Menos concesiones, más infraestructura y el foco en el norte: el plan del Gobierno mexicano para garantizar el agua

El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha presentado este jueves el Plan Nacional Hídrico, su estrategia para garantizar el agua en un país cada vez más seco. México llegó este mayo a un punto crítico: el 90% del territorio estaba afectado por la sequía y un 40% lo estaba en un grado extremo. Lo salvó la temporada de lluvias, pero en un Estado arrasado por los incendios y con el 70% de sus ríos contaminados, el agua se ha convertido en un bien codiciado y estratégico. Protegerlo es el objetivo de la nueva Administración, que ha anunciado una revisión de las concesiones de agua, centrada “en evitar el acaparamiento y sobrexplotación”, y un despliegue de infraestructura, especialmente en el norte.

En México, el 76% del agua es para uso agrícola, el 15% para uso público-urbano, y el 9% para la industria. Con estos datos en la mano, el Gobierno ha anunciado que el Plan Nacional Hídrico va a tener cuatro ejes: la política hídrica y la soberanía nacional; la justicia y el acceso al agua; la mitigación y adaptación al cambio climático, y la gestión integral y transparente. La Comisión Nacional del Agua (Conagua), que depende de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), va a ser la coordinadora de la nueva estrategia. Y los primeros problemas nacen en casa.

En el reparto actual de la Conagua, el 7% de los usuarios acapara el 70% de las concesiones. Los investigadores de la Agenda Socioambiental 2024, un diagnóstico de 35 expertos ambientales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), encontraron que la dependencia permitía tratos favorables a grandes corporaciones e inmobiliarias en detrimento de las comunidades, que los primeros pagan 33 veces menos por el uso del agua, o que se priorizaba el suministro a campos de golf por encima de viviendas humildes. La Conagua, que tiene en sus manos el agua del país desde 1989, era definida como “una institución opaca, dirigida por feudos conectados con grupos de interés, que ponen en riesgo la viabilidad hídrica del país”.

Los problemas no son nuevos. Los desequilibrios estallaron desde que en 1992, Carlos Salinas de Gortari promulgó la Ley de Aguas Nacionales, diseñada para mercantilizar los bienes hídricos del país, de cara al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Si en 75 años en México se habían concedido 2.600 concesiones de agua, en la siguiente década, hasta 2003, se otorgaron más de 360.000. Ya entonces un centenar de cuencas y acuíferos quedaron sobrexplotados. Las desigualdades no se han resuelto en estas dos décadas. “Los intentos del presidente López Obrador de limpiar la corrupción de la Conagua fueron infructuosos”, señalan los investigadores de la Agenda.

Ahora con Sheinbaum se abre otra oportunidad. Como ya adelantó la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, en entrevista con EL PAÍS, una de las prioridades de la presidenta es revisar estos permisos. En la conferencia mañanera, el titular de la Conagua, Efraín Morales, ha afirmado que el objetivo del nuevo plan hídrico es “ordenar las concesiones, revisar su uso y aprovechamiento e identificar las que no se ocupan, para reincorporar esos volúmenes de agua a la disponibilidad nacional”.

Para tener más control, se va a crear el Registro Nacional de Agua para el Bienestar, “con el fin de concentrar toda la información en una base de datos única que permitirá una gestión más eficiente, con total transparencia y, sobre todo, cero corrupción. Además, Morales ha anunciado que se va a implementar un programa de inspección en todo el país, en el que se revisarán las irregularidades denunciadas por los ciudadanos. Hasta ahora, según reflejó el grupo de expertos de la UNAM, la Conagua contaba con unos 100 inspectores para cubrir más de 514.000 concesiones en todo el país: “Y cuando llega a aplicar una sanción, el contaminador se ampara y el área jurídica de Conagua no litiga el caso”.

En paralelo a la revisión, el titular de la Conagua ha adelantado que se va a reformar la Ley de Aguas Nacionales, “en lo referente a transmisiones, cambios de uso y cuotas de garantía, con el fin de terminar con el mercado alterno del agua que se generó durante el periodo neoliberal”. También, ha afirmado, se promoverá la expedición de la nueva Ley General de Aguas, “con el fin de defender el agua que le pertenece al pueblo”.

Las presas y la sequía

La mitad de México está ya afectada por la sequía. Incluso ahora, después de la temporada de lluvias, un 15% del país la sufre en un nivel extremo, según la Conagua. El norte es la zona más golpeada y es ahí donde se va a apostar por las grandes infraestructuras. “Para incrementar la dotación de agua potable en las zonas de mayor estrés hídrico, se impulsarán proyectos estratégicos y obras de protección para la población”, ha dicho Efraín Morales. La lista incluye la presa El Novillo, en La Paz (Baja California Sur); la desaladora de Rosarito (Baja California); un sistema de tres presas para Hermosillo (Sonora); la presa El Tunal II, (Durango); la presa Milpillas (Zacatecas); un acueducto en Ciudad Victoria (Tamaulipas); la presa Las Escobas, para la ciudad de San Luis Potosí, y redes troncales para complementar el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, entre Coahuila y Durango.

Además, se contemplan los acueductos Solís-León para Guanajuato, Zacualpan II (Colima), La Cangrejera-Coatzacoalcos (Veracruz), la presa Paso Ancho (Oaxaca) y el acuaférico de Campeche. El llamado Plan Maestro, que está compuesto de un total de 16 proyectos estratégicos, incluye también obras de protección contra inundaciones para Tabasco, un Plan Integral para Acapulco, en Guerrero, que ha sido impactado por dos brutales huracanes en menos de un año, y un gran plan integral para abastecer de agua a la Zona Metropolitana del Valle de México.

Además, tal y como fue anunciado por Sheinbaum durante su toma de posesión en el Zócalo, su Gobierno se ha impuesto como reto el saneamiento de tres grandes cuencas de río: el Lerma-Santiago, que atraviesa Guadalajara; el Atoyac, que cruza Tlaxcala y Puebla; y el Tula, en Hidalgo. Un objetivo clave, según explicó la secretaria de Medio Ambiente a este periódico: “Si logramos avanzar en esas tres cuencas, el país va a cambiar, porque vamos a demostrar que es posible hacerlo, que el medio ambiente sí tiene capacidad de ser restaurado”.