Texcaltitlán: cuando un Estado pierde el control territorial

El poder institucional puede presumir de que controla el presupuesto de este país, pero no puede reivindicar algo tan básico como tener el control del territorio. Esta es una de las realidades más amargas de la actualidad mexicana. Las instituciones están allí, sí, solo que llegan hasta donde llegan y nada más. Y eso excluye vastas áreas geográficas en las que imperan otros poderes, es decir, el crimen organizado. Los alcances de los grupos de delincuentes son asombrosos y no se limitan al tráfico de sustancias ilegales. También abarcan la extorsión, el cobro de “derecho de piso” urbano (al comercio) y rural (a comunidades), el tráfico de personas, la “ordeña” de la delincuencia “común”, el apropiamiento de negocios legítimos, etcétera.

Un ejemplo del hartazgo de la población contra este tipo de situaciones reiteradas son los hechos ocurridos en Texcaltitlán, Estado de México, en los que un enfrentamiento entre pobladores y presuntos integrantes de la Familia Michoacana dio como resultado catorce muertos, entre ellos un supuesto líder del grupo delincuencial, de nombre Rigoberto de la Sancha Santillán, apodado como el “Payaso”.

La gente de la Familia Michoacana, según las versiones de prensa, llegó al pueblo a pedir “el piso” de la más reciente cosecha. Pero fueron atacados por una nutrida multitud de pobladores, mujeres y hombres unidos. Once de los presuntos criminales murieron, igual que tres de los habitantes de Texcaltitlán.

Esta no es una historia aislada. A la extorsión, tristemente habitual en amplias zonas del país, en sus cuatro puntos cardinales, se han ido sumando, cada vez con mayor frecuencia, levantamientos de civiles cansados de la inacción de las autoridades y del control casi absoluto que ejercen las bandas. Esto significa un doble fracaso de las instituciones y una muestra del naufragio del Estado de Derecho: primero, porque las autoridades no son capaces de garantizar la seguridad plena, el derecho a la vida y a la propiedad de la gente; segundo, porque tampoco son capaces de actuar para que no se produzcan linchamientos, sino que se limitan a lamentarlos.

El aumento de las acciones violentas, en las que los ciudadanos toman en sus propias manos la defensa de sus patrimonios y vidas, al margen de las corporaciones policiales y los cuerpos de seguridad del Estado, no deja de crecer. Según cifras manejadas por investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana y publicadas en junio pasado, entre 2016 y 2022 se produjeron 1,423 linchamientos en el país, más otros 196 que no llegaron a consumarse. El altiplano mexicano, es decir, los estados de México (en donde está Texcaltitlán), Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, con la adición de Oaxaca, en el sur, concentraron el 75 por ciento de los casos.

El tema del control territorial está completamente fuera de la agenda para las elecciones federales de 2024 y, sin embargo, será uno de los mayores dolores de cabeza para quien sea que herede el poder de la actual administración. Porque es un problema complejo en extremo y está en el corazón de la inseguridad y la ola de violencia bajo cuyo pie vive el país hace años.

La transformación de la Policía Federal en Guardia Nacional, que se realizó en 2019, no ha significado mucho más que un cambio de membrete y de control político (dentro de un escenario mayor de militarización en el país), pero no ha resuelto ninguno de los problemas de fondo. Tampoco lo ha hecho el aumento de la presencia militar en la vida pública mexicana.

El gobierno que surja de los comicios de 2024 tendrá que adoptar medidas mucho más eficaces y enfocadas que esas si quiere recobrar el control efectivo del territorio y evitar más episodios de desborde y violencia civil como el de Texcaltitlán. La duda real es si querrá y podrá hacerlo

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