López Obrador promete impugnar la liberación de los ocho militares investigados por el ‘caso Ayotzinapa’

El caso Ayotzinapa no deja de resonar en los pasillos de Palacio Nacional dos semanas antes de las elecciones presidenciales que decidirán el futuro del país y casi 10 años después del secuestro de los 43 estudiantes a manos de la policía y el grupo criminal Guerreros Unidos. En dos acciones encadenadas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha tildado este martes de “acciones de provocación” para calentar la campaña electoral los disturbios de los normalistas, los compañeros de los jóvenes desaparecidos, que el lunes arrojaron artefactos explosivos caseros contra la fachada de la residencia del dirigente, sede del Poder Ejecutivo, e hirieron levemente a 26 policías. El mandatario también ha asegurado que impugnará la concesión de libertad provisional a ocho militares investigados por su implicación en el crimen, uno de los elementos de tensión que provocó el ataque de los normalistas.

Los jóvenes pretendían usar los cohetes como herramienta de presión para que López Obrador se reúna con ellos y desbloquear la investigación por el caso Ayotzinapa, paralizada y sin visos de ningún tipo de avance ante la negativa del Ejército a entregar documentos de inteligencia claves, respaldado por el mandatario. El presidente ya anunció que recibirá a las familias de los 43 el 3 de junio, el día después de las elecciones, una propuesta que no ha aplacado a sus interlocutores.

“Vinieron un grupo de estudiantes, maestros y quienes posiblemente no son ni maestros ni estudiantes a tirar bombas aquí al Palacio y se fueron. También en el afán de provocar, para ver si nosotros reprimimos y entonces tienen elementos para acusarnos de represores. Todo esto en vísperas de las elecciones”, ha sostenido el presidente. “Es un grupo de Ayotzinapa: maestros, otros dirigentes. Nada más vinieron en tres camiones, tiraron las bombas y se retiraron. Yo quiero aquí agradecerle mucho a los policías, mujeres y hombres, que resultaron heridos. Afortunadamente con heridas leves, no graves”, ha añadido.

Los ánimos de los estudiantes estaban caldeados porque el jueves de la semana pasada, la jueza Raquel Duarte Cedillo concedió la libertad provisional a ocho militares implicados en el secuestro, acusados de desaparición forzada y delincuencia organizada por una presunta colaboración con Guerreros Unidos. A pesar de un elevado riesgo de fuga, según Reforma, la magistrada les concedió seguir su proceso en libertad, a cambio de una fianza, presentarse en el juzgado dos veces al mes y otras medidas cautelares. Para López Obrador, la decisión judicial también está vinculada con las elecciones: “El Poder Judicial ya tomó partido, está a favor del bloque conservador. Nosotros vamos a impugnar esa decisión como lo hicimos en el caso del procurador [Jesús Murillo Karam, implicado en el caso], pero hay una actitud del Poder Judicial tendenciosa”.

La decisión judicial fue una nueva chispa que inflamó de nuevo el conflicto, especialmente crudo durante el inicio de este año: disturbios en la Fiscalía de Guerrero; la sede del Poder Ejecutivo del Estado en llamas; una puerta del Palacio Nacional derribada por los estudiantes; el asesinato de un normalista a manos de un policía que logró fugarse con la colaboración de las autoridades para ser atrapado semanas después; renuncias de funcionarios de alto nivel en Guerrero o la destitución de la fiscal estatal contra de su voluntad.

Los ocho soldados forman parte de una veintena de militares que ordenó detener el juez a petición de la UEILCA, la unidad especial de la Fiscalía General de la República para el caso Ayotzinapa, en agosto de 2022. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, tumbó la mayoría de arrestos, entre ellos los de estos ocho soldados. En 2023, las órdenes de aprehensión fueron reactivadas por el fiscal encargado del caso, Rosendo Gómez Piedra, sustituto de Omar Gómez Trejo, que abandonó México y se refugió en Estados Unidos al considerar que las autoridades estaban “dinamitando” la investigación.

El caso se enmarañó y se volvió munición en la batalla entre el Ejecutivo y el Judicial. Los militares fueron liberados ya a principios de año, pero un juzgado federal volvió a emitir órdenes de arresto contra ellos ante el calor mediático que se levantó, repetido ahora. La Secretaría de Gobernación publicó entonces un incendiario comunicado en el que acusaba a los jueces de “valerse de pretextos procedimentales” para dejar de lado “los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición”: “Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se han dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”.

Los ocho militares, sin embargo, son parte de una de las tramas de menor peso de una gruesa investigación sobre el paradero de los 43. La mayoría ostentaban el rango de soldados cuando sucedió el ataque de los estudiantes. Todos formaron parte de un convoy de la Sedena que patrulló por Iguala, la ciudad donde fueron secuestrados los normalistas, durante y después de la embestida. La FGR presume que su presencia en el convoy respondía a su cercanía del grupo criminal que con el tiempo se convirtió en el principal sospechoso, Guerreros Unidos.

En la raíz del problema se encuentran una serie de documentos de inteligencia militar que contienen información necesaria para que la investigación avance, de acuerdo con los parientes de los 43. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) niega su existencia, respaldada por López Obrador. El grupo independiente de expertos (GIEI) que investigó por años el crimen (y abandonó México en julio, frustrado ante la negativa de las autoridades a colaborar) y el exsubsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, entre otras figuras de peso, han asegurado que los archivos existen y se encuentran en poder del Ejército. El presidente se niega a pronunciarse al respecto y, en su lugar, se enzarza cada vez que la ocasión lo requiere contra el Poder Judicial por la trama de los ocho soldados. También contra los normalistas y los abogados de los padres y madres de los 43, a los que acusa de manipular a los familiares en su contra.

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