La masacre de Guanajuato entra en campaña: la oposición se lanza contra la política de Seguridad del Gobierno

Un comando armado irrumpió el fin de semana pasado en una posada navideña en una exhacienda de Salvatierra (Guanajuato) y abrió fuego contra los asistentes. Once personas fueron asesinadas en la masacre y 11 más resultaron heridas. Una fotografía de los jóvenes antes del ataque quedó como testimonio de la crisis de violencia que azota a la entidad y que no deja a nadie a salvo. Después de que se diera a conocer la tragedia, vino el enésimo desfile de condolencias por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de Morena, y el gobernador Diego Sinhué y el alcalde Germán Cervantes, del Partido Acción Nacional (PAN). A 48 horas de lo sucedido, las promesas habituales de llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias se han encontrado con el enésimo intercambio de reproches al calor de las elecciones de 2024, en las que están en liza los cargos de todos los involucrados. El oficialismo reclama el fracaso de 32 años de autoridades panistas. La oposición cuestiona el naufragio de la política de seguridad federal conocida como “abrazos, no balazos”. Y ensaya con este episodio como capitalizar políticamente la ola de violencia que no cesa. Mientras el luto invade Guanajuato, la tragedia entra de lleno en la campaña.

López Obrador encendió la polémica al vincular la matanza con el consumo de drogas, al asegurar que es una de las regiones con más consumo del país. La respuesta del presidente vino después de abrir su conferencia de prensa diaria con el primer viaje del Tren Maya, uno de los proyectos insignia de su Gobierno, y de quejarse de la cobertura mediática que recibió la inauguración. Su posicionamiento se dio también en un momento álgido y marcado por las críticas a la militarización de las tareas de seguridad, un modelo del que prometió distanciarse, pero no lo hizo.

Pese a las diferencias de signo ideológico y partidista, las tres últimas Administraciones federales ―la de Felipe Calderón (PAN, 2006-2012), Enrique Peña Nieto (PRI, 2012-2018) y la actual― han dado preponderancia a las Fuerzas Armadas en la llamada guerra contra el narco. Las tres han optado por el estigma y los lugares comunes para no profundizar en las críticas a sus estrategias de seguridad ni sobre el fracaso del Estado. El fin de semana pasado hubo más de 170 muertes violentas en México, más de 30 solo en Guanajuato, apuntó la académica Catalina Pérez Correa. Antes de Salvatierra, en Salamanca mataron a otras cuatro personas en una barbería, tres más resultaron lastimadas.

“Es urgente cambiar la política de seguridad del Gobierno federal. Esta barbarie no puede continuar”, afirmó Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial de la alianza opositora que encabezan el PRI y el PAN. La aspirante dejó para después decir cuál era su propuesta. También dejó para otro momento las críticas para el Gobierno estatal. “¿No puedes hacer una autocrítica porque es del PAN? ¿No puedes señalar, como lo denuncian miles de víctimas, el comportamiento y vínculos criminales del fiscal de Guanajuato?”, reviró Citlalli Hernández, la secretaria general de Morena.

Los reflectores están puestos sobre el fiscal Carlos Zamarripa, que ha amasado un poder sin precedentes en 14 años de gestión y que aún tiene cinco años más por cumplir en un Estado donde solo dos de cada 100 casos se resuelven y donde ocho de cada diez habitantes se sienten inseguros, según datos oficiales. “Tiene una fuerza política descomunal, tiene muchísima protección, es como si el fuese el gobernador, apoyado por grupos con mucha influencia, pero no es posible”, dijo López Obrador tras pedir que fuera removido de su puesto. El presidente también dejó para después la autocrítica: nada dijo sobre la cruzada contra el huachicol en el Bajío que lanzó apenas inició su Gobierno, el afán de debilitar al Cartel de Santa Rosa de Lima, la lucha por el territorio encabezada por el Cartel Jalisco Nueva Generación que aterroriza a la población.

En lo que va de año ha habido 2.400 homicidios dolosos en la entidad, según los últimos datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sólo en Baja California se han cometido más. “La soberbia de autoridades estatales que demuestran su incapacidad tiene a nuestro estado hundido en la incertidumbre de contar o no con la seguridad que necesitamos”, dijo Malú Mícher, senadora de Morena por Guanajuato, al sumarse a la exigencia de destituir al fiscal. “Urge una estrategia que permita recuperar la paz en todo el país”, dijo, por su parte, la legisladora panista Alejandra Reynoso. “No hay coordinación en seguridad”, dijo Claudia Sheinbaum, la abanderada presidencial del partido de López Obrador a finales de noviembre. No se pronunció sobre Salvatierra en sus redes sociales.

La crisis de seguridad se perfiló como un tema clave en los próximos comicios. Desde que Morena inauguró el mes pasado la carrera por la gubernatura achacó a las Administraciones panistas convertirlo en el “Estado más peligroso de México”. Alma Alcaraz, la abanderada morenista en la entidad, se hizo eco de la misma consigna tras la tragedia en Salvatierra y dijo que es “lo que vivimos a diario en Guanajuato”. Libia García Muñoz Ledo, la aspirante llamada a conservar el bastión del PAN, prometió un viraje en la política de seguridad. “Lo que les puedo decir por el momento es que estamos trabajando en una nueva estrategia con gente experta, pero en el marco de la campaña aún no podemos hacer propuesta”, dijo. Las dudas sobre la seguridad de los políticos en campaña también planean sobre la elección de junio próximo.

El presidente municipal reconoció que los tres órdenes de Gobierno tienen una responsabilidad y dijo que estaba asumiendo la suya. También reviró a López Obrador, criticado por revictimizar a los jóvenes que fallecieron. “Conocía a muchos, eran jóvenes buenos, no eran criminales”, sostuvo Cervantes. También reiteró su confianza en las autoridades estatales para dar con los responsables. “En ambos casos se han asignado células de trabajo multidisciplinarias especialidad en homicidios, quienes trabajarán de manera inmediata y permanente hasta en tanto se logre el esclarecimiento y detención de los responsables”, señaló la Fiscalía estatal sobre los ataques en Salvatierra y Salamanca. Detrás del ruido electoral, mientras todos levantan la mano para llegar al poder pero casi nadie da un paso al frente para asumir su responsabilidad, mientras se politiza la tragedia, los guanajuatenses buscan respuestas a una espiral de violencia que parece interminable. Y tendrán que acudir a las urnas en seis meses.

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