan un 31.4% de la población masculina.

Sus sentencias también son más largas. “Al principio veíamos una constante de 10 años. Es mucho tiempo si consideras que lo que llevó a estas mujeres a prisión fue la pobreza, la falta de recursos, un estado que se olvidó de ellas”, señala Amaranta Valgañón, directora de la Fundación Equis, dedicada a hacer investigación e incidencia sobre justicia social y género. “Si queremos reducir este tipo de delitos, la política no es poner a militares en la calle ni aumentar el presupuesto a la persecución, sino a acortar la brecha de desigualdades, individualizar las sentencias, ver el contexto de las mujeres”, sostiene.

El informe Las Mujeres Olvidadas por la Guerra Contra Narco, de la organización Asilegal, concluye que las mujeres “reciben los impactos de toda una estructura machista que las coloca como ciudadanas de segunda clase y que no valora lo determinantes que son sus experiencias de discriminación y violencia para el análisis de la criminalidad”.

Se da además una paradoja: miles de mujeres están en prisión por portar una planta que ya es legal en 21 de los 50 estados de Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas del mundo. Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se presentaron dos iniciativas que podrían haber ayudado para subsanar esta injusticia: por un lado, la iniciativa para regularizar la marihuana. Por otro, la Ley de Amnistía, un compromiso para excarcelar a personas condenadas por delitos leves.

Ninguna de ellas sirvió para nada. La regularización del cannabis quedó aparcada y no se movió pese al pronunciamiento de la Suprema Corte, que dijo que es inconstitucional prohibir su consumo recreativo. La Ley de Amnistía es una iniciativa completamente insuficiente. En tres años de implementación, apenas ocho mujeres han sido liberadas por amnistía después de complicados procesos burocráticos. Domitilia es una de ellas. Pasó dos años y siete meses de prisión. La historia de Domitilia es la de la indefensión. Extorsionada y encarcelada por un delito que en otras partes del mundo ni siquiera se persigue.

Las otras víctimas del crimen organizado

Aquella no era la primera llamada anónima que recibía Domitila, pero fue la que lo cambió todo. “Si nos cuelga el teléfono vamos a matar a uno de sus hijos”, escuchó. Era el 1 de octubre de 2019. Desde hacía un mes, le marcaban voces de hombres para insultarla y amenazarla y ella les colgaba. Quién les dio su número o por qué la escogieron a ella es algo que sigue preguntándose.

Todo ocurrió en la misma casa donde nos encontramos: una sencilla construcción de una sola planta, con un pequeño patio a un costado y dos estancias dentro: una para cocina, comedor, dormitorio y otra que le sirve de baño y lavadero. Estamos en la delegación de Iztapalapa, la más populosa del valle de México y que carga con el estigma de la violencia, aunque Domitila nació lejos de aquí, en Zitácuaro, Michoacán. Es indígena mazahua. A la Ciudad de México se mudó hace dos décadas desde los Estados Unidos para cuidar de su madre, una anciana menuda pero invencible, que fue la que le enseñó el oficio de costurera. Así que realizó el camino inverso desde el vecino norte y se compró una máquina para no tener que salir a la calle a trabajar y estar más cerca aún de ella.

Sentada al costado de esa misma máquina, relata cómo sucedió esa conversación que interrumpió su vida:

—No me amenacen, qué es lo que quieren, ¿dinero?—, se plantó. Y pensó en pedírselo a uno de sus hijos que vive en Estados Unidos.

—Que nos ayude y nos haga un trabajo. Deje el miedo a un lado, prefiera la vida de sus hijos.

Y ella accedió. Domitila sintió que estaba poniendo la vida de su hijo en la balanza y no pudo decir que no. Aquella voz, agresiva, dura, faltona, la instruyó para ir a Oaxaca en camión y traer de vuelta una maleta a la Ciudad de México. Parece sencillo. Pero no lo es. Si no, lo hubiese hecho aquella voz.

Ese viernes, al salir del trabajo, regresó a su casa a esperar la llamada con las instrucciones. El tono cambió, esta vez era amable. Cuando salía de casa para tomar el camión a Oaxaca - con su propio dinero- su madre la inquirió: “¿Dónde vas con esa bolsa?”. Ya nunca más la volvería a ver. Murió un año antes de que recuperara su libertad.

Para Domitila, todo era aterrador y desconocido. Para empezar, era la primera vez que viajaba a Oaxaca, ese estado en el que luego permanecería casi tres años privada de la libertad.

