López Obrador afirma que la ley antimigrante de Texas es “draconiana” y contraria a los derechos humanos

La nueva ley antimigrante de Texas sigue haciendo olas en México. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha condenado la legislación impulsada por el gobernador Greg Abbott, que permite a policías estatales detener y expulsar a cualquier persona sospechosa de haber entrado de forma irregular a suelo texano y contempla penas de hasta 20 años de prisión contra los migrantes reincidentes. “Estamos en contra de esta ley draconiana, completamente opuesta y contraria a los derechos humanos”, afirmó el mandatario en su conferencia mañanera de este miércoles. El Gobierno mexicano adelantó que no aceptará las deportaciones exprés a su territorio e instó a sus ciudadanos a buscar protección consular. La norma, conocida como SB4, está en el centro de una batalla judicial y su entrada en vigor fue frenada de momento por una corte de apelaciones a última hora de este martes. El tema ha entrado de lleno a las campañas, con reacciones de los tres candidatos a la presidencia de México.

La ley SB4 ha provocado un nuevo choque entre López Obrador y Abbott, que ha promovido medidas de mano dura contra la inmigración, como la instalación de boyas, cuchillas y dispositivos de hundimiento en el río Bravo, en la frontera entre Estados Unidos y México. El gobernador texano, por su parte, libra desde hace meses su propia pelea con la Administración de Joe Biden, que lo acusa de adoptar disposiciones que chocan con las leyes federales para regular la inmigración. El presidente mexicano no se guardó nada para criticar los intentos de criminalizar a los migrantes, al señalar que la ley es “anticristiana” y “violatoria de la Biblia”. El mandatario denunció un doble discurso del Gobierno texano, de corte conservador. “Se les olvida que en la Biblia se habla de tratar bien al forastero y desde luego del amor al prójimo, son autoridades muy hipócritas”, dijo.

El recorrido de la ley ha estado lleno de recovecos. La medida entró en vigor el martes durante poco más de ocho horas, antes de que una corte de apelaciones pusiera en pausa su aplicación, revirtiendo un fallo anterior del mismo tribunal. El estatus legal de la norma ha cambiado en cuestión de horas. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, ha reconocido que los desarrollos judiciales han sido “muy contradictorios”. “Aconsejamos a las personas mexicanas en Texas acercarse a los 11 consulados mexicanos y conocer sus derechos ante actos antiinmigrantes, discriminatorios o de corte racial”, señaló en sus redes sociales.

México tiene la red consular más grande en otro país del mundo, una herramienta de la que ha echado mano cuando han aflorado discursos antimexicanos a propósito de las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre próximo. Bárcena había calificado la ley SB4 como “xenofóbica” y dijo que se vive un “momento crítico”, después de que el Supremo de Estados Unidos diera luz verde a su aplicación esta semana. La canciller mexicana dijo que el antídoto para la retórica antimigrante era insistir en la estrategia de movilidad humana que impulsan los Gobiernos de Biden y López Obrador. La norma ha provocado temor e incertidumbre entre las personas en tránsito y que se agolpan en la franja fronteriza. Texas y México comparten una frontera de más de 2.000 kilómetros, desde el golfo de México hasta Ciudad Juárez.

La ley ha entrado de lleno a la campaña presidencial en México, que irá a las urnas en junio próximo. “Siempre levantaremos nuestra voz en defensa de las y los mexicanos del otro lado de la frontera, que en buena parte sostienen la economía de Texas”, dijo Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena. “El Gobierno de México debe actuar con firmeza en defensa de nuestros compatriotas y exigir, con acciones contundentes, la anulación de esta ley”, declaró la aspirante opositora Xóchitl Gálvez. “México necesita un cambio de fondo en su relación bilateral con Estados Unidos”, comentó Jorge Álvarez Máynez, abanderado de Movimiento Ciudadano, aunque criticó los planteamientos de sus rivales al asegurar que responden a “prisas electoreras”. “Es el mayor retroceso en materia de derechos humanos en los Estados Unidos en lo que va del siglo”, agregó Marcelo Ebrard, excanciller e integrante de la campaña de Sheinbaum.

La ley también provocó reacciones en el Senado mexicano. La presidenta de la Cámara alta, Ana Lilia Rivera, celebró la suspensión temporal de la ley y dijo que la norma “criminaliza y discrimina a los migrantes de las diferentes nacionalidades que ingresan al vecino país en busca de mejores niveles de vida”. La senadora de Morena, el partido gobernante, agregó que el Senado “rechaza leyes que lejos de solucionar un problema que se debe resolver de manera conjunta, violentan los derechos humanos de los migrantes”.

El marco legal choca con el panorama poblacional del Estado fronterizo. Hay cerca de 10 millones de hispanos en Texas ―la mayoría de origen mexicano―, el 40% de la población y el grupo demográfico más grande de la entidad. La ley, sin embargo, expone a detenciones y deportaciones a personas que han vivido durante años en territorio texano si no pueden acreditar su condición migratoria. El futuro de la SB4 y su entrada en vigor se mantiene en el limbo, mientras la inmigración se consolida como un factor decisivo en la contienda por la presidencia de Estados Unidos.

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