“El juez de la 4T”: los alias propuestos por los candidatos a jueces evidencian la parcialidad y politización del proceso

La premura para decidir y organizar la reforma judicial que establece la elección popular de jueces en México está dejando a la vista las múltiples fallas de un proceso acelerado. El último asunto sobre el que ha tenido que decidir el INE, los sobrenombres que los candidatos querían incluir en las boletas, ha ocasionado ciertas críticas sobre una posible frivolización de la justicia y un acercamiento indebido a los partidos políticos para sacar rendimiento en las votaciones. Los apodos, que están autorizados y regulados para las elecciones legislativas desde principios del los noventa, no han sido aceptados en esta ocasión por el INE, con argumentos de forma y de fondo. El presidente López Obrador, quien tejió esta reforma, pretendía que los jueces se quitaran la careta. A juzgar por los sobrenombres elegidos, le han hecho caso: “El juez de AMLO” o el “Juez de la 4T” son algunos de ellos.

La negativa en bloque al uso de los sobrenombres, en lugar de entrar a discutir cuáles son válidos y cuáles no, parece responder más a la falta de tiempo en un proceso que avanza rápido y con obstáculos imprevistos que a la discusión sobre si procede o no el uso de esta práctica. En todo caso, los alias elegidos por algunos candidatos rompen con las reglas que ha ido dictando la jurisprudencia para su uso en las elecciones legislativas. “El Juez de AMLO”, el “Juez de la 4T” o el “Juez del Pueblo” no parecen apodos conocidos, sino burdos oportunismos. “No pueden ser propaganda, ni confundir al elector, tampoco vulnerar los principios que rigen la elección y seguir cauces sensatos y razonables”, resume Josafat Cortez, profesor de la UNAM experto en asuntos jurídicos.

“Los candidatos está buscando acercarse al partido con más capacidad de movilización y de mayor aceptación pública”, sostiene Cortez, que en este caso sería Morena, el partido en el poder. Y lo hacen, dice el profesor, entre otras razones, porque hay un problema de origen “en el diseño de esta reforma judicial” que impide a los aspirantes hacer campaña, de modo que tratan de que la gente los ubique mandando señales con el sobrenombre. “Quieren hacerse notar”. Pero en ese intento, el experto señala dos efectos perversos: por un lado, la falta de recursos y la imposibilidad de hacer campaña puede abocar a una financiación espuria por parte de grupos de distintos intereses, no solo políticos también empresariales o religiosos, o mafiosos. Por otro, el proceso se desliza hacia “una trivialización de la actividad jurisdiccional”.

El solemne acto de juzgar deviene así en una frivolidad cuando los apodos que eligen los candidatos más parecen alias de la lucha libre que sobrenombres legítimos. Javier Santiago Castillo recuerda perfectamente la primera vez que se discutió en México el asunto de los sobrenombres en las listas electorales, porque él estaba allí, era consejero del entonces Instituto Federal Electoral por el distrito 36 de la capital, cuando, en 1991, se presentaba para diputado el Tibio Muñoz, un laureado nadador mexicano al que todo el mundo conocía por el apodo. Y la norma se adecuó al caso en concreto y luego harían uso de ella otras figuras conocidas por el sobrenombre, como la Tigresa, una cantante cuyo nombre era Irma Serrano. La jurisprudencia posterior se encargó de ir reglamentando este uso, que solo es posible, dice Santiago Castillo, cuando tiene larga tradición en el tiempo y en el conocimiento popular. El juez de la 4T no parece el caso. Y tampoco “La ministra del pueblo”, el alias elegido por la ministra de la Suprema Corte Lenia Batres. En ámbitos periodísticos y políticos se dio a conocer así, pero es difícil pensar que alguien sepa identificarla por eso lejos de esos círculos. “Utilizar la figura del presidente, por ejemplo, no es más que oportunismo y frivolidad”, critica Santiago Castillo. “Y no tiene sustrato legal”.

Por otro lado, condena también la imagen que puede dar un servidor público, en especial uno que haya de impartir justicia con imparcialidad si su apodo remite a un partido político o a un presidente. Sería como hacerse llamar el juez antiabortista, por ejemplo. “En el ámbito privado todo el mundo puede tener su ideología, pero los servidores públicos, todos, deben tener una conducta imparcial”, añade Santiago Castillo, también exconsejero del INE e investigador en materia electoral por la Universidad Autónoma de Metropolitana (UAM) en Iztapalapa.

“El INE ha tomado argumentos distintos para negar los sobrenombres”, explica el experto en temas electorales Luis Miguel Carriedo-Baños. “Y ha usado la falta de tiempo, porque ya estaban a punto de imprimir las boletas”, pero también que esos sobrenombres deberían haber venido ya desde su registro en el Senado. En este último caso, las reglas están claras en los procesos legislativos, pero en el caso de las primeras elecciones judiciales de México, hay registros distintos. De modo que, si hubiera ahora impugnaciones, la jurisprudencia iría definiendo este proceso en concreto. No parece que vaya a ser en esta ocasión, aunque el partido está a la mitad, si alguien impugna, el Tribunal Electoral tendría que pronunciarse. Y a toda velocidad. Hay cuatro días para recurrir la decisión del Instituto. “En efecto”, señala Carriedo-Baños, “el debate es añejo, pero también está abierto y vivo en este momento”. En todo caso, opina que muchos de los sobrenombres que se han difundido correspondían más a lemas que a apodos “razonables para identificar al candidato”.

Josafat Cortez aventura todavía un proceso complicado con “un cúmulo de candidatos movilizándose en redes sociales y por otras vías. Con necesidad de apoyos para su promoción. “En las próximas semanas veremos campañas ya focalizadas y la pregunta será de dónde vienen los recursos. El modelo abre la puerta a grupos de presión”, asegura Cortez. Esos problemas dejarían el asunto de los sobrenombres en un simple chiste.