Durante el trayecto recibió varias llamadas de seguimiento y órdenes escuetas: “Tome un carro”. “Baje en la escuela y camine”. Un auto viejo se detuvo a su lado “¿Usted es la señora que mandamos a traer?”. Se subió al asiento trasero, callada. En esos caminos de terracería, Domitila pensó que terminaría su vida. Una hora después, la bajaron para entregarle una maleta. De ahí a Oaxaca para tomar el camión de regreso. Cuando la policía la paró en el primer retén y fue directa por su equipaje, ella desconocía que ahí viajaba con un poco más de 21 kilos de marihuana. De la patrulla a prisión, donde la sentenciaron a 6 años y 8 meses. “La cárcel es muy dura, muchas se quieren adueñar. Mucha gente se enferma porque tiene que estar a la orden de otra persona”, recuerda con escalofríos.

La guerra contra las drogas

Domitila se encontraba en Ciudad de México, en la casa donde cuidaba a su madre, la misma cuando el 10 de diciembre de 2006, el entonces presidente de México, Felipe Calderón declaraba una “guerra frontal” al narcotráfico. Una estrategia militarista contra el crimen organizado basada, por un lado, en el paradigma prohibicionista de las drogas y por el otro, en el punitivismo. México se convirtió en una sangría: más de 300 mil personas murieron de forma violenta y 110 mil permanecen desaparecidas. Pero hay muchas más víctimas. En aquel momento, ella no podía saber que se convertiría en una de ellas.

Otra de las consecuencias de la guerra de Calderón: las cárceles se llenaron. De la mano de esta nueva ofensiva vino una política de persecución masiva a todos los eslabones de la cadena de la compra y venta de estupefacientes. En 2009, la conocida como Ley de Narcomenudeo endurece los supuestos y las condenas y pasa a formar parte del fuero común. En un año, aumentó la población penitenciaria de mujeres en un 62.5%. Si había 21.209 privadas de la libertad en 2008, serían 34.480 en 2009.

Esto no es novedoso. Ya en los 70 México había ratificado el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de las Naciones Unidas para prevenir su uso y venta y sancionarlas con penas de cárcel. El Código Penal Federal se reformó para criminalizar todo lo relacionado al cannabis. El uso personal de la marihuana establecía penas de cárcel de seis meses a tres años. Cuatro años después se consolida esta tendencia: la posesión se sancionaría con ocho años.

En los pasillos de la cárcel, Domitila comenzó a escuchar de la ley de amnistía que preparaba el gobierno. El 23 de abril de 2020 entró en vigor.

“Amnistía es: sabemos que cometiste un delito pero el Estado ha decidido olvidarlo porque no te podía exigir otra conducta. Por primera vez en la historia un documento legal reconoció que estas mujeres estaban en prisión por un tema de exclusión de derechos que (el Estado) no había hecho nada por reparar”, apunta Valgañón.

Equis tomó el caso de Domitila durante dos años de incertidumbre. Un laberinto de autoridades y burocracia. La pandemia ralentizó el caso. Domitila se desesperaba. Finalmente, el 20 de mayo de 2022 a las 7.30 am, una funcionaria se acercó a ella y le dijo: “junte sus cositas que ya se va a su casa”. Era el día de su cumpleaños y habían pasado dos años y siete meses de encierro. En la casa de Iztapalapa a la que regresó ya no estaba su madre, de quien tuvo que despedirse por videollamada. A tres años de su implementación, sólo 193 personas han salido de prisión por medio de este mecanismo. De ellas, únicamente 8 son mujeres.

“Las mujeres que normalmente cometen este delito no deberían estar en la cárcel y deberíamos revisar los códigos penales e incluir algunas atenuantes cuando elementos como la vulnerabilidad y la pobreza se inserten en la comisión del delito. El estado tendría que prever otras sanciones distintas a la privación de la libertad” apunta Adriana Muro, directora ejecutiva de la organización de derechos humanos Elementa, a cargo del evento. Según Muro, la esencia de una ley de amnistía es que “reconoce, repara y restituye el derecho a la libertad de una persona que en principio no tendría por qué haber estado privada de la libertad”. En este caso, por contextos de vulnerabilidad y exclusión. Para ella, es una ley “interesante e innovadora” en el contexto latinoamericano. Sin embargo, señala que, en paralelo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, “lo único que hace es seguir criminalizando a las personas que usan drogas y que están en el mercado ilícito sin ningún tipo de contexto. Estamos recibiendo una narrativa contradictoria”. Amaranta coincide: “La ley de amnistía no ha logrado que se rompa con la narrativa de criminalización y punitivismo. Se sigue partiendo del principio de que el peligro, el crimen organizado, son ellas”.

