El asesinato anunciado del padre Marcelo Pérez en Chiapas

El asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas golpeó a México el domingo, uno de esos ataques que, además de acabar con la vida de alguien, arremete con la fuerza de un tsunami contra la sociedad. Pérez era un activista reconocido en la región de Los Altos, donde había nacido. Se involucraba en los conflictos de los pueblos y las comunidades. Siempre levantó la voz. La última vez fue en una marcha contra la violencia en septiembre. En una entrevista que dio entonces, dijo: “Chiapas es una bomba de tiempo. Si no se toman medidas, va a estar sometido, esclavizado, al crimen organizado”.

Es probable que Pérez, por su experiencia, se refiriera a lo que ocurre en Los Altos, pero en realidad era un diagnóstico que aplica al Estado entero. Frontera con Guatemala, Chiapas vive pendiente del empuje del crimen, fuerte como nunca en la región. En la Frontera Central y la Sierra Mariscal, grupos delincuenciales ligados a organizaciones criminales transnacionales –el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación– batallan sin descanso por el control de rutas y territorios, espacios francos para sus actividades, centradas en el tráfico de droga, armas y personas.

Y luego están los conflictos de la selva Lacandona, que enlazan con lo que ocurre en Los Altos. En ambas regiones, viejas peleas comunitarias han escalado a conflictos sangrantes –armas de gran poder mediante– que han dejado miles de desplazados, una experiencia de trauma a otros tantos y la idea general de que no hay forma de salir del horror, siempre latente, siempre ligado al crimen, de una u otra forma. Justo la semana pasada, el poblado zapatista 6 de octubre denunciaba el hostigamiento de pobladores de Nueva Palestina que, apoyados en un grupo criminal, quieren echarlos de sus tierras.

Es una constante la violencia en Chiapas, antaño anclada a los reclamos sociales –y a la represión de las autoridades contra estos reclamos– y ahora mezclada también con grupos criminales, que tratan de disfrazar sus objetivos en reclamos de pobladores, presentados como legítimos. “Urge el desarme, desmantelamiento y desarticulación inmediata de los grupos criminales que imperan en la entidad y sus redes aliadas nacionales e internacionales, interesadas en el despojo y el control territorial”, dice una carta pública de la Diócesis de San Cristóbal, divulgada este lunes.

Amenazado desde hacía al menos diez años, perseguido por las autoridades, el padre Marcelo Pérez, mediador por naturaleza, había bajado su perfil en los últimos tiempos. Vivía en San Cristóbal de Las Casas desde hacía un par de años, donde dirigía una de las parroquias más importantes de la ciudad. Atrás quedaban los tiempos en Simojovel, en la misma región de Los Altos, donde había recibido amenazas durante años. Atrás quedaban también sus andanzas en Pantelhó, donde había tratado de mediar en el conflicto local por el territorio. O al menos eso parecía, que había dejado atrás los años de mayor exposición. Su traslado a la vieja Ciudad Real hacía pensar en un reposo, al menos temporal.

Pero entonces le alcanzaron las balas. De dónde vinieron, a qué enfado, molestia o afrenta respondían, son cuestiones que se ignoran. Por debajo de la mesa, Pérez seguía involucrado en asuntos de Simojovel y Pantelhó, pero ahora también en asuntos de San Cristóbal. Las amenazas de Simojovel, donde pasó 10 años, eran las más antiguas, y respondían a su pelea contra caciques locales. Por ellas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó al Estado mexicano que protegiera al sacerdote y su equipo. Pero la protección se complicaba, porque el religioso desconfiaba de los mismos agentes que debían cuidarle.

En 2021, la vida se le complicó aún más al padre Marcelo. El conflicto en Pantelhó escaló con la aparición de un nuevo grupo autodefensa, El Machete, cuyo objetivo era supuestamente defenderse de los grupos criminales que proliferaban en la zona, ruta de paso de las organizaciones delincuenciales. Producto de las primeras escaramuzas entre unos y otros, 19 personas presuntamente vinculadas al crimen desaparecieron. Familiares de estas personas y demás actores políticos y económicos de la región apuntaron al padre Marcelo. Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la Fiscalía, que había obtenido una orden de captura en su contra, se vendía a los intereses del crimen regional.

Nunca lo detuvieron. Pero la Iglesia lo movió de Simojovel a San Cristóbal, donde debía estar más seguro. Ciudad turística, base de decenas de organizaciones no gubernamentales que han trabajado con comunidades de la región desde hace décadas, Pérez entraba al refrigerador. Debía esperar allí a que las cosas se calmaran. Bajó la voz. El domingo temprano, dio su última misa en la iglesia de Cuxtitali, no muy lejos de la suya. Pasadas las 7.30 dejó el templo, subió a su camioneta y emprendió el camino de vuelta a su parroquia. Pero apenas salía cuando unos sicarios lo alcanzaron.