Para Valgañón, la ley no tuvo los resultados que esperaban. Indica que la implementación ha sido lenta y poco transparente. El estado creó una comisión de amnistía, y luego la propia fiscalía apelaba los casos. Así fue con Domitila. “Un sinsentido en términos de políticas públicas. El estado está apostando presupuesto a liberar personas y, a su vez, a devolver a prisión a esas mismas personas”.

Muro sostiene que falta que mayor población conozca la ley y que no se burocratice el proceso. “Tiene que ser una prioridad para el Estado”. Las organizaciones demandan más recursos para las labores de reinserción y un acto simbólico de disculpa para completar el proceso de la amnistía. Domitila es libre, pero aún queda mucho para que el Estado restaure el error que le impidió acompañar a su madre en sus últimos días.

El largo camino hacia la despenalización de la marihuana

El debate sobre la regulación del cannabis en México se encuentra totalmente estancado. Se ha llegado hasta el final en materia de jurisprudencia pero las cámaras no se han coordinado para legislar. El Tribunal Supremo ya se pronunció sobre el uso medicinal y científico del cannabis, dando su visto bueno. La puerta está abierta y sin embargo “no se ha visto una voluntad política en avanzar en una legislación integral”, señala Zara Snapp, directora del Instituto RIA, especialista en políticas públicas de drogas.

“Una persona puede ir a solicitar una autorización sanitaria para cultivar para su consumo personal, la gente ya se está juntando para hacer cultivos colectivos, para crear clubes o asociaciones cannábicas, pero no existe el último eslabón: la parte de un mercado comercial regulado donde comunidades cultivadoras pudieran participar, donde hubiera licencias, donde pudiéramos integrar una perspectiva de justicia social”, relata.

En 2017 se reformó la Ley General de Salud para permitir su uso medicinal, pero los productos no pueden superar el 1% de THC y no se permite el autocultivo. Una norma pensada para la industria farmacéutica. Hay sin embargo una manera: si eres una persona adulta, puedes solicitar una autorización sanitaria para cultivar para su consumo personal ante Cofepris, la dependencia de la Secretaría de Salud de México que se encarga de evaluar los riesgos sanitarios. Ellos la negarán, pero con el rechazo en la mano y acudiendo al juez se puede denunciar el incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad. La justicia te dará la razón y regresarás con la Cofepris a recibir el permiso de autocultivo. Un proceso que toma alrededor de 6 meses. “Si eres una persona que consume cannabis o tiene alguna relación con el mercado ilegal, es recomendable tener esa autorización, porque te puede proteger ante la extorsión o abusos por parte de las autoridades”, recomienda Snapp.

El momento no ayuda. México tendrá elecciones presidenciales el 2 de junio de 2024 y la carrera dentro de los partidos por ser la cabeza de cada formación ya ha comenzado. La campaña ya está aquí y los asuntos legislativos no parecen interesar ya a nadie. Seguramente habrá que esperar al arranque del siguiente sexenio, terreno abonado para promesas legislativas que, en todo caso, no garantizan ninguna avance.

Sin embargo, como señala Snapp, la sociedad sigue avanzando en su concepto de la sustancia y la necesidad de conseguir un producto de calidad y con una perspectiva de justicia social, “desde las señoras hasta pacientes o personas adultas que nada más quieren consumir por el libre desarrollo de la personalidad que es el derecho reconocido por la Suprema Corte”, dice.

Para ella, una regulación integral también debería mirar tras las rejas para reparar el daño de la prohibición. “Debemos tener una discusión sobre la excarcelación de las personas que están por delitos de drogas y delitos contra la salud”.

El actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, siempre se ha mostrado reacio, con el discurso de que su legalización “puede abrir la puerta a otras drogas”. Está por ver si se convertirá en un tema de la campaña electoral.

Mientras tanto, en su casa de Santa Martha Acatitla, a pocos kilómetros del penal femenil, Domitila lamenta que ya es muy mayor para conseguir un empleo, aunque no pierde la ilusión y les sigue preguntando a sus hijos si encontraron algo para ella en internet. Domitila se sienta a la máquina y repara cojines y ropa para salir adelante. Al menos, está en libertad. Podría ser peor. Hay miles de domitilas que siguen encerradas por cargar con una planta que lleva años en trámites de regularización y para las que la amnistía solo es una promesa que no llega al otro lado del muro.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país